Por: Pablo Suárez
Introducción
El Gobierno Nacional presentó el año pasado una reforma al SGR la cual pasó los ocho debates a los que debía ser sometida en el Congreso de la República. Uno de los puntos principales dentro de esta reformulación es el cambio en los porcentajes de asignación de dineros provenientes de regalías para todas las regiones del país; adicionalmente, mediante proyecto de Ley, se busca únicamente contar con unas figuras regionales, en referencia a los OCAD, esperando que sea más sencillo el trámite, aprobación y viabilización para las regiones. Tema que se esperaba discutir en la primera legislatura de 2020.
El 30 de marzo se esperaba radicar en el Congreso de la República el proyecto de Ley que reglamentaría el acto legislativo 05 de 2019 para el SGR en el país, pero la situación de salubridad, Covid-19, detuvo momentáneamente este y otros trámites. Anterior a esto, la Federación Nacional de Departamentos (FND) se reunió en Bogotá el 10 del mismo mes y mediante comunicado dejó como petición al Gobierno Nacional la descentralización de los recursos provenientes de regalías, esperando que la figura de los OCADs regionales no desaparezca y sean estos quienes prioricen, viabilicen y aprueben los proyectos y no entidades centralizadas, ya que son las regiones quienes saben de sus verdaderas necesidades [1].
Putumayo cuenta, dentro de sus actividades económicas más marcadas, con la exploración y producción de hidrocarburos en siete de sus trece municipios: Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel. Derivados de este ejercicio petrolero, desde 2012 y solo hablando del OCAD departamental, se desprenden 205 proyectos de inversión aprobados hasta diciembre de 2019 en territorio putumayense.
A continuación, se profundizará en el rendimiento que ha tenido el OCAD departamental Putumayo dentro del periodo 2012-2019, si su funcionamiento ha sido apropiado en tanto a trámites, estudios y conveniencia de los proyectos presentados para esta parte del territorio nacional. En donde por diferentes circunstancias pareciera que se saca provecho de la intermitente atención estatal, lo que finalmente desencadena en figuras como la corrupción y el desinterés por parte de mandatarios o empresas que se adjudican con contratos para llevar a cabo obras que no se materializan o quedan a media marcha.
Proyectos ejecutados en el departamento y balance
De acuerdo con la investigación Análisis de los proyectos financiados por el SGR en el Putumayo, realizada por Crudo Transparente, el departamento cuenta con una ejecución de proyectos con dineros de regalías del 84,78 %, por encima del promedio nacional que tiene 70 % de eficiencia [2]. Lo anterior surge de agrupar la totalidad de OCADs en el territorio, lo que permite observar el buen rendimiento en cuanto a aprobación y ejecución de los proyectos. Asimismo, da razón a la postura que tomó también el gobernador Rosero en el encuentro del FND, pues al menos en Putumayo las cifras parecen respaldar la petición de permitir a los departamentos administrar estos recursos minero-energéticos.
El OCAD Putumayo contaba, a primer trimestre de 2019, con una aprobación de proyectos del 84 % [3], lo que podría dar cuenta de los buenos consensos a los que se ha llegado dentro de este órgano. De acuerdo con la base Gesproy, en Putumayo se han aprobado un total de 205 proyectos, desde 2012 a diciembre de 2019 ejecutados por el OCAD departamental, en sectores como Agricultura y desarrollo rural (23); agua potable y saneamiento básico (40); ambiente y desarrollo sostenible (27); comercio industria y turismo (2); cultura (1); deporte y recreación (10); educación (38); inclusión social y reconciliación (5); minas y energía (15); planeación (1); salud y protección social (4); transporte (38) y vivienda (1) (Gráfico 1).
Gráfico 1: Cantidad de proyectos aprobados y ejecutados por sector.
