Introducción
El Sistema General de Regalías (SGR) ha financiado más de 700 proyectos para desarrollo económico, social, vial y ambiental en Putumayo desde su creación en 2012 al primer semestre de 2020; también, con miras a la consolidación y construcción de paz. La inversión en el departamento, de acuerdo con la base de datos de Gesproy a junio del presente año, es de 1.3 billones de pesos, dentro de dicho monto también se incluyen los recursos hasta el momento aprobados para el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz.
Putumayo fue zona de control e influencia por parte del Bloque Sur perteneciente a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); adicionalmente, grupos paramilitares también ejercieron presiones y amenazas sobre la población del departamento por el control territorial. En la actualidad, se sigue disputando el negocio del narcotráfico, la única diferencia es que en lugar de las FARC hay grupos convertidos en disidencias que en su momento no compartieron lo acordado entre sus altos mandos y el Estado colombiano en La Habana.
Debido a la poca presencia estatal en algunas zonas del país donde la inversión, el desarrollo y el progreso no llegaban adecuadamente y los enfrentamientos armados eran el común denominador, desde lo estipulado en los Acuerdos de Paz se crea por medio del Decreto 1650 del 9 de octubre de 2017 la figura denominada Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), para así dar cumplimiento a algunos de los puntos dentro del documento, en concreto el referente al numeral 1.2 del mismo, que señala: “Lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad (…)” [1].
Así, el objetivo de las Zomac era dar prioridad en la búsqueda del crecimiento y desarrollo económico y rural en 170 municipios donde el conflicto armado interno tuvo mayor actividad. Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, todos pertenecientes a Putumayo, se encuentran dentro de la lista Zomac; sin embargo, desde 2017 cuando fue creado paralelamente el OCAD Paz, este último ha aprobado 11 proyectos.
En la presente investigación, se pretende ahondar en la eficiencia y eficacia que ha tenido durante sus tres primeros años de funcionamiento el OCAD Paz en Putumayo, estudiando y analizando puntos esenciales como la priorización en los territorios que sufrieron mayor actividad del conflicto armado, así como por ejemplo los distintos esfuerzos por brindar alternativas a los campesinos que trabajan con siembras de hoja de coca.
Análisis del OCAD Paz en Putumayo
Con una inversión de 76 344 millones de pesos hasta junio de 2020, se aprobaron 11 proyectos que cubren la totalidad del departamento, incluyendo municipios que se encuentran por fuera de la categorización Zomac, como son: Colón, San Francisco, Sibundoy y Santiago. Como se puede apreciar en el Gráfico 1, dichas obras se ajustan a los siguientes sectores: Transporte (6); Educación (1); Minas y Energía (3) y Agricultura y Desarrollo rural (1).
Gráfico 1. Obras ajustadas a sectores
Fuente: Elaboración propia con datos de Gesproy [2]
Con claridad se observa una desproporcionalidad en la distribución de los proyectos dirigidos a cada uno de los cuatro sectores. Hay un especial enfoque en el sector transporte (6), con la particularidad de que obras similares son viabilizadas en rondas de otros OCAD como el municipal o departamental. Si bien es urgente el mejoramiento de este sector, es necesario hacer énfasis en los que propendan por la paulatina reparación a las víctimas del conflicto dentro del territorio putumayense y brinde diferentes oportunidades laborales para evitar los crecimientos de cultivos ilícitos.
Respecto a los proyectos viabilizados para el sector transporte, tres se centran en el desarrollo vial terciario de tres municipios en el Alto Putumayo que no están categorizados como Zomac: Colón, San Francisco y Santiago; aunque vale la pena mencionar que a mediados de los 90 y principios del 2000, estos entes territoriales ubicados al noroccidente del departamento tuvieron presencia de las FARC-EP, quienes controlaban los cultivos de Amapola y a su vez utilizaban todo el Valle de Sibundoy como corredor de sus negocios desde Nariño hasta Ecuador, aunque el fin del OCAD es claro: atender las zonas que sufrieron en mayor medida el conflicto. También es importante resaltar que una de las obras se encuentra destinada al “Mejoramiento vías terciarias para una paz estable y duradera en los municipios del departamento de Putumayo” y la obra restante está dirigida al “mejoramiento de la vía mesón-Puerto Limón” (Mocoa) y arreglo de red vial urbana en San Miguel [3].
