Dos semanas después de conocerse que hay redes dedicadas a obtener contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Gobierno Nacional se comprometió a adicionar 278.000 millones de pesos a esta iniciativa.
En una reunión sostenida el lunes entre los Ministros de Educación y Hacienda con la Federación Nacional de Departamentos (FND) y los gobernadores de Boyacá, Putumayo, Bolívar, Atlántico, Nariño, Risaralda y Guaviare, se conoció que habría la intención de presentar un proyecto de ley para blindar al PAE de la corrupción.
Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, aseguró que la ministra de Educación, Gina Parody, propuso presentar una iniciativa al Congreso con la que se buscaría que el PAE sea manejado por una agencia nacional. La idea es que este no quede en manos del ministerio ni de los entes territoriales.
Sigifredo Salazar, gobernador de Risaralda, dijo que en el encuentro se propuso que en la próxima reforma tributaria se logre destinar dinero al PAE (obtenido mediante el aumento del IVA), lo mismo que parte de los recursos provenientes de la industria licorera.
“Es un avance que tranquiliza a los gobernadores, pero no deja de ser un paliativo; en el 2015, la cobertura fue de apenas el 49 por ciento. Este año vamos a quedar en las mismas: no habrá ampliación”, dijo Amylkar Acosta, director de la FND.
Para Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, mañana es un día definitivo para el PAE en la cumbre de gobernadores en Montería. Según los compromisos pactados, allí debe haber ya un plan de choque para darle manejo a la crisis del PAE.
Aún harían falta 53.000 millones de pesos para garantizar el programa durante el 2016. Minhacienda dijo que buscará los recursos.
Procuraduría entró a reunión
Una fuerte polémica se desató cuando la Ministra de Educación le negó el ingreso a la procuradora Delegada de Infancia, Ilva Myriam Hoyos, a la reunión con la FND, los gobernadores y MinHacienda. Según el Mineducación, a Hoyos, quien habría sido invitada por Amylkar Acosta, se le permitió entrar dos horas después junto a Alfonso Cajiao, defensor del Pueblo. La Procuraduría General calificó el hecho de “inconcebible y grave”.
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