Una lectora de “Hoja volante”, inquieta por la zonificación del país presentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “HACIA UNA SOLA COLOMBIA: CAMINO A LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA”, del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, preocupada por el silencio de la dirigencia del departamento, en varias oportunidades que escribiera un artículo relacionado con ésta situación. Finalmente terminó convenciéndome para tratar tan espinoso tema.
Por otro lado, a mi correo llego un mensaje con un título impactante titulado “Putumayo ya no será más amazonia”, con lo que ratificaba la preocupación existente por la clasificación hecha en el Plan Nacional de Desarrollo, pero, además, el mensaje va más allá, presenta algunos argumentos en lo concerniente a la decisión del gobierno nacional.
En entrevista que presenta la Revista Portafolio del 25 de octubre de 2010, hecha a Hernando José Gómez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en respuesta a la pregunta de ¿Cómo está planteado el desarrollo regional en el nuevo plan?, comienza destacando la riqueza y la diversidad de Colombia y sus grandes disparidades regionales en términos sociales, económicos, geográficos y culturales, igualmente, sostiene que de acuerdo a esas marcadas diferencias se debían formular objetivos y lineamientos de política que las reconozcan. Termina diciendo que en el plan se definió “una zonificación basada en mediciones de las capacidades de desarrollo de los municipios”, quedando seis áreas “cada una como agregación de municipios con capacidades de desarrollo endógenas similares”, que son: Central, Caribe, Nororiental, Sur, Amazorinoquia y Pacífica.
Más adelante el entrevistador le hace la siguiente pregunta ¿Se trata de un ordenamiento territorial?, a la que contesta categóricamente con un no rotundo, aclarando que esa zonificación no pretende ser un instrumento ni propuesta para el ordenamiento territorial, que éstos y los esquemas asociativos que se generen en el país como propuestas de organización del Estado, deben darse de manera voluntaria entre las partes, tal como lo plantea la Constitución Política de 1991. Dijo, además, que lo que pretende el Estado con éste esquema es “promover una mejor focalización de las políticas y del gasto público en función de las necesidades, vocaciones y capacidades de cada región”, dejando con esto sentada la razón que le asiste al Estado para plantear, en el Plan Nacional de Desarrollo, la división del país en áreas que le permitan desarrollar políticas públicas coherentes con las características comunes de un conjunto de municipios.
Visto de ésta manera, el propósito del gobierno del doctor Juan Manuel Santos es loable, pero, si lo miramos desde otro ángulo, especialmente del de la llamada “soberanía popular”, se pueden observar aspectos susceptibles de discusión puesto que contradicen el espíritu democrático consagrado por la Constitución Política de 1991 para el ordenamiento territorial. La cosa no es tan sencilla como parece, tiene su fundamentación en el nuevo rol o papel que desempeña el Estado en el contexto del mundo globalizado, su organización y su manera de gobernar.
Veamos algo al respecto:
Primero.- Aunque el gobierno sigue sometido a la ley y reducido a la estricta tarea ejecutiva, en la práctica, el poder ejecutivo se ha puesto por encima de su par legislativo, es el iniciador de de leyes (como la Ley de Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) que acaban siendo aprobadas por la cámara y el senado, hecho éste que convierten al ejecutivo en el artífice de las mismas.
Segundo.- El gobierno, en el proceso de complejizar sus estructura vía desarrollo burocrático, terminó privilegiando la llamada “especialización funcional” y consecuentemente exaltando el “saber técnico y su jerarquización” contrariando la horizontalidad organizativa y a la igualdad política que caracteriza el concepto de democracia, hecho que termina desconectando la “soberanía popular” y lo transforman en un poder autónomo (Las bases para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo fueron concebidas por especialistas o técnicos del Departamento Nacional de Planeación –DNP-, quienes bajo una postura desarrollista plantearon “una zonificación basada en mediciones de las capacidades de desarrollo de los municipios”, “cada una como agregación de municipios con capacidades de desarrollo endógenas similares”, que son: Central, Caribe, Nororiental, Sur, Amazorinoquia y Pacífica).
