Colprensa – El País
Un informe sobre las medidas que se han adoptado para hacer frente al incremento en los riesgos de seguridad que enfrentan los excombatientes en proceso de reincorporación, en departamentos como Antioquia, Meta, Huila, Putumayo y Cauca, pidió la Procuraduría General de la Nación a la Consejería para la Estabilidad y la Consolidación de la Presidencia de la República.
El Ministerio Público mostró su preocupación ante el incremento de los casos de que han sido víctimas los excombatientes en proceso de reincorporación y advirtió que es importante articular e implementar acciones urgentes para frenar los homicidios, atentados y amenazas, en regiones como La Uribe, Meta; Algeciras y Pitalito en Huila; Ituango, Frontino y Mandé en Antioquia, y Miranda, Cauca.
El órgano de control también requirió información sobre las acciones adelantadas para garantizar la seguridad de los excombatientes localizados en Argelia y Monterredondo, Cauca, y pidió reporte sobre los avances en la consolidación o traslado del antiguo Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en este último municipio.
Según la Misión de Observación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde la firma del acuerdo de paz se han presentado 212 asesinatos de excombatientes en proceso de reincorporación, entre ellos los dos casos reportados esta semana en Huila y Meta; así como 48 intentos de homicidio y 15 desapariciones.
La Procuraduría informó que conoció denuncias de riesgos de seguridad por parte de los excombatientes en los ETCR de Santa Lucía en Ituango, y la Carmelita, en Puerto Asís, y en lugares donde hay una población representativa de personas en proceso de reincorporación.
En respuesta a la Procuraduría, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocó a una reunión el próximo 23 de julio, de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad en la Estabilización y la Consolidación.
En esta mesa participan el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.