Con o sin autonomía los Kofanes defienden sus derechos

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Por: Claudio Gilmar Gomajoa. B.

Pese a la colonización del blanco; a la violencia; a la fumigación indiscriminada por parte del Estado Colombiano a sus  cultivos  de pan coger y  plantas medicinales; a que sus mujeres se han casado con colonos e indígenas de otras comunidades; a la presencia  de Ecopetrol  extrayendo la riqueza del Departamento del Putumayo; al impacto que produce el paso de la pavimentación de la carretera Santa Ana Puente Internacional y, al olvido  del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional; pese a todas estas circunstancias, la comunidad Kofan (escrito también “Cofan”) de Santa Rosa del Guamuéz sigue firme para hacer respetar sus derechos.

Fui al Valle del Guamuéz por motivo de la pavimentación de la carretera a ver cómo se adelantó la consulta previa para llegar acuerdos con los entes nacionales y la comunidad Kofan, he encontrado  controversia en lo que dice el director de “La Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Kofan y Cabildos del Valle del Guamuéz y San Miguel” Iván Queta, lo que dicen los Curacas, las autoridades tradicionales del Pueblo Kofan, lo que dice la comunidad y, lo que menciona el artículo de zoominformativo.com “EN LA CONCORDIA HUBO ARREGLO  DE CONSULTA PREVIA”.

Según el artículo, “las comunidades indígenas del resguardo Santa Rosa del Guamuéz celebraron con júbilo el acuerdo con el consorcio que pavimenta la vía San Miguel Santana y que da paso al restablecimiento de unas necesidades que plantearon estas comunidades al gobierno para permitir el desarrollo de la vía en su territorio en menos 5 kilómetros”.

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Igualmente señala que se protocolizó con la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior y que dio paso a resolver las necesidades de las comunidades en materia de saneamiento básico con al menos 43 letrinas  para igual número de beneficiarios y apoyo a proyectos productivos.

¿Será que con estas 43 letrinas se mitigan los impactos que vienen de la carretera y se solucionan las necesidades de los Kofanes?

Y ¿Es esto un resultado de un proceso de consulta previa?

Esto me suena a  engaño a esta comunidad.

En el artículo “El Gran Impacto” se dio  un  modelo a seguir, para que estas comunidades con su autonomía hicieran respetar sus derechos. http://claudiogilmar.blogspot.com/2009/11/el-gran-impacto.html

En el mismo mencioné una serie de impactos negativos, directos e indirectos y no encuentro ninguna evidencia que ninguno de estos haya sido evaluado por el Estado, puesto en conocimiento de la comunidad y considerado por ellos con traductores y, de acuerdo con sus usos y costumbres. Más bien, se ve un proceso de negociación para lograr un visto bueno a cambio de algunos beneficios, muchos de los cuales los tiene que proveer el Gobierno Nacional.

Pero, ¿Para que sirve la consulta previa?

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas pero que no se cumple en la práctica. La consulta debe darse frente a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar pueblos indígenas.

En Colombia este derecho se cumple, se conoce y se respeta en Bogotá frente a medidas legislativas como los conocidos casos de la Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y el Código de Minas; sin embargo, en los casos de proyectos que tienen la potencialidad de impactar a las comunidades indígenas y que ocurren en otros Municipios o Departamentos el panorama es muy diferente.

En marzo de 2010 se supo que luego de Semana Santa iniciaría la pavimentación de la carretera Santana San Miguel. El problema es que la carretera atraviesa, divide casi por la mitad, el territorio ancestral titulado de la Reserva Indígena Santa Rosa del Guamuéz, proyecto que necesariamente implica que se adelante el proceso de consulta previa y que, el Ministerio del Interior no inició hasta que el Director de la Corporación Visión Renacer  presentó una acción de tutela y, el Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia, ordenó realizar el proceso de consulta previa.

El proceso de consulta se inició con los problemas de diligencia habitual: falta de suspensión, demoras, propiciadas divisiones a la comunidad y aparentes conflictos de intereses y corrupción.

El Ministerio del Interior no inició la consulta previa hasta que se produjo un fallo de tutela obligándolo a hacerlo, pese a ser su obligación legal. Por su parte el consorcio Metrocorredores 3 tardó en suspender la obra incluso después del fallo de tutela, al respecto “La Silla Vacía” publicó un artículo. Vea   http://www.lasillavacia.com/historia/17653. Dentro de la comunidad pasó lo que ocurre en muchos casos: líderes y organizaciones con aparente liderazgo dispuestas a negociar yendo en contravía de lo que la comunidad y las autoridades tradicionales quieren y que se ajusta a la Constitución y a la Ley.

