Por: * Alexander Africano
El pasado 9 de julio, durante la primera sesión del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Putumayo, ocurrió algo que, en medio del ruido político nacional, merece ser destacado. No fue una reunión para defender un gobierno ni para atacar a otro. Fue un espacio donde diferentes sectores coincidieron en una idea sencilla, pero profundamente poderosa: 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙯 𝙣𝙤 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧 𝙥𝙤𝙡𝙞́𝙩𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙚 𝙦𝙪𝙞𝙚𝙣 𝙜𝙤𝙗𝙞𝙚𝙧𝙣𝙚 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖.
Ese mensaje quedó plasmado en la Carta Abierta dirigida al Gobierno Nacional saliente y entrante, a las instituciones del Estado, a la comunidad internacional y al pueblo colombiano, en la que el Consejo expresó su preocupación por el clima de polarización que acompaña la transición presidencial y llamó a respetar la Constitución, la democracia y las instituciones, recordando que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y nunca por caminos que pongan en riesgo la estabilidad del país.
Quienes vivimos en el Putumayo sabemos que hablar de paz no es una teoría ni un discurso. Aquí la guerra dejó cicatrices profundas. Aquí hubo desplazamientos, confinamientos, secuestros, minas antipersonal, asesinatos y comunidades enteras que aprendieron a convivir con el miedo. Por eso, cuando desde este territorio se habla de proteger la paz, no se hace por ingenuidad. Se hace desde la experiencia de quienes conocen el costo humano de la violencia.
𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗷𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗼́ 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿 𝘀𝘂 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱. Todo gobierno elegido democráticamente tiene esa facultad. Lo que sí se planteó fue una preocupación legítima: que cualquier cambio en las estrategias nacionales no termine debilitando los procesos de construcción de paz que han permitido disminuir riesgos para las comunidades y abrir espacios de diálogo en los territorios.
Uno de los temas que generó mayor reflexión fue la situación de las personas que hoy participan en procesos de diálogo de paz en la zona de Betania, en el municipio de Valle del Guamuez. 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗷𝗼 𝗵𝗶𝘇𝗼 𝘂𝗻 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶́𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼𝘀 𝗮𝗱𝗾𝘂𝗶𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀, evitando decisiones que puedan incrementar los riesgos para quienes habitan esa región.
Pero la reunión fue mucho más allá. También se insistió en fortalecer el Observatorio Departamental de Derechos Humanos, hacer seguimiento permanente a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 𝙖𝙜𝙞𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧 𝙡𝙖𝙨 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙙𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙞́𝙙𝙚𝙧𝙚𝙨 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙮 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙙𝙞́𝙜𝙚𝙣𝙖𝙨, 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙚𝙘𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙍𝙚𝙙 𝘿𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝘿𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤𝙨 𝙃𝙪𝙢𝙖𝙣𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙥𝙪𝙚𝙗𝙡𝙤𝙨 𝙞𝙣𝙙𝙞́𝙜𝙚𝙣𝙖𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧 𝙖𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙞𝙤 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙚𝙟𝙤 𝙙𝙚 𝙋𝙖𝙯 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙪𝙣 𝙚𝙨𝙘𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙩𝙚́𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤, 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙩𝙞𝙫𝙤 𝙮 𝙘𝙤𝙣 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙖𝙙𝙚𝙧𝙖 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙘𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖.
Estas propuestas no buscan reemplazar la autoridad del Estado ni limitar la acción legítima de la Fuerza Pública. Buscan algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más difícil: que las decisiones sobre seguridad tengan siempre como prioridad la protección de la población civil, el respeto por los derechos humanos y la presencia integral del Estado.
Hay una frase de la carta que resume el espíritu de todo lo discutido ese día: “𝗟𝗮 𝗽𝗮𝘇 𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗰𝗲 𝗮 𝘂𝗻 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗻𝗶 𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗼. 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝘇 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼́𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀.”
Esa afirmación debería convertirse en un compromiso nacional. La paz no puede comenzar cada cuatro años ni terminar cuando cambia un presidente. Debe ser una política de Estado, sostenida en el tiempo, capaz de sobrevivir a las diferencias ideológicas y a las coyunturas electorales.
El Putumayo necesita seguridad. Nadie lo discute. Necesita combatir a quienes siguen sembrando miedo, fortaleciendo economías ilegales y vulnerando los derechos de las comunidades. Pero también necesita que la seguridad camine de la mano con la justicia, la inversión social, la protección de los líderes, el fortalecimiento institucional y el respeto por la diversidad cultural de un departamento donde conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y víctimas del conflicto armado.
Quizá esa sea la mayor enseñanza que dejó el Consejo Departamental de Paz. En tiempos de polarización, 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙫𝙞́𝙖 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤𝙨 𝙙𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧𝙨𝙚 𝙖 𝙙𝙞𝙖𝙡𝙤𝙜𝙖𝙧, 𝙚𝙨𝙘𝙪𝙘𝙝𝙖𝙧 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙞𝙧 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤 𝙮 𝙣𝙤 𝙚𝙣 𝙡𝙖𝙨 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖𝙨 𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨.
Ojalá ese ejemplo trascienda las fronteras del Putumayo. Porque cuando la paz deja de ser una bandera partidista y se convierte en una causa común, no gana un gobierno ni una oposición. Gana Colombia.
* Consejero de Paz Departamental, defensor de DDHH.