La violencia física, verbal y emocional se intensifica cada vez más en el Putumayo haciendo que sus pobladores se sientan inseguros, miedosos y aterrorizados y se imponga la ley del “aquí nadie ha visto ni oído nada” que no es más que la encarnación de la impunidad y el más claro indicador de la claudicación de la “sociedad civil” ante la violencia y la impunidad.
Las causas de la violencia son múltiples: económicas, político administrativas, sociales, personales, familiares y culturales. Pero la finalidad de éste artículo no es la de profundizar sobre ellas sino la de hacer algunos interrogantes que permitan, en colectivo, obtener respuestas y finalmente asumir una postura frente al problema de la violencia y la impunidad.
Después de un acto de violencia impactante, algunas de las preguntas que la gente se hace desconcertada son más o menos como éstas: ¿Qué está pasando? ¿Es que no hay nadie que impida que esto ocurra? Y casi siempre las anteriores preguntas van seguidas de la súplica ¡Hagan algo por favor! Pero pasan los días, los meses y hasta los años y nadie responde a sus preguntas. Si se da una respuesta generalmente es evasiva, incongruente o justificadora para tratar de salvar responsabilidades personales o institucionales. Es una manera sutil de lavarse las manos. Pero más grave aún es que no se hace algo y si se lo hace se hace a medias para mostrar que se está actuando, por tal razón, no pasa mucho tiempo para que se dé otro acto de violencia igual o más cruel y doloroso que el anterior.
Pero si la violencia tiene múltiples causas, la solución también debe provenir de múltiples sectores, pero fundamentalmente del sector institucional que tiene deberes constitucionales y legales claramente establecidos. Los interrogantes pueden ser: ¿Qué hace la policía incluyendo a sus servicios de inteligencia y contrainteligencia? ¿Qué hacen nuestros gobernantes? ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con los organismos de control? control? La respuesta más generalizada entre la gente es que se están quedando cortos. En materia de seguridad hay ineficiencia, ineficacia e irracionalidad. Las debilidades institucionales han permitido que otros, con procedimientos que violan la ley y los derechos humanos, asuman ilegítimamente funciones que solo le corresponden al Estado y a sus instituciones convirtiéndolo, de ésta manera, en un Estado rehén del crimen organizado. Por otro lado, se ha olvidado que la seguridad es un problema político al que no se le ha prestado atención por considerar que es una “papa caliente” que trae más pérdidas que dividendos.
Pero si en lo institucional hay fallas protuberantes también las hay a nivel personal, familiar y social. Las preguntas podrían ser: ¿Qué pasa con la educación que se imparte en la familia, la escuela y la sociedad? ¿Qué pasa como el respeto por el otro, por los otros y por su vida? ¿Y de la solidaridad qué? ¿Qué también estamos de salud mental y de bienestar espiritual? ¿Qué de la violencia intrafamiliar? Las respuestas también nos dejan seriamente comprometidos: la sociedad está atravesando por una crisis severa, se está descomponiendo.
Para concluir: el problema de la violencia no se puede ver desde un solo ángulo ni bajo un solo prisma. Para superarlo y lograr niveles aceptables y confiables de manejo y control debemos comprometernos todos, el Estado con sus instituciones y la sociedad civil. Solo un frente común acompañado de justicia social puede superar el estado de inseguridad, violencia e impunidad al que hemos llegado.
Ojala pronto podamos vivir en una sociedad donde los valores y principios sean la norma de vida y no la excepción, confiando que estemos al final del proceso de descomposición pues a decir de un gran pensador “en la sociedad, como en la naturaleza, la podredumbre es generadora de nueva vida”.
——————————————— Jaime Armando Erazo Villota Buenos Aires, 26 de enero de 2011 Volumen I, No. 03