Por : John Elvis Vera Suarez
“Si queremos sintetizar en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, diría: primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental (…) Por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer Colombia”, Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente electo de Colombia.
Reconstruir lo destruido, encuadernar lo descuadernado, no es cosa fácil, requiere mucha paciencia y atino. Y más en un país, donde quienes han sido los mayores responsables del desastre, siguen ufanándose como si sus acciones no hubieran provocado un cúmulo de pobreza, miseria, desplazamientos y muertes por doquier. Aún se creen redentores no siendo más que mensajeros de todas las plagas y autores oscuros de las ascendientes calamidades.
Obviamente que el mandato otorgado con la votación a su favor más alta en la historia electoral de Colombia a nuestro nuevo presidente, no es el encantamiento para que se les permita que todo siga igual, sino por el contrario es la exigencia misma para que las esperanzas y los sueños se conviertan en gratas realidades. No será mañana mismo, pero si deben ser objetivos claros y precisos en el corto, mediano y largo plazo.
El nuevo gobierno está llegando en un momento en el que a nivel mundial se acentúan los conflictos socio-ambientales por la falta de acción contundente de parte de los gobiernos y de los grandes gremios económicos respecto a la crisis climática y ecológica siendo directos responsables. O el mundo entero entra definitivamente en el periodo de transición socio-ecológica o nos hundimos profundamente en esta crisis que nos puede conducir irreversiblemente a un desastre planetario.
El abandono de las energías fósiles no es la obsesión del presidente electo, es la solicitud reiterativa de la ciencia para que la humanidad entera tenga la posibilidad de un futuro digno y para que la vida siga siendo posible. Se requieren cambios sustanciales en lo social, económico y, por supuesto, en lo ambiental.
Detractores de las medidas que se tomen, desde ya están prestos a oponerse y atacar abierta o soterradamente a ese cambio necesario y urgente. Y lo han hecho y harán en defensa de sus propios intereses y la de sus patrocinadores. Querrán desgastar al nuevo gobierno para que sus políticas y acciones fracasen o al menos no tengan el impacto que la sociedad reclama. Claro que lo anterior no es la negación al derecho a la crítica y a la misma protesta social que en estos gobiernos se criminalizó.
Para apoyar como por igual para exigir al nuevo gobierno en el cumplimiento de las metas propuestas al pueblo colombiano, por el cual millones nos entusiasmamos, es necesario que la participación ciudadana activa y beligerante se exprese a través de todos los espacios abiertos por la propia Constitución y las respectivas leyes vigentes. La paz se logrará con justicia social y ambiental en plena democracia.