Por : Alexander Africano
La muerte de José Miguel Gutiérrez, de 82 años de edad y empresario fluvial colombiano con más de 40 años de experiencia, en medio de un operativo del Ejército peruano en el distrito de Estrecho, podría escalar a un incidente internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Los hechos, ocurridos hacia las 9:30 de la noche anterior, siguen rodeados de incertidumbre. Según testimonios de familiares y habitantes del corregimiento de Marandua, Gutiérrez se movilizaba en una embarcación civil cuando, en circunstancias aún no esclarecidas, unidades militares peruanas abrieron fuego.
La comunidad sostiene que no existió agresión previa por parte de los ocupantes de la embarcación y que todo habría sido producto de una confusión entre dos botes fluviales.
En el mismo hecho, su hijo, Miguel Gutiérrez, resultó gravemente herido con impactos de bala y permanece en un centro de salud en territorio peruano, donde, según denuncias, no ha recibido atención oportuna ni ha sido remitido a un nivel superior, pese a presentar signos de hemorragia interna.
A esto se suman graves señalamientos por parte de testigos, quienes denuncian que otros tripulantes fueron retenidos, golpeados y presuntamente torturados, además de ser señalados sin pruebas de pertenecer a grupos armados ilegales.
El caso se agrava por la ausencia de protocolos básicos: horas después del hecho, el cuerpo de Gutiérrez no habría sido objeto de levantamiento oficial, lo que evidencia fallas en la respuesta institucional.
Líderes sociales y comunitarios del lado colombiano han elevado un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Cancillería y organismos internacionales para que intervengan de manera inmediata, al considerar que se podría estar frente a una ejecución extrajudicial en contexto transfronterizo.
Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial por parte de las autoridades peruanas, mientras crece la presión para que el Estado colombiano active canales diplomáticos y exija claridad sobre lo ocurrido.
Este hecho no solo pone en evidencia la fragilidad del control institucional en la frontera, sino que abre un escenario de tensión bilateral que exige respuestas rápidas, transparentes y con enfoque en derechos humanos.