Por Julio Bahamon
Hace unas semanas escribí, en esta misma columna, sobre la inexplicable demora, 5 o quizás 6 años, de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI en referencia a la donación del contrato de Concesión de la vía que desde Neiva conduce hasta Santana en límites con el Ecuador, pasando por Pitalito, Mocoa, Pto Asís, atravesando importantes departamentos del sur del país como el Caquetá, parte de la bota Caucana y el Putumayo. A los pocos días se publicó, en un diario local, una información del director en la que daba cuenta de la operación de cesión que estaba próxima a suscribirse con una empresa China perteneciente a una gigantesca compañía del país asiático, y nos decía que, una vez se firmara el traspaso quedaría resuelto el problema y, que el sur del país se beneficiaría con la intervención, ahora sí, del corredor vial.
Todos quedamos muy contentos con la noticia, pero todo fue flor de un día. La semana pasada nuevamente nos enteramos que aún no se había llevado a cabo la cesión del contrato, y la notica nos cayó como un baldado de agua fría, pero además, se supo que esa destacada compañía China llevaría como consorciado a la empresa de la familia Solarte, precisamente la firma de ingeniería colombiana que incumplió, y a la que le fue quitado el contrato original, suscrito, 5 o 6 años atrás, junto con otras empresas nacionales con las que se hizo la constitución de la concesionaria Aliadas que quebranto sus compromisos, convirtiéndose en la responsable de la gravísima situación de deterioro de la carretera.
Si lo anterior es cierto, es una absoluta falta de seriedad del gobierno y un irrespeto a la inteligencia de los habitantes de la región que han esperado pacientemente, desde hace más de cinco años, que esa anomalía se solucionara favorablemente en auxilio de los habitantes del sur del país y de la economía de la región.
La zona sur de Colombia vive momentos de incertidumbre y una verdadera calamidad económica asociada a la pandemia, al punto que, en el caso del Huila, el porcentaje de desempleo alcanza cifras escalofriantes de más del 40%. Teníamos la esperanza que esa obra, en la que se invertirán cerca de $3,5 billones de pesos fuera una fuente valiosa de empleo para sus habitantes, pero esa expectativa, con tantas demoras y enredos, no se ha logrado todavía. Por ese motivo, no es entendible, ni nos cabe en la cabeza, que el gobierno haya impedido adelantar el procedimiento de incumplimiento a Aliadas y la aplicación de las sanciones establecidas en la ley de contratación, como la caducidad del contrato, y que ahora en su lugar, llame al incumplido, a la firma de los Solarte, los premie ayudándoles a conformar un nuevo consorcio con los Chinos y de contera los beneficie, muy posiblemente, con el reconocimiento de una elevada suma de dinero por indemnización de unas obras que jamás iniciaron, y por lo contrario, Aliadas ha quedado en deuda con la región pues las obras las debieron comenzar en el momento de firmar el contrato, y finalizarlo hace mucho tiempo, y la verdad es que, conejearon a la ciudadanía. La obligación de la ANI, después de haberlos retirado, era sancionarlos ejemplarmente y no permitirles gabelas que dejan muy mal parado al gobierno.
Por qué no lo hicieron en su momento. No sé si el primer mandatario este enterado de esta situación, pero antes de permitir ese desaguisado contractual, debe pedirles a sus subalternos una clara explicación al respecto. Hago un llamado también a los congresistas del Huila, del Cauca, del Caquetá y del Putumayo para que tomen cartas en el asunto.
El Dpto del Huila, señor gobernador viene siendo rey de burlas de la ANI y tenemos confianza en que Ud como gobernante e ingeniero conocedor del problema sabrá defender el interés de los Huilenses. Unidos lo harán también los titulares del Caquetá, Cauca y del Putumayo..