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la inversión en sectores de gran relevancia para el departamento como Agua potable y saneamiento básico, educación y transporte, suma un total de 116 obras y $153 581 105 483 millones de pesos en inversión, como lo muestra el cuadro 1 con las cifras totales por sector. Mediante el siguiente cuadro muestra el valor total, por sectores, de los 205 proyectos aprobados por el OCAD Putumayo a diciembre de 2019:
Cuadro 1: inversión por sectores en Putumayo (cifras en miles de millones de pesos)
| Sector | Total de los proyectos | Dinero proveniente del SGR | Directas |
| Transporte | $ 73 302 962 980 | $ 72 858 094 8709 | $ 72 514 625 350 |
| Agricultura y Desarrollo rural | $ 25 167 293 681 | $ 20 955 122 137 | $ 20 955 122 137 |
| Agua potable y saneamiento básico | $ 59 989 920 469 | $ 58 596 593 877 | $ 58 596 593 877 |
| Ambiente y desarrollo sostenible | $ 20 305 523 241 | $ 17 730 149 625 | $ 16 569 918 557 |
| Comercio industria y turismo | $ 300 863 621 | $ 270 863 621 | $ 270 863 621 |
| Cultura | $ 307 776 869 | $ 307 776 869 | $ 307 776 869 |
| Deporte y recreación | $ 16 497 832 458 | $ 13 860 365 903 | $ 13 580 365 903 |
| Educación | $ 20 288 222 034 | $ 19 497 884 734 | $ 19 497 884 734 |
| Inclusión social y reconciliación | $ 6 791 798 390 | $ 6 638 852 415 | $ 6 638 852 415 |
| Minas y energía | $ 24 411 258 523 | $ 23 971 352 916 | $ 23 971 352 916 |
| Planeación | $ 613 805 808 | $ 516 448 004 | $ 516 448 004 |
| Salud y protección social | $ 3 527 054 122 | $ 2 799 620 000 | $ 2 799 620 000 |
| Vivienda | $ 295 359 328 | $ 295 359 328 | $ 295 359 328 |
Fuente: Elaboración propia con datos de Gesproy [5].
En principio, se observa una inversión de 73 mil millones de pesos, la de mayor inyección para este OCAD hasta entonces, en el sector transporte. El cual resulta de gran importancia para el departamento, pues es una deficiencia que se observa en las carreteras putumayenses. Se llevaron a cabo 23 proyectos para arreglos de red urbana; 3 destinados a red vial secundaria y 13 direccionados a red vial terciaria. De estos últimos 9 se encuentran terminados en su totalidad, 2 en ejecución y 2 aún sin contratar. Lo mencionado retrata la eficiencia en ejecución de las obras para este subsector, ya que son constantes los problemas; por ejemplo, con el traslado de productos agrícolas como cacao, pimienta y arazá, derivados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Es importante mencionar, en este punto, que solo entre Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Puerto Leguízamo, San Miguel y Orito, existen aproximadamente unos 600 kilómetros de vías terciarias [6], siendo estos algunos de los municipios con mayores beneficiarios del programa de sustitución de cultivos que financia el Gobierno Nacional.
Dichos problemas, son advertidos reiteradamente por las comunidades; igualmente, en el departamento hay presencia de empresas petroleras como GeoPark, Emerald y Gran Tierra Energy, quienes transportan materiales y trabajadores de sus campos a diario. Estas compañías, al igual que la población, se verían beneficiadas con una óptima utilización de estos recursos en las carreteras del departamento. Sin embargo, para la comunidad toda la explotación realizada por estas petroleras y los dineros que estas retribuyen no se ven materializados debido al mal estado en el que actualmente se encuentran las vías principales.
Lo anterior se muestra como un óptimo impulso para garantizar los avances en materia de infraestructura, que comunidades indígenas y campesinas no vean dificultades a la hora de transportar sus productos y comercializarlos dentro y fuera del departamento. El emprendimiento alrededor de estos cultivos sustitutos parece ganar mayor terreno dentro del pensar departamental, así se puede constatar en las distintas campañas publicitarias con el slogan “yo apoyo al productor putumayense”, presentes en las calles de su ciudad capital, Mocoa.
Haciendo referencia al sector agua potable y saneamiento básico tan solo 24, poco más de la mitad, muestran avances en su desarrollo; tres cuentan con desaprobación; dos no tienen avances y once siguen en proceso de ejecución. El suministro de agua y su tratamiento es fundamental para la región, pues las fuentes hídricas son abundantes y en lugares como Mocoa que está rodeada casi por diez ríos, el servicio tiende a ser deficiente por la falta de un acueducto que no suspenda su servicio cuando la temporada invernal llegue a la región.
Por ejemplo, hacia finales de febrero e inicios de marzo del 2020 la firma Litros que ayudan, avalada por la Cruz Roja, lanzaba una campaña para atender la creciente del río Mulato, próximo a la capital putumayense, que afectó la bocatoma del acueducto. Aproximadamente al 80 % de la ciudad se vio perjudicada con el corte del servicio [7]. Si bien la geografía e hidrografía del departamento no facilita la estabilidad de un sistema de acueducto, también es cierto que esta problemática ha sido advertida en diferentes ocasiones por las autoridades competentes, como pasó con la fatídica avalancha de 2017, que habría sido alertada con año y medio de antelación.
