Por Alvaro Hernando Cháves Castro (Economista)
Hay un discurso que se está volviendo muy popular en Colombia: que el Banco de la República solo sirve a la élite a los bancos, que subir tasas empobrece al pueblo y que debería subordinarse a la política del gobierno. Vale la pena detenerse un momento a revisar qué dice nuestra propia Constitución antes de seguir el relato.
Los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución del 91 son explícitos: el Banco tiene autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Su Junta Directiva es la autoridad monetaria del país y sus miembros representan exclusivamente el interés de la Nación y no de ningún gobierno. Y su mandato constitucional es uno solo: velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva del peso.
Ese diseño no es caprichoso. Los constituyentes del 91 lo hicieron a propósito, conociendo la historia latinoamericana: cuando los gobiernos controlan la emisión de dinero, financian el gasto público imprimiendo billetes, la inflación se dispara y quien paga el precio más alto siempre es quien gana en pesos y no tiene activos para cubrirse. Es decir, la clase trabajadora.
La independencia del banco central no es un privilegio de los ricos. Es el mecanismo más democrático para que ningún político, de ningún color, pueda devaluar el dinero que gana el colombiano de a pie.
Debatir la política monetaria es legítimo y necesario. Atacar la institucionalidad que nos protege a todos, usando datos a medias, es otra cosa.
Fuente: Constitución Política de Colombia, Arts. 371, 372 y 373.