Fuente : JusticiaRural
Aracely Hurtado no tiene horario. Trabaja las 24 horas como inspectora de Policía en Puerto Guzmán, el municipio donde se han registrado más asesinatos de líderes sociales en lo corrido de 2020. ¿Cómo es el trabajo de esta mujer admirable que busca llegar a acuerdos?
Como en los cuentos de terror, Aracely Hurtado salió del cementerio de Puerto Guzmán después de medianoche. En el camino, los perros lanzaron un tétrico aullido que la llenó de miedo. Llegó a casa exhausta y se acostó sin demora junto a su hijo de 2 años. Minutos después, el roce de una pierna la despertó de golpe y le arrancó un alarido que le espantó el sueño. Por más de un mes, Aracely no pudo dormir con su hijo, pues tocarlo le recordaba esos dos cuerpos desmembrados que había recogido cerca de la vereda Santa Helena para luego enterrarlos, como NN, en el cementerio del pueblo.
Aracely Hurtado López recuerda con pavor ese hecho ocurrido en 2002, cuando apenas tenía 23 años y era inspectora de Policía de Puerto Guzmán. En esa época, la violencia en Putumayo se disparó: el número de desplazados pasó de 15.621 a 31.177 en un año, y la tasa de homicidios llegó a 152 por cada 100.000 habitantes. A la propia Aracely la amenazaron de muerte y tuvo que dejar su pueblo para radicarse en Supía, Caldas.
Ocho años después regresó, con una convicción que al mismo tiempo era una suerte de letanía: “Este es mi pueblo. Yo no he hecho nada malo. No tengo por qué temer”. Hoy, a los 40 años, soltera y con cuatro hijos, Aracely es de nuevo la inspectora de Policía de Puerto Guzmán, donde la violencia ha regresado después de varios años de mediana tranquilidad. De acuerdo con datos de Indepaz, de los pueblos de Colombia, Puerto Guzmán tiene el mayor número de líderes sociales asesinados en 2020: 11 en menos de dos meses.
Foto: © Archivo particular
Gloria Ocampo, de 37 años, fue asesinada por unos sicarios en moto. La lideresa apoyaba la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Uno de los homicidios más divulgados en los medios de comunicación fue el de Gloria Ocampo, lideresa de la zona que impulsaba la sustitución de cultivos ilícitos. El día en que la asesinaron, Aracely recibió una llamada en la que una voz masculina le dijo sin rodeos: “Mataron a mi esposa”. Ya eran las nueve de la noche, pero se alistó para ir a la vereda La Estrella, donde había ocurrido el crimen. A continuación, llamó a los bomberos y a la Policía para que la acompañaran, pero ambos le recomendaron no ir. Ella les hizo caso a regañadientes. Al otro día, muy temprano, los bomberos se adelantaron y trajeron al pueblo los restos de Gloria y de su vecino Heladio Moreno.
Esa noche, Aracely se quedó en casa, pero la mayoría de las veces toma su moto Crypton y, sin importar el peligro o la lejanía, se encamina para hacer un levantamiento, solucionar un problema de linderos o mediar en una disputa de vecinos. “Cuando el terreno es muy difícil, parqueo la moto y camino lo que haya que caminar”, cuenta. Otras veces se traslada en lancha, el Único medio de transporte para llegar a algunas veredas del municipio. La gasolina corre por su cuenta así como los desplazamientos. Por ese trabajo, riesgoso y sin horarios, recibe un sueldo de 1.009.000 pesos.
Como inspectora soluciona, sobre todo, disputas veredales: los pollos que se pasan al cultivo o el perro que se comió una gallina. Otras veces, los conflictos son mayores. Hace poco viajó a la vereda El Comino, una isla sobre el río Caquetá, para resolver un lío de tierras. Cuando llegó, la esperaban tres hombres armados con machetes. El primero aseguraba que le habían dado menos terreno del que había comprado; el segundo, que parte de ese terreno era suyo; y el tercero, el vendedor, pedía medir la tierra y que no lo llamaran estafador.
Armada de valor frente a esos tres hombres dispuestos a pelearse a machete, Aracely dijo, con voz recia y a la vez sonriente: “Bueno, señores, aquí no vinimos a pelear, sino a conciliar. Nadie se va a matar. Si no, yo ya estoy viendo por dónde me lanzo al río para luego regresar y hacer el levantamiento”. Los tres hombres cambiaron su gesto y sonrieron. Amainados los ánimos, Aracely midió escrupulosamente el terreno y, según dice, “como cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, salió tierra para que cada uno quedara contento. Hasta me regalaron uvas y yuca”.
La inseguridad en el departamento se agravó desde finales del año pasado. La gente vive en una zozobra impuesta por nuevos actores armados que operan en la zona. Varios grupos se disputan el territorio, entre ellos exintegrantes de los frentes 1 y 48 de las Farc, así como la peligrosa banda la Constru, que nació luego de la desmovilización de los paramilitares del Putumayo en 2006.
El Último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que Putumayo es el tercer departamento con más hectáreas de coca en el país: 26.408 a diciembre de 2018. Para Camilo González, presidente de Indepaz, en esta región “la gente se quedó esperando el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que quedó prácticamente paralizado. Hoy, el Gobierno, que solo ve carteles y no ve a la gente, ha adoptado un enfoque de persecución a los grupos armados desatendiendo a la población, que ha quedado en medio de un fuego cruzado”.
Por su parte, el alcalde de Puerto Guzmán, Edison Gerardo Mora, considera que el problema es de falta de oportunidades: “Si se le pagara al campesino un sueldo por cuidar un número de hectáreas de montaña, él tendría cubierto su sustento. Los campesinos piensan en garantizar su comida. Muchos de ellos siembran coca, pero nunca se han enriquecido con ella”.
En los últimos días, Aracely Hurtado recibió una carta en la que amenazaban de muerte a su hijo mayor. Para protegerlo, lo sacó del departamento. Vivir en Puerto Guzmán se ha vuelto más difícil, pero ella es testigo de que la gente buena es mayoría. “Solucionar un caso de personas que luego de odiarse se dan la mano y sonríen es medir las capacidades del ser humano. Mi experiencia me dice que nada en el mundo justifica las riñas ni tener enemigos”.