La resistencia social en el Putumayo: parar para avanzar        

 Por : Vanezza Escobar Behar

Las manifestaciones de inconformismo que las últimas semanas ha tenido al departamento del Putumayo en los titulares de los medios de comunicación masiva, así como en la agenda política nacional, son la expresión de demandas y carencias de la región que históricamente se han soslayado y que -con las salvedades de cualquier generalización- reflejan muchos de los problemas sociopolíticos de la Amazonia colombiana; el principal, quizá, la no articulación de las regiones con el centro y la invisibilidad de éstas para la política nacional.

Aparte de los pueblos originarios, los habitantes del Putumayo -como en otras subregiones amazónicas- han sido esencialmente colonos que llegaron desde diversas zonas andinas huyendo de la violencia, la marginalidad, en busca de un nivel de vida más alto, o atraídos por las efímeras bonanzas económicas que caraterizan el sistema económico regional. Esto es importante porque refleja que la construcción política y social del espacio no fue hecha o pensada desde el centro, sino que la región misma fue adquiriendo diversas dinámicas a través de los años, la procedencia de sus habitantes, las posibilidades de los suelos, y su (in)articulación con la administración central. Así, aunque el proceso colonizador inicial cuenta con casi una década, los problemas ecológicos (sociales, políticos y económicos) continúan, se reproducen y se tornan más complejos.

Las protestas por la ampliación de la licencia ambiental para exploración y explotación de hidrocarburos al consorcio Colombia Energy son la respuesta de las comunidades a la acumulación de contradicciones y necesidades históricas y no se agota en el rechazo a una decisión específica[1].

La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) afecta múltiples derechos de la población tales como:

1. la Consulta previa, con consentimiento libre e informado de los pueblos aborígenes, y en general de los campesinos y demás comunidades que tengan un vínculo de dependencia con el territorio expuesto a explotaciones (Corte Constitucional, Sentencia T-348/12);

2. La participación política pues sus opiniones y consultas sobre el modelo económico no se tienen en cuenta, los espacios para debatir y decidir sobre este asunto son limitados, reproduciéndose la concepción colonialista que ve en la Amazonia un depósito de recursos naturales, una despensa económica inhóspita y disponible para la extracción, como ha sido considerada por el poder central e internacional desde el siglo XIX (recuérdense las bonanzas extractivas, que en muchos casos implicaron esclavitud, de pieles,  maderables, quina, zarzaparrilla, caucho, y coca);

3. Derechos sociales, económicos y culturales pues la inversión social en estas áreas y en toda la amazonia es precaria: el acceso a la educación es limitado, sin que por ejemplo haya una universidad en el departamento; los sistemas de acueducto y alcantarillado son esencialmente comunitarios, es decir, inadecuados; no existe agua potable y las fuentes de consumo se ven afectadas por la política insurgente de atacar la infraestructura petrolera, ocasionando contaminación de las aguas; el sistema de salud es básico teniendo que acudirse a otros departamentos para servicio médico especial; las condiciones laborales no garantizan mínimos vitales pues la economía se ha basado en la producción cocalera, en el transporte municipal de pasajeros, pequeños comercios, y oficios no calificados que se derivan de economías de enclave[2]; así mismo los intentos de producción agrícola han sido frenados, especialmente en el medio y bajo Putumayo, por la composición ácida de lo suelos y sobretodo por las fumigaciones con Glifosato, que ataca a los cultivos indiscriminadamente, y afecta la salud física y mental de los habitantes.

Ante un panorama así, y en el marco de una presencia estatal de ocupación y agresión (es decir, presencia sólo militar en el territorio, especialmente para garantizar intereses de inversionistas en un contexto de conflicto armado), las manifestaciones sociales han sido el único recurso político de los pobladores para cuestionar sus condiciones precarias de existencia. Por décadas las confrontaciones armadas, la estigmatización, el desplazamiento forzado, las masacres, el confinamiento económico, el terror psicológico, la carencia de servicios sociales, y las fumigaciones arbitrarias de cultivos de subsistencia, han afectado al departamento, y sólo con movilizaciones como la de 1996 (marchas cocaleras contra el Plan Colombia),  las de 2012 (de indígenas y campesinos contra el proyecto IIRSA, y contra la declaración del Putumayo como distrito minero) y las recientes, ha sido posible que se mire a la región como algo más que una alacena de recursos.

Por ello en las regiones parar muchas veces implica avanzar.

[1]Al respecto: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/putumayo-al-borde-del-paro-articulo-512484 y http://miputumayo.com.co/2014/08/30/los-errores-del-gobierno-nacional-con-el-putumayo/

[2]Es significativo que en el departamento del putumayo la industria de hidrocarburos no ha generado empleos formales ni estables como generalmente se afirma cuando este tipo de industrias llega a las regiones; los trabajos cualificados han sido desempeñados por personal ajeno al departamento, y a su vez este tipo de economía crea flujos migratorios, de población flotante, que produce inflación en la economía local, perjudicando a la población de la zona.

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