Por: Guillermo Rivera – Columna ElTiempo
Tiene razón Iván Márquez cuando sugiere que en Colombia no habrá paz mientras no se superen las profundas desigualdades que existen, pero él parece no haber entendido que los diálogos de Oslo y La Habana no tienen como propósito alcanzar la paz, sino terminar, a través de un acuerdo político, el conflicto armado y continuar por las vías democráticas la construcción de la paz con una agenda reformista, que rompa el círculo vicioso que reproduce e incrementa la pobreza y la miseria. Por lo tanto, no se trata de una paz exprés; se trata de una terminación exprés del conflicto armado.
Las instituciones de Colombia tienen la responsabilidad de cumplir el mandato constitucional de materializar el Estado social de derecho, que significa la puesta en práctica de políticas que conduzcan a la igualdad de oportunidades, y ese postulado hay que desarrollarlo con conflicto armado o sin él. Sin embargo, resultará más fácil sin la existencia de este, en primer lugar porque es complejo que un Estado que se gasta en promedio 2 puntos del PIB en la guerra pueda atender oportunamente las demandas sociales de su población, y segundo, porque será más democrático y legítimo llevar a cabo políticas de inclusión social con la participación de sectores que estaban levantados en armas y que aceptaron defender sus ideas en el terreno institucional.
En la última década, en Venezuela, Ecuador, Uruguay y Brasil triunfaron proyectos de izquierda a través de los canales democráticos y ni el capitalismo ni las multinacionales pudieron impedirlo.
¿Por qué pensar que Colombia es una isla de esta realidad regional? ¿Por qué negarse a comprender que la oposición armada perdió vigencia y que resultan elocuentes los ejemplos latinoamericanos que indican que quienes alguna vez optaron por las armas y renunciaron a ellas tuvieron la oportunidad democrática no solo de defender sus ideas, sino, además, de gobernar sus países?
No sé si los señores de las Farc se han hecho la siguiente reflexión política: si este intento de negociación fracasa, la derecha reaccionaria llegará cargada de tigre a las urnas y regresará al poder con su ya conocida tesis de negar la existencia del conflicto armado y con su obsesión militarista para combatir lo que ellos llaman una simple expresión terrorista.
Además, si ello ocurre, es muy probable que el capitalismo salvaje decida la suerte de la economía colombiana. En cambio, si el diálogo Gobierno-Farc es fluido y se logra un acuerdo final, la derecha radical quedará aislada políticamente y los proyectos progresistas tendrán todas las posibilidades institucionales de convertirse en políticas de Estado.
Tampoco sé si los señores de las Farc se han dado cuenta de que, con el apoyo de Juan Manuel Santos, reconocimos en la ley de víctimas la existencia de un conflicto armado, así como a las víctimas de agentes de Estado, con una fecha de vigencia que permite reconocer y reparar a las víctimas de la Unión Patriótica. No sé si han observado al actual Presidente de la República pidiendo perdón a las víctimas en nombre del Estado colombiano.
En todo caso, las Farc deberían saber que el derecho a la rebelión, que ellas alegan, no las exime de sus responsabilidades por haber violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y que lo mínimo es reconocerlo con la verdad y pidiendo perdón a sus víctimas, porque, de no ser así, no serán el mercado ni las multinacionales quienes se lo reprochen; lo hará la comunidad internacional, porque, en materia de atentados contra este tipo de derechos, el mundo cerró filas para acabar con la impunidad.
* Representante a la Cámara