En cuanto al área de Agricultura y desarrollo rural, 20 de los 23 proyectos aprobados muestran un avance total del 100 % y tres se encuentran en ejecución. Este sector también de suma importancia debido a las distintas problemáticas que se manejan en el departamento por la siembra de cultivos ilícitos. El Gobierno por medio de la figura sustitución y la inyección monetaria al subsector proyectos de desarrollo rural, ha impulsado productos como el cacao, la pimienta y el aguacate. Cabe aclarar que en Putumayo había gran presencia de las extintas FARC-EP, por tanto estos proyectos se derivan del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Santos y el extinto grupo armado.
El curso que toman algunos de estos recursos, dentro del OCAD del departamento, para robustecer los trabajos de campesinos que se acogen a la sustitución voluntaria en cuanto a cultivos de hoja de coca en Putumayo. De hecho, uno de los proyectos de desarrollo rural en Puerto Caicedo y Puerto Asís dicta: “Apoyo a la producción material vegetal de buena calidad para el fomento de los cultivos de pimienta (Piper Nigrum)” [8]. Lo que, a priori, permitiría evidenciar el aparente compromiso de las administraciones gubernamentales en cuanto a la aprobación de estas iniciativas. De esta manera, el dinero proveniente de SGR y la explotación minero-energética aporta al fortalecimiento de la paz en regiones apartadas del país como Putumayo.
Uno de los sectores que también requiere especial atención es el de educación. Se encontró que 38 proyectos han sido aprobados y viabilizados, 27 se encuentran en calidad de terminados con 100 % de ejecución, mientras que cuatro fueron desaprobados y siete siguen en ejecución. Está por ejemplo: Adecuación de restaurantes en instituciones educativas del departamento, este tipo de obras son complementarias para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin duda un tema ligado a este sector y que se ha visto golpeado por la corrupción.
Recordar que el PAE en Putumayo no ha estado exento de cuestionamientos. Se han denunciado retrasos en los pagos a proveedores y manipuladores de alimentos por parte de operadores contratados por la gobernación, lo que ha derivado en paros que afectan a cientos de estudiantes putumayenses [9]. Las anomalías presentes en los contratos y sus posteriores procedimientos, así como los actos de corrupción que se derivan de los proyectos a ejecutar en el territorio nacional, alimentan y se direccionan a la base de datos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) [10].
Casos de irregularidades
De los 205 proyectos aprobados por el OCAD departamental 184 presentan irregularidades dentro del SMSCE; en 2013 se reportaron dos casos, uno en 2014, 26 para 2015, igual número para 2016, 12 en 2017, 83 casos para 2018 y 34 en 2019 [11]. Cerca del 90 % de los proyectos en Putumayo cuentan con reportes negativos o de incumplimientos en algunos de sus pasos. Dejando mal posicionado, en cierto modo, el correcto rendimiento con el que cuentan los OCADs municipales y regional en conjunto, como se mencionó al inicio de este escrito.
La siguiente gráfica muestra la tipología de las anomalías que se tienen en el registro de la base de datos del SGR para el OCAD departamental:
Gráfico 2: Irregularidades reportadas en el SMSCE.
Se mencionan algunos de los casos en los que se ha hecho seguimiento y que se encuentran reportados en la página del SGR y el gráfico 2. Por ejemplo, en Orito uno de los proyectos ajustado al sector Transporte, destinado al fortalecimiento de una red vial secundaria, no atendió las acciones de mejoras derivadas del monitoreo, seguimiento y evaluación. A partir de lo anterior, se aplicó la medida preventiva de suspensión de giros previo trámite del procedimiento [13]. Sin embargo, aún después de los monitoreos y de contar con un máximo de periodo aprobado con fecha al primero de noviembre de 2019, y con el proyecto viabilizado desde el mismo mes de 2014, la base de Gesproy reporta un avance físico del 0 %, el avance financiero es de 50 % y un estado general todavía en ejecución.
El plazo inicial del contrato, que se adjudicó a la Unión Temporal El Triunfo 2015 mediante licitación pública de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, era de 33 meses a partir de septiembre de 2015; es decir, para mediados de junio de 2018 el proyecto debía tener un balance satisfactorio. Aunque, como se mencionó anteriormente, el mismo aparece en “ejecución” y la base de datos de contratos también con corte a diciembre de 2019 lo registra como un contrato “suspendido”. Adicionalmente, el proyecto ya contaba con reiterados llamados de atención realizados por el ente de control.
