Hay decisiones judiciales que, más allá del debate jurídico, producen un efecto político inmediato: certeza. Eso ocurrió en Putumayo con la sentencia de única instancia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (Bogotá, 29 de enero de 2026), que negó las demandas que buscaban anular la elección de Jhon Gabriel Molina Acosta y, en consecuencia, mantuvo en firme su mandato como gobernador del Putumayo para el periodo 2025–2027.
Lo que se debatía: dos líneas de presunta inhabilidad
Los demandantes solicitaron la nulidad del acto de elección con base en presuntas inhabilidades, principalmente por:
- Parentesco con Lucy Maritza Molina Acosta, funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, argumentando que habría ejercido autoridad administrativa con incidencia en Putumayo dentro del año previo a la elección.
- El supuesto ejercicio de autoridad por parte del gobernador electo por su condición previa de diputado y su renuncia en diciembre de 2024, dentro del período que consideraban relevante para la causal.
Por qué el Consejo de Estado negó la nulidad
En lo esencial, la Sala concluyó que no se probó la configuración de las inhabilidades bajo los estándares exigidos.
- Sobre el parentesco y el presunto ejercicio real de autoridad en Putumayo, el fallo indica que no se acreditó una “probabilidad real” de ejercicio de autoridad en el departamento y que, ante la falta de certeza probatoria, el análisis debía favorecer la decisión democrática (principios pro homine y pro electoratem).
- En la revisión probatoria, la providencia examina elementos de contexto y documentos allegados, y destaca que no existía constancia de ejecución contractual en Putumayo en los soportes analizados.
- Sobre el punto de la curul y la renuncia, el fallo aborda el alcance normativo de la causal y el marco constitucional y legal aplicable para valorar si se cumplían los supuestos exigidos.
La decisión
En la parte resolutiva, la Sección Quinta negó las pretensiones y dispuso el archivo del expediente una vez la providencia quedara en firme.
Lo que deja: estabilidad y certidumbre política
Con esta sentencia, Putumayo obtiene un mensaje claro: la elección queda jurídicamente blindada en esta instancia, y el debate se traslada del litigio a la gestión pública. La certidumbre institucional no resuelve por sí sola los desafíos del departamento, pero sí despeja el ruido jurídico y redefine las prioridades: gobernabilidad, ejecución y resultados en un territorio que necesita estabilidad para avanzar en seguridad, inversión social y desarrollo.