Por: J. Alexander Africano M.
En la actualidad se viene hablando del Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV, el cual tiene como finalidad articular y poner en práctica medidas tendientes a minimizar los riesgos de las personas defensoras de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo de Paz y en general llevar a los territorios toda la institucionalidad nacional, estatal y gubernamental para que actúen frente a las situaciones de violencia y riesgo, facilitando su articulación, dejando capacidad instalada y fortaleciendo a las autoridades locales.
Los puestos de mando unificados – PMU, han existido desde tiempos atrás y su objeto tiene que ver con propender por todas las coordinaciones inter e institucionales sobre algún evento que revista la atención por parte de las entidades del estado; en ese orden ha habido puestos de mando sobre: emergencias y desastres, jornadas democráticas de elecciones, confinamiento de comunidades y la más reciente sobre la protesta social pacífica, entre otras. Lo cierto es que el solo término podría hacer alusión a un asunto meramente “castrense” y tiene razón en virtud de que la fuerza pública los ha venido realizando internamente previo, durante y posterior a un evento de gran connotación.
Sobre los puestos de mando unificado, vale decir que en el año 2021 y conforme al fundamento Jurídico, se emitió el Decreto No. 003 del 05 de enero de 2021 “Por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”. Tiene aspectos de activación es decir previo a la realización de la manifestación pública y pacífica y les corresponde a instancias de los departamentos, distritos o municipios y su finalidad está considerada como una instancia de coordinación interinstitucional.
A partir del 03 de septiembre de 2022, el concepto de PMU recobró su valor operativo, por cuanto es para los municipios en donde hay conflicto y se debe impartir la instrucción de volver al alcalde ‘mando’ de las fuerzas que se encuentran en el territorio con fines humanitarios; con todo eso el PMU (puesto de mando unificado) será para salvar vidas, para defender los derechos humanos del territorio, de ahí que se hayan denominado Puestos de Mando Unificados por la Vida – PMUV; y lo define como una acción humanitaria, no militar, y será responsabilidad del alcalde con todos los riesgos que ello lleva y con el liderazgo también de los gobernadores en todo el territorio nacional.
Lo cierto es que para Putumayo se instaló el PMUV el pasado 14 de septiembre de 2022 en el municipio de Puerto Asís y dentro de los invitados permanentes y como actores importantes se debe garantizar la participación de mínimo dos delegados/as de organizaciones que integran las mesas territoriales de garantías – MTG, incluso de la Subcomisión de garantías y derechos humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; un delegado/a de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, defensoras (as) de derechos Humanos, de mujeres, sociales y comunitarias con presencia en el territorio, y un/a delegada de población LGTBI. Incluso, podrá haber delegados de las guardias indígenas, cimarronas, campesinas o comunitarias. Dos delegados/as de las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Más allá de cualquier consideración, lo importante en los puestos de mando unificado por la vida – PMUV en Putumayo, se pueda:
- 1. Conocer los factores, situaciones de riesgo y casos concretos de personas líderes, defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de paz y organizaciones sociales en riesgo.
2. Identificar las situaciones y casos concretos de riesgo de personas líderes, defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de paz de los presentados anteriormente que se abordarán en cada sesión y que serán objeto de las medidas de prevención y protección por parte de las instituciones.
3. Definir las acciones de prevención y protección que sean necesarias para la mitigación del riesgo. Identificando la institución responsable, el plazo temporal para su adopción y el efecto que cada acción busca alcanzar.
4. Activar las rutas de prevención y protección y articular con la oferta institucional existente,
garantizando la materialización de los enfoques diferenciales pertinentes.
5. Impulsar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y recobrar la mesa territorial de garantías como espacio autónomo de la sociedad civil.
6. Implementar acciones o medidas de investigación por parte de la fiscalía, intervenciones de la procuraduría regional y otras que tengan que ver con entidades de control.
7. Entre otras.
Más allá de las de prevención y protección a implementar, las alcaldías y la gobernación están en mora de realizar actos de reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de prevención de la estigmatización como también a implementar estrategias de rechazo ciudadano a la utilización de armas y la promoción del desarme voluntario, éste último tan necesario para empezar a generar una cultura de sana convivencia y valores democráticos encaminadas a la consecución de la paz .
Vale manifestar finalmente, que los casos de homicidio en Putumayo con más prevalencia con cerca del 80% se presentan en zona rural, por tanto, es muy importante crear el Protocolo de Protección para Comunidades Rurales, así como la ruta de prevención y protección temprana, urgente y de garantías de no repetición, para evitar la materialización de los factores, eventos o situaciones de riesgo; y toda implementación de medidas materiales e inmateriales que se consagran en el decreto 660 de 2018.
“Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones” (Francisco de Asís)