Asimismo, siendo pocos los proyectos que se derivan del OCAD Paz, de los mencionados anteriormente apenas uno está dirigido al sector Agrícola y Desarrollo Rural, específicamente al subsector Proyectos de desarrollo rural. El mismo se denomina “Fortalecimiento a pequeños productores del sector porcícola, piscícola y avícola afectados por la emergencia sanitaria Coronavirus Covid-19 (…)”. Por supuesto que la emergencia sanitaria amerita este tipo de obras, pero se debe hacer acotación que en tres años de creación este órgano destinado para la paz desentienda la problemática del departamento desencadenada por los cultivos de uso ilícito optando por la erradicación forzada.
Uno de los más conocidos problemas en el departamento radica en la falta de apoyo al campesinado y sus alternativas a la siembra de hoja de coca que tiene presencia marcada en sus tierras. De acuerdo con el informe ‘Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019’ emitido en julio de 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), durante 2019 Putumayo registró 25 000 hectáreas sembradas; de estas, alrededor de 20 331 familias putumayenses se encuentran acogidas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), según la Procuraduría. Sin embargo, en reiteradas ocasiones la comunidad ha denunciado incumplimientos por parte del Gobierno central respecto a lo pactado a este respecto [4][5].
Por otro lado, uno de los sectores que presenta constante controversia en Putumayo es el de educación, desde 2017 sólo un (1) proyecto proveniente del OCAD Paz se ha aprobado, apunta: “Fortalecimiento de la infraestructura educativa rural del departamento de Putumayo”. Aquí, igual que en el sector transporte, existen proposiciones que se encuentran aprobadas por otros OCAD, lo que empieza a evidenciar una falta sistemática respecto a los objetivos dentro de la secretaría técnica del órgano colegiado enfocado en la Paz. Por ende, no se tiene certeza del apoyo específico proveniente de la paz para este sector siendo que se perfila de relevancia en la consolidación de una comunidad con mejores oportunidades hacia el futuro.
Sería pertinente para próximos proyectos que genere el OCAD Paz en Putumayo, por ejemplo, evaluar temas como la alimentación escolar para que, además de fortalecer infraestructura, exista un respaldo eficiente para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que ha mostrado falencias a nivel local y nacional. También, dirigir apoyos a la población estudiantil con la asistencia a clases, de acuerdo con United Way Colombia, de cada 100 estudiantes que abandonan sus estudios en Colombia, 26 lo hacen porque pierden el interés en el mismo. Putumayo, específicamente, pasó de 72 000 escolares en 2013 a 67 828 en 2018 por deserción. Con esto, el objetivo del OCAD, para dicho sector, debería variar con lo señalado anteriormente.
Los restantes tres proyectos del OCAD Paz para Putumayo se concentran en el sector de Minas y Energía, pertenecientes al subsector energía eléctrica, distribuidos de la siguiente manera: uno para Villagarzón “Construcción de redes de media y baja tensión en la vereda Las Toldas (…)”; uno para Valle del Guamuez “Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en zonas no interconectadas (…) y uno que cubriría Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís y Puerto Leguízamo “Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para zonas no interconectadas (…)”.
Por otro lado, los rubros asignados para estos proyectos, como lo muestra la tabla 1 a continuación, suman un total de 76 344 millones de pesos. En la misma, aparece sólo un proyecto con 50 millones de pesos complementarios al valor original asignado, que en ocasiones provienen del ente territorial al cual se asigna la obra para completar el valor de la misma y está definido como: “Mejoramiento de vías rurales mediante la pavimentación en concreto hidráulico tramo plan Jansasoy-Puente El Cascajo en el municipio de Santiago”.
