Proceso de paz es inviable si la Corte Constitucional avala perdón a genocidas y violadores de los derechos humanos
Si el tribunal constitucional avala la ponencia del magistrado Alberto Rojas de eliminar la posibilidad de que los desmovilizados que estén involucrados en delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, se estaría habilitando la perversión «según la cual el genocidio o los crímenes contra la humanidad pueden ser considerados conexos a los delitos políticos. Es que ya no habrá límites: los genocidas y los criminales contra la humanidad podrán asumir las curules que están exigiendo en el Congreso», dice Natalia Springer en su columna ¿Cómo acabar el proceso de paz? de El Tiempo.
¿Es esa la paz a la que aspiramos? ¿Aceptaremos que los responsables del horror y la comisión de crímenes que, por su naturaleza, atentan contra toda la humanidad sean quienes nos representen como sociedad? Esta insensatez no solo hundirá el proceso en cualquier referendo, sino que solo podrá ser leída como una rendición, un “despeje”, ya no del territorio, sino del Estado de derecho, según publica Springer.
«Se pregunta uno, con este exceso de generosidad: ¿qué es lo que les están premiando a las Farc? ¿Acaso el hecho de que, hasta el día de hoy, siguen sin reconocer a sus víctimas y, lo que es peor, continúan victimizando al país?», se interroga Springer, para quien, con esta norma, cualquier referendo propuesto a los ciudadanos para avalar el proceso de paz está condenado a fracasar. «Me avergüenza más el silencio de los “defensores de derechos humanos” con los que dimos la pelea para impedir que los paramilitares salieran de la mesa de Ralito al Congreso, como lo intentaron, y hoy guardan silencio, cuando se trata de la guerrilla. Estamos preparados para una paz que no será perfecta, pero que tampoco puede premiar el crimen», remata Springer.
¿Quién les respone a los afectados con el derrame de petróleo causado por las Farc en el Putumayo?
La respuesta, seguramente, no será parte de la mesa de diálogo de paz de La Habana, que se reanudará el martes próximo. «Pero debería serlo. Y no porque la delegación del Gobierno lo imponga o lo proponga, sino porque los jefes guerrilleros deberían ponerle la cara al país, luego del criminal derrame de crudo», dice el columnista de El País, de Cali, Víctor Diusabá en su columna ‘A responder’.
Según Diusabá, lo de menos es una respuesta que en todo caso resultará absurda. «Lo que encontraron allí, tras el atentado, la Defensoría del Pueblo y una serie de entidades nacionales y locales debería grabarse en piedra para jamás olvidar hasta dónde llega la degradación del conflicto», afirma el columnista.
«Porque cuando cuaje este proceso de paz (al que respaldo y en el que creo), tendrán que entender que los tiempos y las circunstancias cambiaron. No sé si eso lo vamos a ver en el Capitolio, en las asambleas departamentales o en los concejos municipales. Lo que sí sé es que llegará un momento en que a las Farc no les bastará con hacer uso de ese tono y de esa soberbia con la que se acostumbraron a tratarnos. Tono y soberbia que surgen de una presunta estatura que les da su condición de alzados en armas. Y tono y soberbia de algo peor: la fuerza de carácter que durante tanto tiempo les han significado el fusil en bandolera o la pistola (hoy, como si la tuvieran) encima de la mesa», señala Diusabá.
Acciones de las Farc atentan contra la voluntad de reconciliación de los colombianos
Las recientes acciones de la guerrilla en contra de la población civil en varias regiones del país, simultáneamente con el avance de los diálogos de paz en La Habana, podrían comenzar a afectar el apoyo de los amigos de la negociación, dice Gabriel Silva en su columna ‘Tanto va el cántaro…’ de El Tiempo. Según el columnista, estas acciones no solo atentan contra la infrastructura, los bienes y la vida de los colombianos, sino «contra la paciencia y la voluntad de reconciliación de los colombianos. Tengan cuidado. Hasta los amigos de la paz tenemos límites».
«Que no se decrete el cese del fuego no da licencia para cometer delitos de esa naturaleza. Esos atentados no son contra objetivos legítimos en un conflicto. Son, realmente, ataques contra la humanidad», dijo Silva.
Según el exministro, la decisión de negociar en medio del conflicto, a pesar de sus detractores, «tiene mucho sentido, por cuanto impide que los guerrilleros se apalanquen en un alto el fuego para resarcirse de las severas pérdidas que han sufrido en los últimos años. Solo hay que mencionar el Caguán y casa verde para saber de qué estamos hablando». Sin embargo, no puede ser indefinido y la guerrilla debería comenzar a mostrar gestos de su determinación de llegar a un acuerdo final.
Con Santos se agudizó la reducción de inversiones para la ciencia y la tecnología
Durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, Colciencias pasó de ser una agencia para promover la ciencia y la tecnología desde el Estado, en un botín burocrático para premiar al Partido Verde, último adherente a la Unidad Nacional, y sus recursos se redujeron a menos de la mitad de lo que se invertía durante la administración de Álvaro Uribe, dice María Elvira Bonilla en su columna de El Espectador ‘La locomotora de la innovación, otra que no arrancó’
Según Bonilla, el presupuesto de Colciencias cayó de 590 mil millones para el 2010 a 379 mil en el 2011 y luego «para el 2014, el recorte es de 100.000 millones en el presupuesto aprobado en el 2013, que remata con la trasquilada de un 40% adicional para 2015, al reducir la cifra a 250.000 millones», a pesar de la insistencia de los más destacados científicos del país, encabezados por Rodolfo Llinás, que solicitaron que el tema no se manejara con criterios políticos y burocráticos.
