Los afectados invirtieron su dinero en captadoras como Inversiones Alina, El Trébol, DMG, DRFE, InverBonilla, Mar del Plata y Euroacciones, la mayoría en el Valle del Cauca, pero estafados en otros departamentos del país también se sumaron a la demanda.
En total la demanda incluía a 75.000 inversionistas que después de perder la esperanza de recibir una retribución económica por cuenta de las captadoras aquienes le invirtieron su dinero, optaron por demandar al Estado en cabeza del Departamento Nacional de la Presidencia.
Las pretensiones de los demandantes llegaban a los $20 billones y dejaban como argumento la falta de vigilancia y control, además de las escasas actuaciones para conseguir que las captadoras retribuyeran las inversiones a sus asociados.
Las entidades que incluyeron en la demanda como responsables de las comisiones fueron el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, las Gobernaciones del Valle del Cauca y Cauca, varias alcaldías y hasta la Fiscalía, cada una respondió con las medidas que se tomaron y que quedaron registradas en los medios de comunicación, como advertencias del peligro de invertir en las captadoras.
Un juzgado de Popayán agrupó una serie de demandas que cursaban contra el Estado y que tenían los mismos argumentos para exigir una reparación económica que por ahora quedó suspendida tras la decisión que negó el millonario pago a los inversionistas de las pirámides.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado fue quien estuvo al frente del proceso y que ahora libró a la Nación de asumir los costos de estafas masivas con las captadoras de dinero. Un reciente balance de la misma entidad reveló que son precisamente los inversionistas de pirámides quienes más demandan al Estado, pero son quienes más pierden los procesos.