Tabla 1. Proyectos, estado general, valor y entidad ejecutora
Proyecto | Valor SGR + otros valores asignados. Cifras en pesos colombianos | Año de aprobación | AvanceFísico | Avance Financiero | Sector y subsector ajustado | Entidad ejecutora |
“Mejoramiento De Vías Terciarias Para Una Paz Estable Y Duradera…” | $26 151 948 846 | 2018 | 23,9 % | 47,5 % | Transporte-Red vial terciaria | Departamento |
“Mejoramiento De Vías Rurales Mediante La Pavimentación En Concreto Hidráulico…” | $5 097 778 938 | 2019 | 0,0 % | 35,5 % | Transporte-Red vial terciaria | San Francisco |
“Mejoramiento De Vías Rurales Mediante La Pavimentación En Concreto Hidráulico Tramo Plan Jansasoy…” | $4 293 309 474 | 2019 | 0,0 % | 3,2 % | Transporte-Red vial terciaria | Santiago |
“Construcción Pavimento Hidráulico, Alc. Pluvial, Sector Siloe Cll 4 – Cll 5, Alc…” | $1 067 264 902 | 2020 | 0,0 % | 0,0 % | Transporte-Red urbana | San Miguel |
“Mejoramiento De La Vía Mesón – Puerto Limón Putumayo” | $3 380 390 912 | 2018 | 0,0 % | 0,0 % | Transporte-Red vial terciaria | Departamento |
“Mejoramiento De Vías Rurales Mediante La Pavimentación En Concreto Hidráulico…” | $3 026 565 286 | 2019 | 0,0 % | 4,1 % | Transporte-Red vial terciaria | Colón |
“Implementación De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica Para Zonas No Interconectadas En Los Municipios…” | $19 080 294 357 | 2019 | 0,0 % | 50,0 % | Minas y energía-Energía eléctrica | E.S.P de Puerto Leguizamo |
“Implementación De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica En Zonas No Interconectadas En El Municipio…” | $604 265 149 | 2019 | 0,0 % | 0,0 % | Minas y energía-Energía eléctrica | Valle del Guamuez |
“Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión En La Vereda Las Toldas Municipio De Villagarzón…” | $208 703 496 | 2019 | 0,0 % | 0,0 % | Minas y energía-Energía eléctrica | Villagarzón |
“Fortalecimiento A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR PORCICOLA, PISCÍCOLA, Y AVÍCOLA AFECTADOS…” | $1 106 449 894 | 2020 | 0,0 % | 0,0 % | Agricultura y Desarrollo Rural-Proyectos de desarrollo rural | Orito |
“Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Rural Del Departamento De Putumayo” | $12 378 825 295 | 2018 | 3,8 % | 30,0 % | Educación-Preescolar y básica y media | Departamento |
Total | $76 344 896 549 |
Fuente: Elaboración propia con base de datos Gesproy [6].
La tabla permite evidenciar que ocho de los proyectos no presentan avances físicos, es decir, en su estructura; dentro de estos, la obra ‘fortalecimiento al sector porcícola, piscícola y avícola afectado por el Covid-19 en zona rural de Orito’, no presenta avance físico, ni financiero; a su vez, está sin contratar y sin ejecutar. Es importante resaltar, que para las ayudas destinadas en aras de contrarrestar las dificultades sanitarias, sociales y económicas que ocasionó la pandemia, las entidades territoriales podrían liberar los recursos únicamente mediante actos administrativos y desaprobarlos sólo si no se ha iniciado el proceso de contratación, de acuerdo con el Decreto 513 del 2 de abril de 2020.