Otro proyecto que presenta reportes negativos es el denominado Apoyo al fortalecimiento de la educación superior en el departamento del Putumayo, a pesar de contar con un avance del 100 % y una inversión de un poco más de mil millones de pesos, el mismo contó con dos llamados especiales. El primero se dirigía a una presunta falta de interventoría, mientras que el segundo dicta presuntos incumplimientos contractuales [14]. La modalidad de contratación fue directa, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, tanto para el ente público, Icetex, como para el contratista, a quien se le adjudicó un contrato de $ 19 980 000 en concordancia con la base de datos de contratos con corte del 15 de diciembre de 2019. La fecha de aprobación del proyecto es de diciembre de 2012; sin embargo, de acuerdo a la base Gesproy, este se encuentra apenas en estado de cierre.
Siguiendo la línea del sector educación, el proyecto llamado: Aplicación del conocimiento y fortalecimiento de bilingüismo a través de la apropiación de una plataforma virtual y uso de TICs en todo el departamento, también cuenta con un reporte negativo. Señala el ente de control que hubo una presunta falta de planeación en la ejecución y procesos de selección, además los documentos se habrían presentado de manera extratemporánea [15]. El avance físico y financiero es de 98 y 97 % respectivamente, con un estado general “terminado”. Asimismo, se constató con el Mapa de Regalías arrojando los mismos porcentajes. La modalidad de contratación fue licitación pública, concurso de méritos y contratación con entidades sin ánimo de lucro.
La construcción de cuatro aulas y una batería sanitaria para la I.E.R. Agua clara sede Las Heliconias, ubicado en San Miguel, en el bajo Putumayo, cuenta con un reporte preventivo donde se señala que: “de conformidad con lo evidenciado en el acta de visita, se presume falla en la planificación del proyecto al omitirse un estudio técnico apto en donde se identificarán factores que aseguran la idoneidad del mismo” [16]. Sin embargo, este presenta un avance del 100 % físico y financiero. La modalidad de contrato que se ejecutó fue directa, con el municipio receptor y un concurso de méritos con el que se adjudicó Habitat arquitectura ingeniería LTDA como interventor.
Con respecto al sector Agua potable y saneamiento básico se encontró, por ejemplo, el reporte de no cierre del proyecto y fallas en la labor de interventoría, además de presuntos incumplimientos contractuales (publicación extratemporánea en el SECOP) [17]. Lo anterior para la construcción del alcantarillado pluvial de la avenida del río en Puerto Caicedo. Una particularidad que en la base de Gesproy es el avance físico y financiero del 100 % de la obra.
Los casos mencionados anteriormente hacen parte de las 184 irregularidades que se han presentado dentro del OCAD departamental. Vale la pena hacer una salvedad o corrección, pues observando detalladamente la página en la que se encuentran estos reportes, se evidencia que un proyecto puede tener dos o más anomalías registradas.
Es decir, no es que de los 205 proyectos 184 cuenten con alertas u observación negativas de los entes de control. Igualmente, no deja de ser llamativo que un proyecto cuente con varios llamados de atención, si bien llegan a su apropiada finalización es importante el monitoreo no solo del SMSCE, sino de la comunidad y las autoridades locales ya que son ellos los directos beneficiarios si ejecutan satisfactoriamente las obras o en su defecto afectados, si estas llegaran a quedar inconclusas.
Ahora bien, de los proyectos avalados por el OCAD Putumayo, también se derivan diferentes entidades ejecutoras, que si bien tienen la supervisión departamental son estas las encargadas de la materialización o interventoría. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: entidades ejecutoras de proyectos viabilizados por OCAD departamental.
| Entidad | Número de proyecto | Valor del proyecto |
| Aguas de Mocoa S.A. E.S.P | 1 | $ 1 501 105 544 |
| Departamento | 172 | $ 190 743 953 680 |
| Empresa de agua potable y saneamiento Orito | 1 | $ 3 614 429 859 |
| Empresa de energía del Valle de Sibundoy | 3 | $ 7 095 179 278 |
| E.S.P Puerto Leguízamo | 7 | $ 18 492 894 767 |
| Municipio de Colón | 1 | $ 340 705 324 |
| Municipio de Mocoa | 1 | $ 3 487 510 399 |
| Municipio de Puerto Caicedo | 2 | $ 8 215 934 540 |
| Municipio de Puerto Guzmán | 1 | $ 1 293 943 245 |
| Municipio de Puerto Leguízamo | 1 | $ 2 395 133 616 |
| Municipio de San Francisco | 3 | $ 5 993 393 493 |
| Municipio de Sibundoy | 7 | $ 6 032 209 317 |
| Municipio de Villagarzón | 1 | $ 1 347 788 446 |
| Valle del Guamuéz | 4 | $ 1 245 490 017 |
| Total | 205 | $ 251 799 671 526 |
Fuente: elaboración propia con datos de Gesproy [18].
