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Es escandaloso el número de aspirantes a cargos por elección popular para las regionales del mes de octubre, que se encuentran inhabilitados por diversas circunstancias, pero, lo más grave, con pleno conocimiento de causa de quienes aspiran, y expiden los avales, considero que deben existir medidas más drásticas con el fin de impedir que se cometan estos abusos contra los departamentos y municipios, que en últimas son los más perjudicados; lo insólito, abusando de la conciencia del elector, que confiado en la capacidad jurídica de su candidato, acude a las urnas a ungirlo a un cargo, que a la postre resulta ser toda una estafa para la opinión pública.
Sin embargo, el Gobierno no parece pellizcarse sobre este particular, siempre ha mostrado tolerancia con los delitos contra el sufragio, de aquí es de donde se derivan los grandes focos de corrupción en departamentos y municipios, que merced a la poca seriedad para manejar con eficiencia una contienda electoral, siempre pasa de agache, la mayoría de las veces con la complicidad de directorios y movimientos políticos.
Siempre hemos sostenido a través de esta columna, que el Estado debe garantizar a los electores la calidad de sus elegidos, pero, lamentablemente a la fecha esto no se ha cumplido, cuando pasan los comicios, aparecen infinidad de demandas, todo esto debido a la poca efectividad de los Organismos que manejan el sistema electoral, no podemos exigir transparencia de una administración departamental o municipal, cuando quién la ejerce, se encuentra seriamente cuestionado por casos de inhabilidad que ocultó durante su campaña.
Lamentablemente para las elecciones de octubre próximo este vicio no es la excepción, aún sin cerrase las inscripciones se viene una racha de demandas por casos de inhabilidad; parece que los partidos y movimientos políticos no tienen el más mínimo interés en depurar la política de todos estos vicios que, afectan el sistema democrático de nuestro país, y como consecuencia lógica las administraciones regionales y municipales.
Según investigaciones realizadas por varios medios de comunicación, y la Misión de Observación Electoral, “MOE”, aún sin cerrarse las inscripciones, existen actualmente más de seiscientos aspirantes que se encuentran inhabilitados por diferentes causas, destacándose entre ellas las de parentesco entre candidatos con funcionarios, que según la Ley 617 del año 2000 artículos 30 y 36, numeral 5 ordinal B: no podrán ser inscritos, quienes a la fecha tengan parentesco en segundo grado de consanguinidad: abuelos, hermanos, nietos; o primero de afinidad: padre de cónyuge, hijo del cónyuge, o hijo civil del adoptante o adoptado, con algún funcionario por elección popular, valga decir: gobernador, alcalde, senador, representante, diputado o concejal.
Es el caso patético del famoso Guido Echeverri Piedrahita, el destituido gobernador de Caldas, que se hizo elegir, ocultando a los electores su estado de inhabilidad, y que ahora cínicamente quiere repetir la misma acción, para darnos a beber a los Caldenses la pócima de su propia vergüenza, que se oculta con abolengos de gran dirigente en los laberintos de su conciencia.
Las inhabilidades por estos casos que acabamos de citar, son muy propios de los dirigentes políticos: gamonales irresponsables, de los diferentes departamentos y municipios, que con tal conservar su hegemonía, no tienen inconveniente en echarlos por los despeñaderos de la incertidumbre y el fracaso; lo más grave, induciendo al error a los electores que de muy buena fe concurren a las urnas, a votar por un individuo, a sabiendas que de resultar elegido, su investidura será demandada.
Considero que a cinco meses de las elecciones regionales, las autoridades electorales deberían pensar muy seriamente en hacer un estudio minucioso de todos los casos que son denunciados o reportados por inhabilidad, con el fin de ponerlos en conocimiento de los directorios y movimientos políticos que expidieron los avales, fijándoles un plazo perentorio para que subsanen los vicios y den la oportunidad a quienes realmente ostentan la capacidad jurídica para hacerse elegir y desempeñar el cargo.
Los Organismos de Control y los tribunales administrativos, están hasta el tope de este tipo demandas, que muchas veces son dilatadas por los mismos familiares y promotores que impulsaron sus candidaturas, puesto que el único objetivo era elegir al candidato de marras en beneficio personal y familiar, sin importar que los departamentos y municipios sean los más perjudicados en sus planes y programas de desarrollo.
El juramento que presta cada uno de los candidatos por elección popular al momento de oficializar su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde manifiesta no estar inhabilitado, se ha convertido en un saludo a la bandera, puesto que de los miles y miles de casos que hay en evidencia, ninguno ha sido penalizado por el delito de falso testimonio, tan solo se han instaurado demandas, que en su mayor parte son falladas a favor de los querellantes, con grave perjuicio para los electores y sus regiones.
No me aparto de creer que quién se hace elegir para un cargo por elección popular a sabiendas que está inhabilitado, además de cometer el delito de falso testimonio, también comete el delito de estafa colectiva agravada, contra las comunidades, y los intereses de los departamentos y municipios que los eligieron, puesto que con sus argucias y artimañas los indujeron al error.
Salvemos nuestros departamentos y municipios de los politiqueros y corruptos, no nos dejemos llevar por los discursos veintejulieros, que finalmente se los lleva el viento, votemos por quienes tengan sentido de pertenencia por nuestras regiones, presenten planes y programas de desarrollo para su progreso. Juguémosle limpio a nuestra Democracia Regional.
La unidad de reacción inmediata de delitos electorales, – URIEL- nació parapléjica y sin cerebro, puesto que a la fecha, está comprobado que tiene presupuesto, pero no tiene alma, le falta sentido de pertenencia para ejerce el cargo, conocer y meter en cintura la cantidad de delitos contra el sufragio que están próximos a configurarse con las elecciones del mes de octubre.
Uriel Ortiz Soto
urielos@telmex.net.co
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http://www.semana.com/opinion/articulo/uriel-ortiz-soto-inhabilidades-electorales-por-vinculos-familiares/431819-3