Actualmente, nueve de los once proyectos aparecen con 0 % en cuanto a avances físicos; de estos, cinco ya tienen adelantos financieros, lo que permite advertir a los entes de control y la población que ejerce veeduría en los distintos territorios sobre posibles retrasos futuros o incumplimientos. En la misma línea, se encuentra que el estado de los contratos para los proyectos que han sido aprobados por el OCAD Paz en Putumayo es el siguiente: tres (3) contratados sin acta de inicio; cuatro (4) contratos en ejecución; dos (2) sin contratar y dos (2) en proceso de contratación; asimismo, se evidencia que algunas obras ya superan los tiempos establecidos dentro de la base Gesproy.
Agregado a lo anterior, dentro del Mapa de Regalías, dos de los contratos que se encuentran en ejecución, muestran avances físicos, uno del 3,8 % y otro del 23,9 %. El primero, que está definido como “fortalecimiento de la infraestructura educativa rural del departamento (..)”, cuenta con evidencia fotográfica de las mejoras en la Institución Educativa Aborígenes de Colombia, en Mocoa. Es la única obra y planta estudiantil que ha sido intervenida desde la aprobación de los proyectos en 2018.
El segundo proyecto, perteneciente al sector transporte y definido como “mejoramiento de vías terciarias para una paz estable y duradera en los municipios de Putumayo” tiene registro fotográfico de labores realizadas en Colón, Mocoa, Puerto Asís, Orito, Villagarzón y Puerto Caicedo, además de una socialización de proyecto para actividades de excavación y alcantarillado en Orito. En contraste, tan sólo la mitad de los entes territoriales del departamento han evidenciado avances en algunas de sus vías terciarias y únicamente cinco de los categorizados como Zomac.
La corrupción es una importante variable que se desprende de la adjudicación y ejecución de este tipo de proyectos financiados por el SGR y aunque hay documentación adelantada en materia de contratos, es menester resaltar que algunas obras ya cuentan con adelantos físicos dentro del Mapa de Regalías. Los proyectos aprobados en el segundo semestre de 2019 sufrieron retrasos, posiblemente a causa de la cuarentena estricta decretada a finales de marzo de 2020; sin embargo, el Gobierno Nacional reactivó todos los sectores productivos en el país, con lo que también se espera retomar veedurías, controles administrativos y seguimiento comunitarios de estas importantes obras.
Objetivos del OCAD Paz
Desde Crudo Transparente, se analizaron los cuatro criterios presentes en el Decreto 1534 de 2017 respecto a los objetivos que debería cumplir este órgano en cuanto al fortalecimiento de la paz en los distintos territorios y entidades administrativas con mayor afectación del conflicto armado en el país. En el presente documento, se estudiará la pertinencia de cada uno de los proyectos y si estos concuerdan con los objetivos de creación del OCAD Paz. Los criterios a evaluar son:
-Beneficio a la población de las entidades territoriales con mayor grado de afectación por el conflicto
En principio, se esperaría que los proyectos vayan dirigidos a los territorios con afectaciones propiciadas por el conflicto armado. En Putumayo, tres de once proyectos provenientes del OCAD Paz se encuentran viabilizados en entes territoriales que no hacen parte de la lista Zomac. Además de ello, estos mismos se encuentran dirigidos a municipios que ocupan puestos muy distantes en la lista de priorización para OCAD Paz emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dirigida a los 1 102 municipios del país; Santiago (618); Colón (550) y San Francisco (537).
Así, ocho de los proyectos logran entrar en la primera de las variables por llegar a los entes territoriales que más sufrieron la lucha armada; sin embargo, tres están direccionados al departamento en general, logrando el objetivo del presente criterio, pues incluye los nueve municipios pertenecientes al listado Zomac. Llama la atención que uno de los proyectos esté dirigido a la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Leguízamo, con la finalidad de implementar sistemas de energía solar fotovoltaica, lo que en definitiva no deja claro si el proyecto tiene como finalidad compensar la afectación del conflicto que vivió esta jurisdicción o solo se tomó provecho del OCAD para viabilizar esta obra.
