Por: *Alexander Africano
La nueva administración de la Uniputumayo debe tomar cartas en el asunto. No puede mirar hacia otro lado frente a una preocupación que ya no es un rumor de pasillo, sino una alerta que empieza a sentirse entre estudiantes de semestres avanzados: 𝙟ó𝙫𝙚𝙣𝙚𝙨 𝙖 𝙥𝙪𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙧 𝙨𝙪 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙚𝙧𝙖 𝙪𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖, 𝙖𝙡𝙜𝙪𝙣𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙤𝙘𝙩𝙖𝙫𝙤, 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙣𝙤 𝙨𝙚𝙢𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚 𝙤 𝙥𝙧ó𝙭𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙖 𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤, 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙤𝙮 𝙨𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣 𝙦𝙪𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙤 𝙙𝙤𝙨 𝙢𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙨 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚𝙣 𝙚𝙢𝙥𝙪𝙟𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙧𝙘𝙞ó𝙣.
Eso, en educación superior, es inconcebible.
Una cosa es la exigencia académica, necesaria y saludable. Otra muy distinta es convertir la evaluación en una barrera, en un castigo o en un mecanismo de desgaste emocional contra el estudiante. La universidad no puede formar profesionales desde el miedo, la frustración o la sensación de abandono institucional.
Según testimonios de estudiantes, el cambio en los porcentajes de evaluación —60% seguimientos y 40% parcial— habría terminado, en algunas asignaturas, convertido en una doble carga: talleres, quices y parciales manejados como si todo fuera examen final. Peor aún, hay denuncias sobre calificaciones de cero en talleres y quices, sin una explicación pedagógica suficiente, sin retroalimentación clara y sin oportunidades razonables de mejora.
Y aquí hay que decirlo con firmeza:
𝘂𝗻 𝗰𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴í𝗮.
Cuando un estudiante pierde, puede haber responsabilidad del estudiante. Pero cuando varios estudiantes reprueban masivamente, cuando un curso completo queda con notas por debajo de 1.0, la pregunta ya no puede ser únicamente qué hicieron mal los alumnos. La pregunta seria es otra: ¿qué está pasando con la metodología, la evaluación y el acompañamiento docente?
𝗟𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺í𝗮 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱. 𝗟𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗰á𝘁𝗲𝗱𝗿𝗮 𝗻𝗼 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗮𝘂𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗮𝗰𝗮𝗱é𝗺𝗶𝗰𝗼. La universidad tiene el deber de garantizar calidad, debido proceso académico, bienestar estudiantil y mecanismos reales de revisión cuando se presentan situaciones que afectan la permanencia de los estudiantes.
𝗣𝗿𝗲𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮, 𝗮𝗱𝗲𝗺á𝘀, 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗷ó𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹ó𝗴𝗶𝗰𝗼, 𝗱𝗲𝘀á𝗻𝗶𝗺𝗼 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝘀𝗲. Eso no es un asunto menor. La permanencia universitaria no depende solamente de matrícula cero o de beneficios económicos. También depende de una cultura institucional que acompañe, escuche, corrija y humanice los procesos educativos.
𝗦𝗲𝗴ú𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝘀𝘂𝗷𝗲𝘁𝗮 𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶ó𝗻 𝘆 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗽𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿í𝗮 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿. Esta alerta debe ser asumida con responsabilidad por la nueva administración, no para señalar personas, sino para revisar de manera seria las causas académicas, económicas y psicosociales que pueden estar afectando la permanencia de los estudiantes, especialmente de quienes están próximos a culminar sus carreras.
La nueva rectora, 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮, tiene aquí una oportunidad decisiva: demostrar que la Uniputumayo puede iniciar una etapa distinta, donde el estudiante no sea tratado como una cifra, ni como un problema, sino como la razón de ser de la institución.
𝗡𝗼 𝘀𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝘁𝗮𝗰𝗮𝗿 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀. 𝗦𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗮𝗿 𝗽𝗿á𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀. Se trata de preguntar con seriedad si existen materias con patrones reiterados de pérdida, si hay docentes con altos niveles de reprobación, si las evaluaciones son proporcionales, si se están explicando las notas, si se están dando asesorías académicas reales y si los conductos regulares están funcionando o simplemente se han convertido en una ruta larga para cansar al estudiante.
𝗟𝗮 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗯𝗲 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲. 𝗘𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀, 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗼𝘁𝗮𝘀, 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼𝘀 𝘆 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗲ñ𝗮𝗹𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀. Lo responsable no es salir a exponer personas sin debido proceso, pero tampoco es guardar silencio hasta que la situación reviente públicamente.
Por eso, la Uniputumayo debería adoptar medidas inmediatas:
1. Revisión académica urgente de las materias con mayor número de estudiantes reprobados.
2. Auditoría interna de calificaciones, especialmente donde aparezcan notas masivas inferiores a 1.0.
3. Espacios de escucha directa con estudiantes, sin miedo a represalias.
4. Comités de revisión pedagógica, no solo disciplinaria o administrativa.
5. Planes de nivelación y recuperación, especialmente para estudiantes próximos a grado.
6. Acompañamiento psicológico y académico, porque la presión también afecta la salud mental.
7. Evaluación del desempeño docente, no para perseguir, sino para mejorar la calidad educativa.
𝗨𝗻𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗣𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗹 𝗹𝘂𝗷𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗮. 𝗠𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗷ó𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀. 𝗢𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻ó𝗺𝗶𝗰𝗼𝘀. 𝗔𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀; 𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗮𝘀𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗿í𝗰𝘂𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗼𝘀 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝘀𝗼𝘀. 𝗗𝗲𝘁𝗿á𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗵𝗮𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮, 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘆 𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀.
La educación superior no puede ser una carrera de obstáculos innecesarios. Debe ser exigente, sí, pero también justa, humana y transformadora.
𝗟𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮.
Porque cuando un estudiante está a punto de abandonar su carrera por una materia, la institución debe preguntarse si está formando, acompañando o simplemente dejando caer.
𝐋𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐩𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐚𝐝é𝐦𝐢𝐜𝐚, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢é𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚. 𝐘 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐨𝐩𝐜𝐢ó𝐧: 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.
*Consejero de Paz – defensor de DDHH