Esta acción de tutela fue interpuesta el 26 de marzo de 2010 por el Director de la Corporación Visión Renacer ante el Tribunal Administrativo de Pasto a petición de las autoridades tradicionales del pueblo Kofan. El Gobernador Wilfrey Criollo Tisoy obedeciendo la orden de sus máximas autoridades, de acuerdo con sus usos y costumbres, dio el poder el 17 de junio del 2010, el Consejo de Estado emite Sentencia de Tutela Expediente AC-52001-23-000-2010-00089-01, ordenando que se “inicie y culmine el procedimiento de consulta durante los tres meses siguientes”.

A pesar de que la tutela fue lo que originó el proceso, no hay mención alguna de ello en el Acta que aparentemente concluye el proceso, tampoco hay mención de la gran controversia que ocasionó la primera visita del Ministerio a la Mesa Permanente ese 28 de julio del 2010.

Pero ¿qué tiene que ver con este asunto la Mesa Permanente?

La Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Kofan y Cabildos del Valle del Guamuéz y San Miguel es una organización con muchas críticas, la primera es que recoge la representación de varios pueblos indígenas sin consultar a las comunidades ni a las autoridades tradicionales, por lo menos no a todas; la segunda, que su asesor principal en 1998 por no garantizar un adecuado proceso de consulta previa por acción u omisión generó una pérdida del territorio Kofan del 80%.

En el otro lado están los Curacas, máximas autoridades del pueblo Kofan a quienes el Ministerio no les quiere reconocer su vocería y liderazgo pese a que las leyes colombianas reconocen la autonomía, la posibilidad de cada pueblo indígena de gobernarse de acuerdo con sus usos y costumbres.

Lo claro es que la Mesa Permanente no inició la tutela, lo hicieron las autoridades tradicionales y la comunidad de Santa Rosa del Guamuéz en cabeza de su Gobernador quien obedecía al llamado de sus máximas autoridades, Curacas de Santa Rosa y otros Resguardos Kofanes. Es más, en esos primeros meses del año 2010, el Director de la Mesa Permanente, el Sr. Iván Queta, visitó Santa Rosa para tratar de convencer a la comunidad de que no interpusieran la tutela. Les dijo que si ponían la tutela, “No podrán cavar un hoyo suficientemente grande para esconderse cuando todo el mundo se le volqué encima.” A pesar de esto, la comunidad ratificó, mediante encuesta, en mayo 2010 proseguir con la tutela.

Como ya se dijo, aunque la tutela fue interpuesta con el poder que otorgó el Gobernador Wilfrey Criollo Tisoy, este y la Corporación Visión Renacer obedecían las órdenes de las autoridades tradicionales Kofan. Pero el gobernador cambió de parecer y le dio la espalda a las autoridades tradicionales. Es así que las autoridades tradicionales le escriben a finales de julio y nuevamente a principios de septiembre a la encargada del caso para el Ministerio del Interior, la Dra. Ingrid Guaqueta Zarate diciéndole que ellos fueron los que ordenaron la tutela y que ellos son los que deberían representar a Santa Rosa y otras reservas Kofanes. Y cuando en septiembre se celebró una reunión que demostró ser representativa de la comunidad en la cual santa Rosa pedía trabajar sin la Mesa y con los Curacas, el Sr. Criollo Tisoy decidió abiertamente unirse a la Mesa y desconocer a sus propias autoridades tradicionales, quitándole el poder otorgado al Director de la Corporación Visión Renacer, esto pese a que  su comunidad y sus autoridades tradicionales querían trabajar no sólo con Visión Renacer sino entre ellos (comunidad y autoridades) y el gobernador pero sin la Mesa Permanente.

Entonces la respuesta al interrogante es clara: ¿Por qué no se menciona la tutela en el Acta del 23 de junio de 2011 que con tanto júbilo se logró? Porque mencionarla es dar fe de que nunca se aclaró el tema, que la división interna perdura, que en realidad las autoridades tradicionales Kofan nunca dieron el aval, a pesar de que el Ministerio del Interior tuvo claro que llegar a esa claridad era indispensable. Esto hace pensar que se dictó alguna orden dentro del Ministerio haciendo caso omiso de las autoridades tradicionales y de la misma comunidad de Santa Rosa.