Así las cosas, sería pertinente evaluar los procedimientos de aprobación en este órgano colegiado teniendo en cuenta, por ejemplo, que para el corregimiento El Placer, jurisdicción de Valle del Guamuéz, sólo hay un proyecto aprobado direccionado a la implementación de energía fotovoltaica. Recordando que allí hizo presencia el Frente 48 de las FARC junto al negocio del narcotráfico, posicionándose como fuente económica principal trayendo consigo, en 1987, a Gonzalo Rodríguez Gacha quien aprovecharía la bonanza cocalera de diez años atrás cuando se consolidaron los primeros cultivos de hoja de coca [7].
El anterior, es uno de tantos ejemplos en los que miles de putumayenses sufrieron las oleadas del conflicto, durante los años más álgidos de la violencia armada, el desplazamiento forzado en Putumayo históricamente sumó 139 932 personas. Si bien los proyectos aprobados en el OCAD Paz, para la reconstrucción y el fortalecimiento de la misma, buscan consolidar los objetivos aquí estudiados, también es válido señalar que desde este se deben viabilizar proyectos más concretos y coordinados con el fin último del órgano colegiado [8].
Hacia principios de 2020, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), alertó acerca del posible desplazamiento de 20 familias procedentes de Puerto Guzmán (Putumayo) hacia Caquetá. El OCAD podría apoyar en mayor medida a la mitigación de la reaparición armada violenta y la movilización de familias campesinas que vuelven a salir de sus tierras por las amenazas de actores armados. Como son contundentes, sobre el papel, las acciones que busca tomar el OCAD Paz, igualmente deben ser en cuanto a beneficios y oportunidades para llegar a dar cumplimeinto de los objetivos trazados [9].
-Inversión destinada a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos
En cuanto a este criterio, ninguno de los proyectos se centra en atender las más de 20 000 familias que se acogen al PNIS en el departamento; por el contrario, los cultivos de coca son objeto de erradicación forzada, lo que deriva en enfrentamientos entre población civil y Fuerza Pública. De los 11 proyectos destinados por el OCAD para Putumayo, apenas uno va dirigido al fortalecimiento del sector Agricultura y Desarrollo Rural, directamente a productores porcícolas, piscícolas y avícolas, específicamente que hayan sido afectados por la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia (O.D.C) en 2018 las hectáreas cultivadas de hoja de coca eran de 26 407, mientras que para 2019 la reducción tan solo fue de 1 435 ha., registrando 24 972 hectáreas. Lo que sigue posicionando a Putumayo como una de las zonas en las que hay mayor presencia de esta problemática por la fuerte influencia de grupos dedicados al negocio del narcotráfico y sobre todo por las reiteradas denuncias sobre incumplimientos del Gobierno central alrededor del campesinado y la sustitución de estos cultivos.
El 3 de julio de 2020 la Asociación Minga denunció operaciones de erradicación forzada por parte de integrantes de la Fuerza Pública en el corredor Puerto Vega-Teteyé, en Puerto Asís (puesto 5 en el listado de priorización de MinHacienda), sin embargo para este ente territorial no hay proyectos directos asignados. En consecuencia, se pronunciaron para que el Gobierno cumpla lo acordado en el PNIS y el respeto por los diálogos como el mejor de los escenarios; no se observa un aporte del OCAD hacia la mitigación de la conflictividad alrededor de los cultivos ilícitos, siendo este uno de los temas álgidos en la región y que en ocasiones deja pérdida de vidas humanas [10].
-Inversión destinada a fortalecer el desarrollo económico y social en zonas rurales
De los once proyectos, dos se encuentran destinados a la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica, uno en Valle del Guamuéz, mientras que el tercero busca interconectar zonas en Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y Puerto Leguizamo. Es importante mencionar que hace falta una mayor especificidad en la definición de las obras, pues no se habla de zonas rurales como por ejemplo La Tagua en Puerto Leguízamo, donde el Bloque Sur de las ex FARC se tomó una base militar; tampoco se habla de El Tigre, en Valle del Guamuez, lugar en el que las AUC perpetraron una masacre con un saldo de 28 muertos.
