Con una inversión reducida frente a las ganancias y la ayuda a cumplir al menos 69% de reducción de emisiones de gases de invernadero a lo que se comprometió el país, asegurar las tierras indígenas de la Amazonia parece una opción favorable.
Eso se desprende de un reporte del World Resources Institute que analizó los casos de Brasil, Bolivia y Colombia, que estima que las emisiones evitadas durante más de 20 años serían al menos de 31,76 toneladas de CO2 al año en Brasil, el equivalente a retirar más de 6,7 millones de automóviles de las carreteras al año, de 8,04 toneladas de CO2 al año para Bolivia y para Colombia de 3,01 Mt de CO2 al año.
Esto porque en los sitios donde los indígenas tienen asegurada la tenencia la deforestación es menor de acuerdo con la investigación.
Si los pueblos indígenas no mantuviesen la tenencia segura de sus tierras, Colombia emitiría 3% más al año.
Juan Carlos Altamirano, economista del WRI, dijo a El Colombiano que las tasas de deforestación anual promedio en Bolivia, Brasil y Colombia fueron significativamente inferiores en los bosques indígenas con tenencia segura que en áreas similares sin tenencia segura: 35% menores en Bolivia, 40% en Brasil y un 50% menores en Colombia.
Y si se fuera a poner en términos de dinero, los beneficios para el país serían de al menos 123 000 millones de dólares en 20 años.
“Ahora sabemos que hay una clara motivación económica en asegurar que los pueblos indígenas tengan derechos seguros sobre sus tierras. Garantizar la tenencia de la tierra no solo es lo correcto, es una de las estrategias de mitigación del cambio climático más rentables del mundo”, según Andrew Steer, presidente y director ejecutivo del WRI, en un informe de prensa.
Podría parecer que las tierras de los indígenas son pocas, pero el investigador explicó que “lo importante más que el área son la cobertura forestal y su capacidad de fijar carbono. Encontramos que en Colombia las tierras de comunidades indígenas tienen un potencial de reducir 3 MtCO2/año lo que equivale a reducir 45 Mt en 20 años. Esto representa el 69% de lo que se comprometió Colombia en su NDC (Contribución Nacional Determinada)”.
Para Colombia, se tuvieron en cuenta todas las comunidades que viven en la región amazónica.
Amazonia
Fany Kuiro es una mujer de la etnia uitoto. Vive en La Chorrera, departamento del Amazonas, donde habitan cerca de 3000 indígenas de tres pueblos distintos.
Son parte del que, dijo al periódico, es el reguardo Predio Putumayo que posee seis millones de hectáreas y más de 15 etnias distintas.
La conservación en sus territorios se da porque los pueblos indígenas son respetuosos con los recursos naturales, los árboles, el agua que “son un bien del creador para vivir en armonía con ellos”.
Saben que tienen su ciclo e incluso para cazar animales se preparan un día antes en el mambeadero, para pedirles permiso.
Pero no todo es color de rosa. Fany recuerda el exterminio a que fueron sometidos ellos durante la extracción de caucho hace un siglo y cómo se afectó el territorio. “Hoy está en reconstrucción”.
Son las personas externas las que afectan los territorios. Y citó el caso de la minería en Putumayo y Caquetá, que contamina el agua.
Hay otro factor: la presión que reciben con frecuencia de agentes que les ofrecen negocios con los bonos de carbono y los mecanismos Redd, tema que los inquieta porque son un riesgo si no están bien enfocados.
“Nunca hemos podido estar tranquilos”, comentó.
Que haya menos deforestación y mayor protección al bosque se debe también, según Altamirano a que “las tierras se mantienen bajo un régimen comunitario de manejo, lo cual hemos encontrado disminuye la deforestación ya que las decisiones de explotación del bosque tienen que ser consensuadas entre la comunidad y así se evita una depredación del recurso”.
Y el tener derechos de propiedad seguros da los incentivos para no sobre explotar el bosque y hacerlo de una forma más sustentable, “se cuida más lo que es de uno y se está seguro de ello”.
En el aseguramiento de los territorios ha habido avances, pero falta, “el proceso está lejos de ser completado. Muchas tierras indígenas todavía no están legalmente reconocidas por el gobierno”, expresó Altamirano. Para él, “las leyes que favorecen la titulación de tierras indígenas no se han llevado a la práctica efectivamente. Así, muchos indígenas se sienten abandonados por el gobierno, el cual (en muchos casos) no les ha proporcionado los servicios sociales básicos”.
Además, recordó, “existen crecientes amenazas por parte de las concesiones de explotación de recursos (por ejemplo, petróleo y minerales), los cuales en muchos casos son otorgados por el gobierno en tierras indígenas”.
Recomendaciones
Y para obtener mayores beneficios en las tierras aseguradas para los indígenas, se plantean varias recomendaciones. Altamirano citó:
Establecer tierras forestales comunitarias con tenencia asegurada. Los gobiernos y sus socios deben considerar reformar sus leyes y llevar a cabo otras acciones para fortalecer los derechos de tierras comunitarias. “Por ejemplo, las leyes en Bolivia, Brasil y Colombia reconocen los derechos de tierras indígenas, pero no brindan a los pueblos indígenas protecciones legales suficientes”.
Convertir las tierras forestales comunitarias con tenencia asegurada en la estrategia central de la mitigación del cambio climático. Las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de Bolivia, Brasil y Colombia no asumen ningún compromiso específico para asegurar los derechos de tierras indígenas, “pero los hallazgos de la investigación demuestran que las tierras indígenas ayudaron a disminuir las tasas de deforestación”.
Los hallazgos de la investigación proporcionan evidencia de que los gobiernos y sus socios deberían dirigir cada vez más recursos a asegurar las tierras forestales indígenas y comunitarias.
Un mecanismo barato y eficiente para combatir el cambio climático desde los territorios indígenas.
A conservar el bosque.
Fuente : ElColombiano