Tercero.- Según lo expresado por el Director del DNP, queda claro que, para zonificar al país, el Estado argumenta razones de tipo político-administrativo como el de la “focalización de políticas y del gasto público”, e invoca, para complementar, la función social que le da el tinte de legitimidad, “en función de las necesidades, vocaciones y capacidades de cada región.
Cuarto.- La zonificación presentada fisura o resquebraja seriamente el dispendioso y tesonero trabajo que se venía realizando para construir región amazónica con identidad y la pertenencia, basada en criterios ambientales, específicamente en atención a la gran cuenca del río Amazonas de la cual los nuestros son tributarios, desde finales del siglo XIX con la visión de los capuchinos y retomada con la Constitución Política de 1991 con la creación de Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA).
Quinto.- No hay duda en que la zonificación es desarrollista y pretende vincular más activamente a todas las regiones del país a la dinámica de la economía globalizadora, presentada con un tiente social, en la que el eje transversal de lo ambiental apenas se declara y se enfatiza sobre la constitución de cadenas productivas minero-energéticas, agropecuaria y turística (ecoturismos y etnoturismo).
Sexto.- En la mapificación del Plan Nacional de Desarrollo, en el Putumayo no aparece señalado ninguno de los clúster mencionados se ubican en Mocoa o Puerto Asís. El clúster agroindustrial se ubica en Popayán, Pasto y Florencia y el industrial en Popayán y Pasto. ¿Qué va a pasar con el Putumayo? ¿Será que nos vamos a quedar cumpliendo con la función de servir de corredor para el transporte terrestre y fluvial? Como también ¿La de ser abastecedores de materias primas y un excelente mercado consumidor? ¿Hasta cuándo seguirá predominando el sistema productivo extractivista, compulsivo y expoliativo que tanto daño le ha causado a los recursos naturales renovables y no renovables del departamento? ¿Con el desarrollo del ecoturismo y etnoturismo es suficiente?
Con lo anterior no se quiere negar la importancia de la propuesta del gobierno central, ni oponerse por oponerse, no. Podría mirarse como la oportunidad que se tiene para generar procesos endógenos de desarrollo que contribuyan a solucionar los problemas de miseria, pobreza y desempleo. Lo que habría que buscar son puntos comunes entre la propuesta desarrollista y la ambientalista, puntos comunes que permitan avanzar en su fortalecimiento y en la búsqueda de entendimiento para bien de quienes viven en el departamento del Putumayo, en éste punto, me parece pertinente recordar al célebre economista chileno, Oswaldo Sunkel, cuando sostenía que “…En definitiva, un verdadero desarrollo nacional y regional tendrá que basarse primordialmente en la transformación de los recursos naturales…en el aprovechamiento mesurado y eficiente de la infraestructura y capital acumulado, en la incorporación del esfuerzo de toda la población –en especial aquella relativamente marginada- y en la adopción de estilos de vida y consumo, técnicas y formas de organización más apropiada a ese medio natural y humano”.
Más aún, es necesario superar cualquier sesgo economicista o tecnocrático, de igual manera, enfrentar la visión simplista en torno a lo endógeno, que lo reduce a las “internalidades” técnico – productivas, sin considerar el desarrollo integral desde el punto de vista político – cultural.
¿Qué nos queda? Que los ambientalistas (los verdaderos para diferenciarlos de los oportunistas), además de su compromiso con la conservación de la naturaleza, asuman una postura seria, mesurada y comprometida políticamente con los derechos de las sociedades y comunidades que viven en amazonia. Que los líderes administrativos, económicos, políticos, sociales y ambientales se pronuncien ya sea a favor o en contra para que se suscite el debate o la discusión que permita avanzar y tomar decisiones pertinentes. Finalmente, si las circunstancias así lo ameritan, queda la movilización ciudadana para reclamar el derecho a decidir participando en la toma de decisiones que tienen que ver con su bienestar y su futuro.
Jaime ErazoBuenos Aires, 4 de marzo de 2011