Por otro lado, los restantes nueve proyectos logran entrar dentro del criterio, ya que están dirigidos a zonas veredales o rurales y al fortalecimiento económico y social de las mismas. Aunque de seis destinados al sector transporte, tres se encuentran dirigidos a Colón, Santiago y San Francisco, que sigue dejando en duda la aplicación de los criterios de priorización que utiliza el OCAD Paz a la hora de aprobar obras que cumplan con el fin último del mismo como es atender las zonas mayormente afectadas por la violencia interna.
-Inversión destinada a la reparación de víctimas del conflicto
Entre el 50 y 60 % de la población rural putumayense ha sufrido el flagelo del conflicto armado, desplazándose hacia Mocoa o Puerto Asís. El departamento fue disputado por grupos armados no estatales en busca de las rutas para el tráfico ilegal de droga, situación que actualmente sigue vigente en menor medida, pero con graves consecuencias económicas, sociales y el miedo de la crueldad que tuvo lugar en el pasado y que amenaza con reaparecer. Ejemplo de ello fue el secuestro en febrero de 2020 de un fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Fátima en Puerto Guzmán, que terminó cobrando su vida [11].
Ninguno de los proyectos que se han avalado por parte del OCAD Paz para Putumayo va en línea, por ejemplo, con la reparación o las garantías de no repetición que necesita un territorio golpeado por el conflicto interno. Por el contrario, en zonas veredales el regreso de los asesinatos y amenazas de muerte no es solo una idea, sino una realidad. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) la cifra de atentados contra la vida de líderes sociales está en 185 personas para 2020. En Putumayo, desde enero han sido registrados 16 hechos violentos contra activistas y defensores de Derechos Humanos [12].
Conclusiones
De acuerdo con lo expuesto en cada uno de los criterios anteriores, el OCAD Paz difícilmente llega a contribuir en las expectativas para el fortalecimiento y consolidación de una paz estable y duradera. Aunque sean proyectos que suman para el desarrollo y crecimiento social y económico del departamento, como por ejemplo la construcción de vías de acceso y transporte para poblaciones rurales, es notorio que se alejan de los objetivos y criterios analizados en esta investigación y que son la finalidad misma del órgano colegiado. Tres de las obras impulsadas son específicas en fortalecer zonas rurales implementando energía fotovoltaica y redes de media y baja tensión en algunas veredas de Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez y Villagarzón.
Se deberían reconsiderar criterios como el 1 y 2 en cuanto a viabilizaciones y aprobaciones, e intentar priorizar sectores como la educación o el mejoramiento agrícola que son fundamentales para el trabajo del Estado como garante de derechos fundamentales, desde allí por ejemplo se afianza la construcción de paz y la implementación de los Acuerdos que se firmaron en el Teatro Colón, así como la reparación que se busca brindar a todas las víctimas del conflicto armado interno que sufrió el país por más de 50 años.
Si bien los proyectos analizados a lo largo de esta investigación son dirigidos a problemáticas que sufre el pueblo putumayense constantemente, el mismo OCAD deja por fuera uno de los temas más álgidos en el departamento y es la reaparición violenta propiciada por las disputas territoriales de grupos armados no estatales que se enfrentan por los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico. A partir de esto y producto de los incumplimientos en el PNIS denunciados por la comunidad, cientos de familias campesinas se han visto obligadas a seguir con los cultivos de hoja de coca.
Es importante resaltar los esfuerzos por el mejoramiento de vías terciarias que permitan al campesinado el traslado de sus productos hacia el interior del país, en cuanto al sector transporte. Sin embargo, si del OCAD Paz no salen ayudas contundentes para el fortalecimiento agrícola de Putumayo, estas vías quedarán simplemente a modo de decoro; asimismo, vale la pena resaltar que este tipo de proyectos son también viabilizados por sesiones de otros OCAD, cuestión que deja en entredicho el valor agregado que ofrece el dirigido a la Paz.
