La erradicación de más de 12 mil hectáreas de hoja de coca, mezcladas con cultivos de pancoger, amenaza la seguridad alimentaria de los indígenas del norte del Perú.
Por: Horacio Villarreal Prado, periodista en Leguízamo Putumayo
Indígenas de los pueblos Kichwa y Secoya, ubicados a orillas del río Putumayo, denuncian ser víctimas de atropellos y violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública del Perú, quienes adelantan una operación de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en esa zona del vecino país.
Jaime Rolando Conde Chiguango, cacique actual del pueblo originario Kichwa, de la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en el Distrito de teniente Manuel Clavero, a orillas del río Putumayo en la frontera con Colombia, explicó la situación que afrontan los indígenas y campesinos que están cultivando coca en esa región.
La erradicación forzada de cultivos de coca
Desde hace unos tres meses la Marina de Guerra del Perú, lidera una operación militar conjunta con la policía para erradicar cultivos de coca, los cuales se estima que superan las doce (12) mil hectáreas, a lo largo de toda la frontera con Colombia, con una longitud aproximada de 1626 kilómetros.
Los operativos de erradicación se han concentrado en las comunidades de Nueva Esperanza, Urco Miraños, Anguzilla, Iparanga, Puerto Argelia, Yaricaya, Puerto Vélez, Puerto Victoria y El Espejo. “Nosotros somos conscientes que la siembra es ilícita, pero cuestionamos al gobierno nacional, que desconoce la autonomía que tienen los pueblos originarios sobre usos y costumbres, porque nos han tenido abandonados toda la vida y la erradicación no ha sido consultada, por eso quiero que ustedes vean cómo está conformada una chacra (palabra Kichwa que significa cultivo) del indígena Kichwa, donde hay plátano, yuca, caña y ahí en medio está la coca”, explicó Jaime Conde Chiguango.
Según el líder indígena, el aterrizaje de los helicópteros, afecta los cultivos de plátano, “Los erradicadores que son más de 600 hombres, consumen sin permiso lo que hay en la chacra (cultivo), han quemado ranchos con animales como perros y gatos, menajes de cocina y herramientas de trabajo, como motosierras, guadañas y motores fuera de borda, se han comido las gallinas y lo peor dinamitaron las cochas (lagunas) para matar pescado y gran parte de esos pescados se perdió ahí en las cochas”, aseguró Conde Chiguango.
Parar la erradicación para concertar
Tomando la bandera de su país, los indígenas peruanos, más de 300 incluidos menores de edad, se acercaron a los erradicadores, para expresarles que se debe parar la erradicación y crear una mesa de diálogo, ahí en la zona, con la presencia del gobierno nacional, el cual debe comprometerse seriamente con proyectos de desarrollo viables, como el pago de una bonificación económica para no deforestar la selva y además satisfacer las necesidades básicas que los saque del abandona al que han sido sometidos durante toda la historia.
El abandono estatal del Perú
Según los indígenas, nunca han tenido apoyo del estado, en ningún aspecto, la única vía que tienen es el río Putumayo, el pueblo más cercano, a ocho horas en una canoa con diez pasajeros, a dos días con esa misma canoa cargada de plátano o maíz, es Puerto Leguizamo – Colombia-, donde cuentan con un hospital de primer nivel básico en salud, ya que Soplin Vargas, el pueblo peruano, no les ofrece ese servicio.
En materia educativa hay unas escuelas y un colegio, con techo de hojas de palma y sin piso, niños descalzos, en el caso de los Secoyas, vestidos con túnicas en medio de la selva húmeda y con un calor que supera los 33 grados centígrados, el acueducto es el mismo río y ni que hablar de comunicaciones, de proyectos productivos y mucho menos de comercialización de productos, la plata que circula es la colombiana.
Acciones
El 23 de agosto de 2023, estuvo en la zona, Luis Celis, asesor del congresista peruano Juan Mori, y se reunió con varios líderes de los indígenas y campesinos, quienes le entregaron un documento dirigido a la presidenta del Perú Dina Boluarte Zegarra, en el que denuncian el abandono estatal, rechazan la erradicación forzada y piden una negociación directa en la zona. “¿Por qué gastamos en balas y represión social y no en seguridad alimentaria del más desprotegido e indefenso?”. Cuestiona la carta.
Entre los cultivadores de coca en la frontera Colombo-Peruana, hay por lo menos unos 4.000 campesinos colombianos, ubicados en la zona de Güepí y Soplin Vargas, los que saldrían desplazados hasta el municipio de Leguízamo, Putumayo, generando una crisis humanitaria y el municipio colombiano no tiene la capacidad para atender tanta gente, porque también adolece de falta de servicios básicos, como salud, el hospital María Argelines, no cuenta con equipos biomédicos, ni el personal suficiente para atender una inminente confrontación entre campesinos y fuerza pública peruana, por la erradicación.
Previendo esa situación, el 7 de septiembre, la asociación de juntas comunales de Leguízamo, Asojuntas, le entregó un documento al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, en la que advierte la amenaza de desplazamiento masivo, no solo de colombianos sino también peruanos que llegarían a Leguízamo y le piden que se dé a conocer al gobierno colombiano, para que las instituciones del orden nacional hagan presencia inmediata en Leguízamo.
La situación amerita una atención oportuna de todos los niveles y ojalá entre los dos países para evitar una crisis humanitaria, donde los que pierden son los indígenas y campesinos.