«La protesta de la directora de Colciencias, Paula Arias, le costó el puesto. Su pecado fue volver pública y recordar una realidad que el gobierno busca ocultar. Imagino que ese cargo hace parte del menú burocrático a estudio de los congresistas que tomarán juramento el próximo 20 de julio. Barajan nombres de recomendados para su reemplazo que por lo observado en el comportamiento de la Casa de Nariño, tendrá la marca de los favores electorales, al mejor estilo de los nombramientos politiqueros ya conocidos, como se espera que ocurra con los altos cargos del Gobierno, en momentos en que la lista de compromisos a pagar solo la supera la de los candidatos que tienen los políticos para proponer», dice Bonilla.
Es absurdo que por la felicidad de un triunfo futbolístico, el alcohol cobre vidas de jóvenes
«Es absurdo que la euforia por un partido de fútbol haya arrastrado hasta la muerte a un joven médico o que la discusión con la esposa luego de una parranda desembocara en un hecho tan trágico como el comentado, con lo que resalto que el problema no solo atañe a las clases sociales de escasos recursos sino que toca a la sociedad en general», afirma Alonso Sánchez Baute en su columna ‘Alcohol’ en El Heraldo.
El escritor narra el caso de su primo Guillermo Baute Daza, quien murió ahogado en el río Guatapurí, tras caer en estado de ebriedad luego de la derrota de la selección Colombia frente a Brasil, en el Mundial de Fútbol.
Según el autor, Baute Daza no se suicidó. «Desde tiempo inmemorial es costumbres que la muchachada de mi tierra demuestre su euforia o valentía tirándose desde el Puente de Hurtado, buscando bañarse en el cauce de un río que hoy está tan seco que solo arrastra piedras. Mi primo tenía 30 años, era médico graduado con honores en La Habana y desde hace un par de años se había asociado con un grupo de amigos para montar en la ciudad una clínica especializada en radiología. Era también un muchacho alegre con un impresionante carisma, por lo que gozaba de amplia popularidad», escribió en su columna.
Según Sánchez, «el verdadero problema al que no se le quiere meter el diente del todo es el alcohol. Es absurdo que la euforia por un partido de fútbol haya arrastrado hasta la muerte a un joven médico».
La Contraloría es un lastre para la modernización del Estado y no sirve para vililar el uso de los recursos públicos
La Contraloría General de la Nación no ha logrado, ni antes ni ahora ser el órgano de vigilancia del uso de los recursos públicos, pues actualmente es un monstruo burocrático de 4.100 funcionarios que la convierte en un botín que abre el apetito de los políticos, según afirma el columnista de El Espectador Salomón Kalmanovitz en su escrito ‘¿Para qué sirve la Contraloría?’
«La nominación y elección del contralor se tornó en un complejo intercambio de favores entre las tres cortes de justicia principales que nominan una terna sobre la cual vota el Senado. Sale elegido el que más puestos ofrezca a los senadores y a los magistrados que lo postulan. En este sistema es poco probable que se escoja una persona calificada y honesta, aunque casos se han dado», dice Kalmanovitz.
«Lo que podemos concluir es que la Contraloría no sirve para vigilar el buen uso de los recursos públicos, es un lastre para la modernización del Estado y deteriora el comportamiento de sus instituciones», puntualiza el columnista, para quien el panorama antes de la Constitución de 1991 no era tampoco mejor, pues al menos 3 contralores generales terminron en prisión acusados de enriquecimiento ilícito.
La justicia mediática condena por el escándalo y no por el delito
«Así como no se respetan el debido proceso y la presunción de inocencia, pues se juega con la libertad y se presume la culpabilidad de cualquiera, así también se condena o se absuelve de acuerdo con las proporciones del escándalo y no con la realidad objetiva del delito. La justicia mediática, infame, por desgracia puede influir en las decisiones judiciales, muchas veces proclives al qué dirán, a las motivaciones personales de algún prevaricador, etc», dice Juan José García Posada en su columna de El Colombiano, ‘Si no hay escándalo, desaparece el delito’.
Según García, resulta «abusivo afirmar que a un ciudadano lo procesaron, lo condenaron o lo privaron de la libertad «por el escándalo» de una contratación ilícita, de las chuzadas o de algún carrusel». En su concepto, «el delito no es el escándalo, así sea escandaloso. Hay transgresiones de la ley penal que pasaron inadvertidas y no por eso dejan de constituir acciones delictivas. No es aceptable que se provoque la inclinación de la balanza de la justicia en contra de aquellos presuntos responsables por cuyos actos se han desencadenado episodios escandalosos, gracias a la repetición y la orquestación de los medios periodísticos».
FUENTES
- ¿Cómo acabar el proceso de paz? (Natalia Springer) – El Tiempo
- Tanto va el cántaro… (Gabriel Silva) – El Tiempo
- La locomotora de la innovación, otra que no arrancó (María Elvira Bonilla) – El Espectador
- ¿Para qué sirve la Contraloría? (Salomón Kalmanovitz) – El Espectador
- Si no hay escándalo, desaparece el delito – El Colombiano
- A respoder – El País, Cali
- Alcohol – El Heraldo
http://www.pulzo.com/medios/174501-como-acabar-el-proceso-de-paz-y-otras-6-opiniones-para-que-se-forme-la-suya