El uso de la matrícula profesional en Colombia está subvalorado. Hay pocas profesiones que lo exigen y su obtención para la mayoría es un desperdicio de dinero. Esto último es uno de los argumentos de un senador ponente de un Proyecto de Ley, que busca acabar con las matrículas profesionales de algunas profesiones y entregar el registro de los profesionales al Ministerio de Educación bajo un sistema en línea.
Aunque la eliminación de la matrícula se vería como algo positivo, ya que está alineada con la política antitrámites y significaría ahorro para los profesionales, hay que hilar más fino sobre cuáles son los efectos de esta decisión.
El proyecto es inconveniente al dejar las puertas abiertas a que con un diploma y/u homologación se pueda ejercer una profesión de manera directa, dejando el registro único de profesiones u oficios como opcional. Lo que resulta preocupante teniendo en cuenta lo fácil que es obtener diplomas falsos.
En Colombia existen cerca de 60 profesiones reglamentadas por el Consejo Nacional de Acreditación que requieren tarjeta profesional, un requisito que estableció la Corte Constitucional, para aquellas profesiones que en su labor tenga repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo. Además, la Corte estableció que las profesiones legalmente reconocidas puedan ser organizadas en colegios, con una estructura interna y funcionamiento democrático, con la posibilidad de la asignación de funciones públicas y establecer los debidos controles.
Para el caso particular de la ingeniería de petróleos, la necesidad de este requerimiento se fundamenta en su rol primordial en la ejecución de actividades que tienen que ver con un recurso estratégico del país y de los riesgos a la seguridad, la salud y el medio ambiente que representan las operaciones que desempeña este profesional.
El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos es el órgano autorizado no solo para expedir la matrícula profesional, sino que su función es la de velar por que el ejercicio de la profesión sea ético, eficiente y socialmente comprometido con el desarrollo sostenible del país y del sector de los hidrocarburos.
Desde Acipet apoyamos la modernización de las instituciones, pero proponer su eliminación para lograr un objetivo de optimización de recursos puede hacer que sea peor la cura que la enfermedad.
A través de una reglamentación robusta y legal podemos fortalecer los consejos y/o colegios, que cumplan su función de mejorar la calidad de los profesionales en ejercicio, mediante la actualización de conocimientos; de garantizar la protección a los profesionales controlando el ejercicio por falsos profesionales y de extranjeros no licenciados; de prevenir incidentes, accidentes y pérdidas por la acción de personas desempeñando labores para lo cual no son competentes; y de ejercer control y sanción de profesionales que atenten a la ética y buen ejercicio de la profesión.
Por suprimir el trámite de expedición de la matrícula, no podemos acabar con el control de la profesión, ni de dejar de velar por la ética. Invito a los ingenieros de petróleos a comprometerse con el código de ética profesional y a defender la institucionalidad, fundamental para el desarrollo transparente de la profesión que tanto ha aportado al crecimiento económico del país.
Carlos Alberto Leal Niño
Presidente JD Acipet