Adicionalmente, son cuatro los proyectos que se encuentran con reportes críticos en las bases de datos de Gesproy, por lo menos en lo que respecta al OCAD departamental, por tanto se hará mención a estos en el siguiente apartado. El primero de ellos, que para finales de 2018 mantenía, presumiblemente, mal funcionamiento, es la construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colón.
El proyecto mencionado anteriormente, contó con una modalidad de contratación de licitación pública (Ley 1150 de 2007) para la obra, mientras que el interventor se otorgó por concurso de méritos, siendo dos personas naturales las encargadas de los mismos. Vale la pena resaltar las diferentes inconsistencias con las que contaba este trabajo y que se modificaron apenas hacía 2015, donde se determinaba que los recursos en el contrato eran insuficientes para dar una terminación a la obra en un 100 %. Sin embargo, se reportaron retrasos injustificados, abandono y suspensión.
Adicionalmente, los contratistas mediante el oficio SPD-ST OCAD-0367 del 26 de febrero de 2018, se señaló que para ese año el proyecto ya cumpliría tres años de retraso, pues se encontraba frenado desde 2015, por tanto se iniciaría su proceso de liquidación [19]. A la fecha, en la base de Gesproy con corte a diciembre de 2019 la obra tiene estado “en ejecución” con un avance físico del 95 % y financiero del 96 %.
Otra de las obras con estado crítico es la denominada Construcción vía paisajística sobre la avenida el río, en Puerto Caicedo. A diciembre de 2018 el proyecto presentaba inversión de $ 2 170 millones y con aparentes rastros de deterioro, además, retrasos injustificados con una fecha límite de 12 meses, la obra ya contaba con más de 66 meses de demoras. El avance físico, en la base de proyectos críticos, es del 89 % y financiero del 79 %, contrastando con lo registrado en la base de datos de Gesproy, allí es del 79 % y 88 %, respectivamente. Sumado a esto, el proyecto sigue con estado de “en ejecución”.
También se encontró el caso del proyecto Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente del municipio de Orito, con número BPIN 2012006860035. Por su parte, esta obra aprobada en 2012 esperaba ser ejecutada en 10 meses, su terminación se proyectó para 2014 y sin embargo, obtuvo cinco suspensiones y cuatro prórrogas. Un aspecto a tener en cuenta, para ese momento, es la negativa de la comunidad indígena Alnamawami, que habita el área trabajada, que no permite la conexión de las baterías sanitarias al tanque de almacenamiento. A ocho años de su aprobación, el estado físico del proyecto es de 77 % y financiero del 61 %.
Para finalizar, se encontró crítica la obra Construcción puente sobre el río Orito, vereda El Triunfo, en Orito. Para este proyecto el estudio que se realizó concluye que el puente en cuestión debía ser ampliado 9,45 metros con recursos aproximados de $ 221 399 347 millones. La ejecución del proyecto se dio en septiembre de 2015 con plazo de 6 meses, sin embargo, por inconvenientes técnicos fue suspendido en octubre. La demora a fecha del reporte, diciembre de 2018, era de 40 meses. El avance físico era de 0 %, mientras que financiero fue de 50 %, este último dato encontrado en la base de Gesproy con corte de diciembre de 2018.
Un total aproximado de 51 491 personas se verían beneficiadas con los proyectos anteriormente mencionados; de estos, dos pertenecen al sector Transporte, uno a Ambiente y Desarrollo Sostenible y un último al sector Agua potable y Saneamiento básico. El total de inversión con el que contaban inicialmente se ubicó por los $ 8 862 922 214 millones de pesos, dinero que aparentemente no fue ni está siendo administrado debidamente, ya que se evidencian demoras en los contratos y prórrogas que, de acuerdo a lo investigado, son incumplidas mientras los avances en las obras parecen no llegar a buen puerto.