Por otro lado, cuando se habla de educación, un solo proyecto se desprende de este órgano y se define como el fortalecimiento de infraestructura rural, pero resulta complicado tener aulas dotadas de implementos para estudio, si no se atiende a la población estudiantil que sufre las consecuencias de la corrupción alrededor del PAE. Sería adecuado, ya que este sector solo cuenta con un proyecto, que en el futuro se direccione hacia la consolidación de un mayor control alrededor de mejoras en la alimentación estudiantil.
Igualmente, con facilidad los restantes tres proyectos pertenecientes al sector Minas y Energía podrían ser aprobados por otros OCAD, ya que el concerniente a Paz debe priorizar criterios como la reparación a las víctimas del conflicto o el desarrollo rural integral. En definitiva, pareciera que se utiliza este órgano colegiado para viabilizar obras que son desaprobadas en sesiones de otros OCAD como el departamental o municipal, es igualmente preocupante que se desconozca el propósito de los dineros para la paz conociendo el contexto social que ha generado el conflicto armado y la falta de oportunidades generadas a partir del mismo.
Como reflexión final, se sugiere una cuidadosa veeduría ciudadana, de la sociedad civil y los entes de control gubernamentales alrededor de este OCAD que busca asegurar diferentes puntos en cuanto a la consolidación de la paz en todo el territorio Nacional. En zonas apartadas del país como Putumayo se debería velar porque el cumplimiento de esta figura se centre en lo importante, las víctimas, el no retorno de la violencia y el cuidado de la vida. Es indispensable que el Gobierno continúe realizando esfuerzos por consolidar y aplicar lo acordado en La Habana, ya que los únicos afectados por cualquier tipo de enfrentamiento que se suscite, en medio de la implementación de los Acuerdos, son las poblaciones rurales más apartadas.
Referencias
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2017). Decreto 893 del 28 de mayo de 2017. Recuperado de: https://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/normatividad/DECRETO_893_28_MAYO_2017.pdf
- Base de Datos Excel de Gesproy (2020).
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Unodc, (2020). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_Cultivos_Ilicitos_2019.pdf
- Procuraduría General de la Nación (2020). Procuraduría instó al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Putumayo definir estrategias suficientes para sustitución de cultivos ilícitos. Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-insto-al-Gobierno-nacional-y-a-la-Gobernacion-de-Putumayo-definir-estrategias-eficientes-para-sustitucion-de-cultivos-ilicitos–.news
- Rutas del conflicto (2019). La comunidad Inga abrió su primera tienda de café con sabor a paz en el barrio La Candelaria, Bogotá. Recuperado de: https://rutasdelconflicto.com/notas/wuasikamas-la-amapola-cafe
- Base de Datos Excel de Gesproy (2020).
- Centro de Memoria Histórica (2014). Conflicto armado y narcotráfico. Caso: El Placer-Putumayo. Recuperado de: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/presentaciones/Sesion-6/ConflictoArmadoNarcotrafico.pdf
- El Espectador (2018). ¿Qué está pasando con la reubicación de desplazados en Putumayo? Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/que-esta-pasando-con-la-reubicacion-de-desplazados-en-putumayo-articulo-857358/#:~:text=La%1020cifra%20hist%C3%B3rica%20de%20desplazamiento,de%20V%C3%ADctimas%2C%20van%201.015%20casos.
- Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Alerta por graves anuncios del paro armado en Putumayo. Recuperado de: https://pares.com.co/2020/02/13/alerta-por-graves-anuncios-del-paro-armado-en-putumayo/
- Asociación Minga (2020). Comunicado público ante las nuevas agresiones de Fuerza Pública a campesinado del Putumayo. Recuperado de: https://asociacionminga.co/index.php/2020/07/04/comunicado-publico-ante-nuevas-agresiones-de-fuerza-publica-a-campesinado-del-putumayo/
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- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020. Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/