Al final, al leer el acuerdo al que llegó el Ministerio con la Mesa Permanente y el actual Gobernador de Santa Rosa, Evelio Criollo, uno entiende porque a estas tres partes les interesaba hacer el proceso desconociendo las autoridades tradicionales. La posición de los Curacas (autoridades tradicionales) es no dejar que violen su derecho al territorio, es no permitir que se construya una carretera que atraviesa su territorio titulado y protegido por la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley. La posición de la Mesa Permanente como lo ha hecho desde su creación es regalar la tierra a cambio de beneficios económicos y pequeños proyectos a los cuales los indígenas en todo caso tienen derecho, esto en contravía de lo que establece la Jurisprudencia del Sistema Interamericano, parte del bloque de constitucionalidad, ósea, que hace parte de la Ley y es obligación del Estado cumplirla, en este caso a través del Ministerio del Interior.

Surgen varias preguntas: ¿Qué ONG´s apoyan a la Mesa Permanente? y, ¿Quién financia a la Mesa Permanente? porque uno no se explica cómo organizaciones que exigen el respeto de los derechos humanos, con lenguajes públicos radicales estén asesorando a las comunidades para que regalen su territorio. De igual forma, no se entiende como la cooperación nacional e internacional financia procesos que están dirigidos a violar los derechos fundamentales de los miembros del Pueblo Kofan.

Cómo es que el Ministerio del Interior, encargado de hacer las consultas previas y representar a Colombia ante la Comisión Interamericana, junto con Cancillería no sepan que es prohibido hacer acuerdos económicos a cambio de derechos de las comunidades. Esto es una falta, una incompetencia gravísima o, una muestra absoluta de la mala fe del Estado Colombiano al adelantar la consulta previa con el Resguardo Indígena Kofan de Santa Rosa del Guamuéz.

Básicamente el punto de la imposibilidad de negociar el territorio por beneficios económicos, o letrinas como hace la Mesa Permanente está prohibido.

La Mesa Permanente tiene como principal asesor a la Fundación ZioA´i. dirigida por el señor Sebastián Jansasoy quien en 1998 fue criticado por no representar a los Kofan, siendo Inga; por promover el desconocimiento de una organización indígena y promover el surgimiento de otra, la Mesa y, además, por su sospechosa participación en procesos de consulta previa con petroleras, de esto quedó constancia en el Acta de la Junta Directiva del INCORA. Entonces, en el peor de los casos y, el más posible de acuerdo con el acta, el  señor Jansasoy jugó a favor del INCORA para no hacer adecuadamente el proceso de consulta previa para la titulación de los Resguardos y permitió, por acción u omisión, la pérdida territorial del 80% del territorio de los Kofan, sin ser indígena Kofan. ¿Que se puede esperar de la Mesa Permanente con un asesor de este calibre? Claro, ya la Mesa Permanente con este proceso dejó claro que la lección quedó aprendida y su misión es superar al maestro, a su asesor.

De verdad no se entiende como el Ministerio del Interior le sigue dando vocería a esta organización y sigue aceptando acuerdos que van en contra de la ley y que luego, van a generar demandas en contra del Estado colombiano y seremos los colombianos, los putumayenses, los que tendremos que pagar de nuestros impuestos la ilegalidad de los actos generados por la dupla Ministerio del Interior y Mesa Permanente.

Es hora de que se respete a las máximas autoridades, a las autoridades tradicionales, para que organizaciones como la Mesa Permanente no sigan haciendo daño a sus comunidades; haciendo que los legítimos derechos indígenas sean desprestigiados por causa de unos pocos que desconocen sus usos y costumbres y, que quieren ser más occidentales que indígenas. Es hora de que el Estado tome cartas en el asunto y cumpla con las promesas del Presidente Juan Manuel Santos sin que haya acciones judiciales de por medio.

El desarrollo de la región no puede traer aparejada la violación de derechos fundamentales, menos de una derecho como el derecho de los indígenas sobre su territorio de tanta importancia que puede comprometer hasta su vida, puede derivar en un etnocidio. Todos queremos desarrollo, pero un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos y no, un desarrollo que traiga beneficios de corto plazo y al final nos deje igual o peor de lo que estábamos, el Putumayo ya lo vivió con las pirámides, necesitamos un desarrollo incluyente de todos y para todos así parezca más difícil y caro.

 

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