Procuraduría – La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó el fallo de primera instancia que estableció la comisión de faltas disciplinarias por parte de los exfuncionarios.
Bogotá, D.C., 25 de enero de 2022 (@PGN_COL). En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión de 10 meses a los entonces secretarios de Educación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y de Servicios Administrativos, con funciones de gobernador de Putumayo (e), Óscar Darío Mallama Quetama (2017), y de 9 meses al exjefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano, por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó el fallo de primera instancia que estableció la existencia de faltas disciplinarias de los exdirectivos por desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
En el caso de los exsecretarios son cuestionados por adjudicar el proceso de Licitación Pública SED- LP-004-2016 y celebrar el Contrato de Suministro de Alimentos 023 de 2017, con irregularidades como haber aprobado pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas, justas, claras y completas.
Frente al exjefe de la Oficina de Contratación, el ente de control determinó que no ejerció de manera adecuada, ajustada y en debida forma la coordinación en la preparación, proyección y elaboración de actos precontractuales para la licitación, ni apoyó a la Secretaría de Educación para la respuesta a las observaciones de índole jurídico formuladas al pliego de condiciones, ni la evaluación de los requisitos habilitantes de naturaleza jurídica.
Para la Procuraduría a los funcionarios les correspondía garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en procesos de licitación, verificar que se cumplieran todas las etapas y procedimientos con el fin de asegurar la selección objetiva del negocio jurídico.
Dado que a la fecha de la sanción los investigados ya no se encuentran en la administración departamental, la suspensión se convertirá en salarios de acuerdo con lo devengado para la época de los hechos.