PAE y corrupción

Decir que ningún acto de corrupción tiene justificación es lo más claro y es quizá una de las frases que tendría un acatamiento por parte de quienes la escuchan.

Sin embargo si decimos que todo acto de corrupción es rechazable pero más rechazable es sin lugar a dudas los actos de corrupción que afectan a los niños, es algo mayúsculo.

No hay justificación de ninguna manera para que el Estado, entidades públicas y en el peor de los casos las entidades privadas también adelanten hechos de corrupción en donde se involucra a los niños.

Lo anterior para rechazar todos los problemas que se están presentando con los planes de alimentación escolar en donde 500.000 niños no reciben alimentos, solo en Bogotá. Qué diríamos entonces del resto del país y en departamentos olvidados como Cauca, Nariño  y Putumayo, por nombrar solo tres en donde los líos del Plan de Alimentación Escolar son evidentes.

Son un total de 40 municipios hoy en Colombia los que están en la mira por no haber invertido los recursos del Plan de Alimentación Escolar.

En la Biblia se dice que quien comete pecado seguramente tendrá un castigo divino. Este castigo divino sí tiene que ser máximo para quienes desde sus puestos públicos y privados, en otros casos,  acaben con la expectativa de los niños de tener por lo menos una mínima alimentación escolar en los planteles educativos.

Recordemos que en Colombia la situación es complicada porque muchos niños ni siquiera tienen para su desayuno, para su almuerzo, para su comida en las casas de familia. De ahí que el sector escolar se convierte quizá en la salvación de muchos de ellos para adelantar este proceso de alimentación.

Por esa razón cuando se les prohíbe o se les limita todos los temas de la alimentación para estos menores esto es desconcertante.

Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación dice haber puesto en lupa a todos los operadores que desde el proceso de alimentación escolar tienen la responsabilidad de llevar los alimentos a todos los estudiantes.

En este caso las alarmantes cifras que se revelaron sobre el control territorial al programa de alimentación escolar que se realizó en Bogotá confirmó la magnitud de los problemas de corrupción y los malos manejos de los dineros para los niños más necesitados en todo el país.

De allí que estos hechos deben ser a todas luces repudiables.

¡Por Dios!, no hay derecho a que los niños se vean involucrados en estos vergonzosos hechos de corrupción que se viven en el país.

El viceprocurador Juan Carlos Cortés González, por ejemplo, precisó que en el 2018, cinco departamentos y 14 municipios no han definido la contratación de los operadores para el suministro de los alimentos.

Desde el Putumayo se da cuenta que ni siquiera existe en este momento la más mínima expectativa de cómo los niños podrán alimentarse, máxime cuando ya llevan el primer mes de actividades escolares.

Bajo estas premisas y bajo estas responsabilidades se debe reiterar qué entidades como la Fiscalía General de la Nación tienen la responsabilidad inquebrantable e irrenunciable de acercarse a todos estos procesos y vigilarlos, como dice la entidad,  con lupa para evitar que los hechos de esta naturaleza se sigan presentando.

Por.- Rodolfo Pantoja Pantoja

Fuente : DiariodelSur


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