Conclusiones
Considerando que tan viable sería la posible desaparición de algunos OCADs, entre ellos los departamentales, se encuentra que el pertinente a Putumayo ha contado con una eficiencia y efectividad en las diferentes variables que se tienen en cuenta como aprobación, viabilización y ejecución de los proyectos. Como se mencionó a lo largo del escrito, el OCAD estudiado contaba para 2019 con un 84 % de buen desempeño, de hecho siendo superior al consolidado nacional que rondaba apenas el 70 %.
La reunión de la FND en marzo del año en curso, lleva a concluir a priori que la preocupación de Buanerges Rosero acerca de la posible centralización de los recursos de regalías para los departamentos, dentro de un OCAD regional, estaría posiblemente justificada, ya que como lo manifestaron los gobernadores, a través de un documento, “son los departamentos quienes verdaderamente conocen sus necesidades”, y por lo menos mediante cifras arrojadas desde 2012 y descritas a lo largo de este documento, el OCAD departamental daría soporte a este llamado.
Por otro lado, resulta relevante realizar un llamado para la debida vigilancia de los proyectos que cuentan con dos o más seguimientos como se encontró durante la investigación, ya que son 184 reportes negativos que están dentro de las 205 obras dirigidas al mejoramiento vial, rural, de transporte, educativo y en general al desarrollo óptimo del departamento. Es fundamental seguir de cerca los casos que opacan el buen funcionamiento del órgano colegiado putumayense.
Otro punto a favor del OCAD Putumayo son los mínimos casos de corrupción que se pueden encontrar en los proyectos. Las anomalías reportadas por la base de datos de obras en condición crítica a corte de diciembre de 2018, como se mencionó en el desarrollo del texto, parecen ser suficientes para que el ejecutor y los contratistas se hagan cargo de sus retrasos. Por más que minuciosamente se navegó en la búsqueda de actos ilícitos dentro de dicho órgano no se tiene evidencia de destituciones y nulidad en contratos adjudicados.
La información anterior llegó ya concluída esta investigación. Para tener una mejor claridad alrededor del cumplimiento de las obras, Crudo Transparente mediante oficio solicitó a la Gobernación un reporte de las 205 obras que se encuentran en la base de Gesproy; aún así, la oficina de Planeación Departamental tardó mes y trece días en contestar esta solicitud, aduciendo además que la “información de seguimiento hasta la fecha no fue adelantada por las administraciones anteriores”, afirmación que deja cierta preocupación, pues quiere decir que no se llevó control de los proyectos en ninguna de las dos administraciones anteriores a la de Buanerges Rosero.
Entendiendo también que la contingencia derivada del Covid-19 no facilitó la búsqueda de los datos requerido por esta ONG, así dicta parte del comunicado de la Gobernación: “(…) situación que ha obligado al cambio del modo en el cual se desarrollan muchos de los procesos administrativos (…)”. Aunque la petición se radicó el 10 de marzo de 2020, cuando aún no salía el Decreto presidencial del aislamiento obligatorio.
Desde otro ámbito, las partes críticas y que aparecen con permanente ejecución en las bases de datos de 2019, se debe hacer un llamado a la verificación de dichos proyectos. El OCAD no está lejos de contar con una eficacia del 100 %, de igual manera, aunque aún no se hacen los cambios, esta dependencia, junto con los OCADs municipales estan próximos a desaparecer, pues el Gobierno Nacional espera hacer cambios sustanciales dentro del Sistema General de Regalías, que venía operando en todo el país desde 2012.
Este especial sobre OCAD departamentales realizado por Crudo Transparente espera haber dado al lector un balance general de los mismos y su pertinencia tras su posible desaparición, ¿resulta apropiado realizar esfuerzos para mantenerlos? Con antelación se podría plantear como sugerencia un estudio más profundo sobre la disolución de estos órganos, pues como se mencionó a lo largo de esta investigación, por lo menos el concerniente a Putumayo ha demostrado porcentajes de aprobación y ejecución favorables.
Claramente, cada departamento tiene condiciones ya sea climáticas, laborales, sociales y económicas diferentes. Por tanto, resultaría óptimo que los departamentos mantuvieran la autonomía de estos recursos, pero que al mismo tiempo los mandatarios se muestren comprometidos con el desarrollo y crecimiento de los entes bajo su cargo, disminuir en su mínima expresión los casos de corrupción o desvíos de dineros, así como la adjudicación de contratos a operarios que dejan obras a media marcha o que al final no logran cumplir con lo pactado.
Bibliografía
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