Por: Carlos Mauro Rosero
El pasado 10 de junio de 2025 𝐂𝐎𝐑𝐏𝐎𝐀𝐌𝐀𝐙𝐎𝐍𝐈́𝐀 expidió la 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐃𝐆 𝟎𝟔𝟑𝟏, mediante la cual 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞 de 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐝𝐚 la 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 —𝐲 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐚𝐬— en 𝐦𝐚́𝐬 de 55 mil 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚́𝐫𝐞𝐚𝐬 del municipio de 𝐌𝐨𝐜𝐨𝐚, 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨. Aunque presentada como una medida de prevención ambiental, sus implicaciones trascienden lo ecológico: impactan de forma directa la economía legal de una 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨́𝐧 que 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧, 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨, 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 y 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 reales para su gente.
Esta 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 pone en 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 a las 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 —𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐣𝐨 la 𝐥𝐞𝐲, con 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 y 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬—, sino 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 a todo un 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐣𝐞𝐬, 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐟𝐞𝐫𝐫𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬, 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬, 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐢𝐞𝐫𝐨𝐬 y 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬 que han optado por la 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 como 𝐯𝐢́𝐚 de 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨.
𝐔𝐧𝐚 amenaza 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚 al 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨, la 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 y el 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 regional
Los 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 de 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 son inmediatos y devastadores: más de 3.500 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 e 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 podrían 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬𝐞 sin una alternativa clara ni compensación social. Se 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚 el 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 al 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 y a la libertad de empresa, golpeando de manera desproporcionada a miles de familias cuyo sustento depende de la 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐚 y de la 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚 que esta 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.
El 𝐝𝐚𝐧̃𝐨 no 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐡𝐢́: la 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 también 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 de 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 clave —caminos, redes eléctricas, servicios logísticos— que resultan indispensables para cerrar las brechas históricas de Putumayo en 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 de 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬 y 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 a 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬. La 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 no es un fin en sí mismo: es la base para construir hospitales, escuelas, vías terciarias y condiciones de bienestar para las comunidades rurales.
Un 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 para la 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 y la 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚
𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 ha 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚𝐝𝐨 la ruta de la 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚 y la 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧. 𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬 —𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐞—, que hoy son producidos de manera legal, controlada y 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 en 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 como el de 𝐌𝐨𝐜𝐨𝐚. Suspender abruptamente estas iniciativas deteriora la confianza inversionista nacional e internacional y pone en duda la viabilidad de la transición energética justa que el país proclama impulsar.
Lo que 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞 esta 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 es 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞: en 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 las reglas pueden 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 de manera imprevista, sin seguridad jurídica, sin equilibrio entre desarrollo y ambiente, sin diálogo técnico real con los actores involucrados. En estas condiciones, ¿qué empresa responsable asumiría el riesgo de invertir en 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨𝐬 o de 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 en 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨 o en 𝐜𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫 otra 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫?
𝐄𝐥 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
La 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 es una 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐚, regulada y necesaria para el desarrollo nacional. Sin embargo, en medio de las 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬, 𝐬𝐞 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 —𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚— 𝐞𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐮𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐨 𝐚𝐫𝐠𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐝𝐞𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 sin análisis técnico serio de sus impactos reales. Convertir la minería en un motivo de división social solo profundiza la polarización y obstaculiza la construcción de acuerdos sobre un desarrollo sostenible e incluyente.
𝐄𝐬 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧: una actividad productiva que puede —y debe— realizarse con 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 y 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 para todos los actores 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬.
Un llamado a la sensatez institucional y al diálogo técnico
La 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐃𝐆 𝟎𝟔𝟑𝟏 debe ser revisada bajo criterios de rigurosidad técnica, transparencia y proporcionalidad. No puede aceptarse una suspensión indefinida de actividades legales sin estudios concluyentes, sin alternativas económicas claras para las comunidades afectadas y sin un proceso legítimo de concertación. La 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 de 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 del 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐀𝐏𝐌𝐂 ha anunciado acciones legales y gremiales, pero más allá de los tribunales, Colombia necesita un diálogo sensato, abierto y constructivo entre instituciones, empresas, comunidades y autoridades.
𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨 no puede ser condenado al atraso y la pobreza por decisiones administrativas apresuradas. Su desarrollo —como el de tantas regiones del país— depende de una 𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 que 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐞 la 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧, la 𝐥𝐞𝐲 y los 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 de su 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 a un 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 y un 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 con 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐨, servicios básicos, inversión productiva y sostenibilidad real.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧: ¿𝐏𝐚𝐫𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨?
La 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 dirá si esta 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 fue un llamado de 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 o un 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬. Pero hoy es evidente que detener la minería formal sin fundamento suficiente abre la puerta a la ilegalidad, la deforestación descontrolada, la pobreza y la violencia rural. Por el contrario, una minería bien regulada, controlada y socialmente concertada puede ser un motor legítimo de transformación positiva.
𝐄𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐢𝐫 𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 o territorios condenados al abandono. Putumayo espera respuestas claras. Y Colombia, una política pública seria, estable y sostenible.
𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞: Luis Fernando Barrera, presidente de la 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 (𝐀𝐏𝐌𝐂)