Con una decisión justo antes de salir del Ministerio de Ambiente, Frank Pearl le lanzó un salvavidas a la Amazonia y se reivindicó con los ambientalistas.
Un par de días antes de dejar el Ministerio para dedicarse de lleno a la negociación de paz, Pearl sacó una resolución que determina que no se podrá hacer ninguna actividad minera en casi todo el territorio amazónico hasta que el Ministerio del Medio Ambiente haga un ordenamiento ambiental de toda la región, que fije las áreas para protección y las áreas que podrán ser aprovechadas económicamente.
Con esta despedida, Pearl recupera su imagen después de que los ambientalistas se le fueron lanza en ristre por apoyar, sin estudios previos del Ministerio de Ambiente, la reserva minera que se declaró en gran parte del oriente amazónico en junio de este año.
Como lo contó La Silla Vacía, la reserva minera es un área de más 17 millones de hectáreas en la Amazonia, Orinoquía y Chocó, que determinó el Ministerio de Minas, en donde se escogerán las empresas con las mejores condiciones para hacer minería.
Algunos ambientalistas alertaron que aunque el gobierno escogiera a las empresas mineras en esta zona con estándares más estrictos que en el resto del país, igual estaba permitiendo hacer explotación minera en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Y que por lo tanto, el gobierno tomaba la peor decisión para el ambiente en muchos años y podía pasar a la historia como el depredador de la Amazonia. Para ellos, era inconcebible que el territorio más biodiverso de Colombia se ordenara con criterios mineros y no ambientales.
Desde que Pearl avaló esa reserva minera fue objeto de duras críticas por parte de columnistas y expertos ambientales, sobre todo del exministro Manuel Rodríguez, y de funcionarios de su propio ministerio que tampoco estaban conformes con esa decisión. Con la resolución que sacó horas antes de dejar el cargo, los deja a todos asombrados.
Esta resolución suspende la minería en la reserva forestal de la Amazonia abarca toda la región, salvo algunos puntos en el sur; en las riberas del Río Caquetá, y en el piedemonte en Putumayo y Caquetá. Es un área que comprende 37′ 844.524 hectáreas de la Amazonia, sobre nueve departamentos y 88 municipios.
Hasta hoy, cualquiera que quisiera realizar en esta región una actividad catalogada como «de interés público o de interés social» podía pedirle a la autoridad ambiental que le quitara el carácter de reserva forestal al pedacito de tierra que quería explorar o explotar.
Como la minería es considerada una actividad de interés social, como lo contó La Silla, entonces no había impedimentos importantes para ir recortando la reserva para exploraciones mineras.
La resolución que expidió Pearl congela estos recortes, llamados técnicamente ‘sustracciones‘ hasta que, desde el punto de vista ambiental, se organice el territorio de la Amazonia.
El fundamento de la norma es el Principio de Precaución. Este principio que está en la ley le da permiso al Estado de abstenerse de autorizar una actividad rentable cuando puede causar daños en el medio ambiente y no hay claridad exacta sobre el tipo de daño.
En concordancia con este principio, la minería, al poder generar daños irreversibles, debe suspenderse en la Amazonia hasta que el Ministerio determine, desde el punto de vista ambiental, y no minero, dónde se podría hacer minería sin generar daños irreversibles.
A diferencia de la decisió de declarar la reserva minera en la Amazonia, que fue tomada conjuntamente por los entonces ministros de Minas Mauricio Cárdenas y Pearl, esta nueva resolución la sacó el Ministro de Ambiente solo y como una forma de blindar el tema antes de partir.
Aunque la Reserva estratégica minera en la Amazonia sigue siendo válida, en la práctica nadie puede comenzar a explorar hasta que se haga la zonificación ambiental, porque coincide casi toda con la reserva forestal que ahora está protegida. Se calcula que solo el 11 por ciento de la región no estaría cubierta por esta resolución.
Así, Frank Pearl no pasará a la historia como el que despidió la Amazonia del mapa verde. Pero será una decisión polémica para los mineros pues el proceso de zonificación ambiental podría tardar hasta dos años. Por eso, el ministro que hereda su cartera probablemente no va a disfrutar de la luna de miel que tuvieron Pearl y Mauricio Cárdenas.
Ahora probablemente vendrá una disputa jurídica y política por tumbar la resolución, porque los minerales en el Amazonas son muy apetecidos. Las empresas que ya tienen títulos o solicitudes (hay casi 9 mil solicitudes en trámite) argumentarán que no se pueden violar sus derechos adquiridos o cambiarse las reglas de juego.
El permiso definitivo para sacar el mineral y para que realmente se pueda hablar de un derecho adquirido y no de una mera expectativa lo da la autoridad ambiental a través de la licencia ambiental, que es un requisito indispensable para hacer la explotación. Pero ante la avalancha de solicitudes, manejar la presión de las empresas mineras no será fácil.
Sin embargo, las autoridades ambientales no pueden dejar botados los procesos de sustracción que ya empezaron. Tendrán que decidir frente a ellos, caso o caso, si hacen o no las sustracciones. Con la argumentación de esta nueva resolución, tendrán que ser más exigentes de lo que venían siendo.
El ministro Juan Gabriel Uribe, si llega a encargarse de los temas ambientales y no de la paz, tendrá que agarrarse de esa resolución de Pearl y resistir.
Ver Resolución aquí.