Por: *Alexander Africano
𝗡𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹: 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲ñ𝗮𝗹 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Al 14 de febrero de 2026, las pérdidas en el sector comercio del Putumayo 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒔 100 𝒎𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔, según un informe de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación. La cifra, por sí sola, ya es grave. Pero lo verdaderamente preocupante no es el número: es lo que representa.
Estamos hablando de una economía de frontera que cumple una función estratégica en la relación binacional, en 𝙚𝙡 𝙛𝙡𝙪𝙟𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙖𝙢𝙖𝙯ó𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙮 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡. Cuando un departamento como el Putumayo pierde más de 100 mil millones en semanas, no es un asunto municipal. Es un síntoma de fragilidad estructural.
Y las fragilidades en las fronteras, si no se atienden con inteligencia institucional, escalan.
𝗘𝗹 𝗰𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿ó 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗻á𝗺𝗶𝗰𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹
El cierre del Puente Internacional San Miguel el 24 de diciembre de 2025 no solo interrumpió el tránsito vehicular. Alteró el equilibrio económico y social de una zona donde la formalidad depende de la conectividad.
En 2024 se registraron 627 trámites formales de mercancías por este paso. En 2025, solo en tres trimestres, las importaciones generaron más de 3.590 millones de pesos en IVA y arancel. Es decir: había institucionalidad, control fiscal, comercio formal y recaudo.
Cuando se cierra un paso formal, el comercio no desaparece. Se transforma. Se desplaza. Se informaliza.
Y en territorios históricamente tensionados por economías ilícitas, cualquier desplazamiento hacia la informalidad no es neutro. Es un factor de riesgo.
𝐔𝐧 𝐭𝐞𝐣𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚
En los municipios directamente impactados como Valle del Guamuez, Orito, San Miguel y Puerto Asís existen 6.603 empresas registradas, el 51,39 % del total departamental. El comercio representa el 15,6 % del PIB del Putumayo, y la afectación directa equivale al 8,17 % del producto interno bruto.
No estamos ante una desaceleración pasajera. Estamos ante un choque económico con capacidad de erosionar la base productiva regional.
El 66 % de los comerciantes de San Miguel reporta pérdidas superiores al 50 % de sus ingresos. Eso significa quiebras inminentes, desempleo y deterioro del consumo local.
𝘊𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘢𝘦 𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭 𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢, 𝘦𝘭 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵𝘰 𝘯𝘰 𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘥𝘢 𝘦𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘭𝘪𝘣𝘳𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴. Se filtra en el empleo juvenil, en el ingreso familiar, en la seguridad comunitaria y en la confianza institucional.
𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐢𝐝𝐚, 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐝𝐨
Putumayo cuenta con 2.096 empresas turísticas en 2025, el 99 % microempresas. El 33,75 (554) de los prestadores turísticos se concentra en el corredor fronterizo.
En 2024 se registraron 18.936 movimientos transfronterizos de personas, de los cuales el 92,87 % fue turismo. Hoy las ventas han caído entre el 40 % y el 70 %.
Habitaciones vacías. Restaurantes sin clientes. Guías turísticos sin ingresos.
Pero el impacto no termina allí. En una reciente encuesta en San Miguel el 96,6 % de los encuestados afirma que el cierre limitó su movilidad el 74 % ha recurrido a pasos no habilitados. El 68,2 % reporta mayor riesgo personal y el 40,9 % reconoce exposición a economías ilegales.
Cuando la institucionalidad se reduce, el riesgo se amplía. Esa es una ecuación que en el Putumayo conocemos demasiado bien.
𝐄𝐥 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬
El transporte reporta una caída del 49 % en ingresos y del 70 % en despachos diarios. 𝙀𝙡 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙝𝙞𝙙𝙧𝙤𝙘𝙖𝙧𝙗𝙪𝙧𝙤𝙨 que representa el 35,3 % del PIB departamental registra pérdidas estimadas en 180 millones de pesos diarios, es decir cerca de 10 mil millones en pérdidas.
Si el sector que sostiene buena parte de la estructura económica regional comienza a resentirse, el impacto deja de ser sectorial y se vuelve sistémico.
Putumayo no es una periferia irrelevante. Es una frontera estratégica amazónica, energética y comercial.
𝐔𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥
Esta columna no pretende tensionar relaciones diplomáticas ni convertir una situación compleja en bandera política. Pero sí pretende decir, con claridad técnica y responsabilidad territorial, que lo que ocurre en esta frontera no puede analizarse como un asunto menor.
𝙈á𝙨 𝙙𝙚 100 𝙢𝙞𝙡 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙥𝙚𝙨𝙤𝙨 𝙚𝙣 𝙥é𝙧𝙙𝙞𝙙𝙖𝙨 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞𝙤no son un episodio administrativo. Son una alerta temprana de debilitamiento económico en una región históricamente vulnerable.
Cuando la economía formal retrocede, las alternativas informales avanzan. Cuando la movilidad legal se bloquea, los pasos irregulares se fortalecen. Cuando el comercio regulado cae, la trazabilidad desaparece.
Y cuando eso sucede en una frontera amazónica, el impacto es binacional y, en ciertos aspectos, internacional.
𝐑𝐞𝐚𝐛𝐫𝐢𝐫 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐥í𝐭𝐢𝐜𝐨: 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐜𝐚
La reapertura del Puente Internacional San Miguel no debe verse como una concesión. Debe entenderse como una medida de estabilización económica, social y de seguridad.
La frontera no puede convertirse en un vacío prolongado. Porque los vacíos, en territorios como el nuestro, nunca permanecen vacíos.
Putumayo no está pidiendo privilegios. Está exigiendo conectividad, formalidad y presencia institucional. Está defendiendo su economía legal.
Y cuando una frontera defiende su legalidad, está defendiendo la estabilidad del país.
*Consejero de Paz Departamental – Defensor de DDHHMiPutumayo Noticias