ElTiempo
Gossaín da a conocer un informe de la Contraloría General que detalla cómo ha sido el robo.
Las fantasías se están volviendo realidad: en el Cesar apareció la gallina de los huevos de oro y en las llanuras de Casanare ya se están construyendo las primeras casas en el aire, como lo profetizó Rafael Escalona. Se preguntarán qué pueden tener en común una vivienda imaginaria y un pollo dorado. Pues ambas quimeras se pagan con la plata de las regalías. Oro, petróleo, níquel, carbón, esmeraldas, gas, minas por aquí y yacimientos por allá. Pero ¿dónde está esa plata?
Chiriguaná (Cesar) es una población de 25.000 habitantes. El año pasado le correspondieron 28.000 millones de pesos por regalías del carbón, pero la Contraloría General de la República ya descubrió que hay 20.000 millones refundidos, entre ellos los de las gallinas, y sin contar lo que pagaron por un acueducto que quedó muy lindo, pero no echa agua.
El municipio contrató la instalación de un gallinero para que lo explotaran 20 familias. Pusieron una alambrada, compraron las primeras gallinas con sus respectivos gallos y armaron un galpón. Pagaron por ello 126 millones de pesos. Hagan cuentas, a ese precio, deben ser las gallinas que ponen huevos de oro.
Lo que pasa es que las regalías se han convertido en la auténtica vaca lechera, que no es una vaca cualquiera. Vean el caso de Casanare. Tierra petrolera, recibió en el año 2010 participaciones por valor de 455.000 millones de pesos. Casi medio billón.
De esa plata se destinaron 42.000 millones a la construcción de 4.000 viviendas nuevas y la reparación de otras 3.000. A los contratistas les adelantaron 23.000 millones -más de la mitad del total-, pero cuando llegaron los auditores de la Contraloría solo encontraron 115 casas nuevas y 63 reparadas. Las demás se habían esfumado. La plata también. El incumplimiento fue casi del 98 por ciento.
La historia se repite por donde uno meta el ojo. En Barranca de Upía, en el Meta, agarraron 15.400 millones de las regalías y firmaron catorce contratos distintos con el mismo proveedor, que era el acueducto del pueblo, pero sin haber convocado una sola licitación pública. A lo largo y ancho de Colombia las regalías son el botín favorito de estas aves rapaces.
Coveñas, en las costas de Sucre, es la estación terminal del oleoducto más largo de Colombia, que empieza en Caño Limón, Arauca. En tres años, del 2008 al 2010, Coveñas recibió 51.000 millones de pesos en regalías, pero no hay alumbrado público. Los auditores encontraron 64 irregularidades y se calcula que el daño a las arcas del pueblo llegaría a 35.000 millones de pesos. Se dará traslado de esa situación a Fiscalía y Procuraduría.
Pero ahora es posible saber qué ha pasado con las regalías porque los investigadores hicieron su trabajo en todo el país. Fueron dirigidos por la contralora general, Sandra Morelli, y coordinados por Leonardo Arbeláez, quien acaba de ser ascendido a contralor auxiliar del Sistema General de Regalías.
Descubrieron que el pillaje ha sido de tales proporciones que Coveñas tuvo siete alcaldes en tres años. Algo similar a lo sucedido en el Putumayo, cuyo anterior mandatario, que fue suspendido cuatro veces, decidió que los 50.400 millones de pesos que recibió por regalías en el 2008 no debían invertirse porque era «demasiado riesgo ante la cantidad de pirámides que hay en el departamento».
Picados por la curiosidad, averiguaron dónde fue a parar ese arrume de dinero. Aunque la Gobernación se negó a entregar a tiempo la documentación requerida, Ana María Silva, directora de Vigilancia Fiscal para Minas y Energía, se las ingenió para examinar 61 contratos del Putumayo por un costo de 38.000 millones de pesos. Detectaron varias obras que no fueron terminadas, aunque se pagó su costo; otras que no prestan servicio alguno y 26 casos que requieren investigaciones penales, fiscales, disciplinarias y administrativas.
La batalla de Boyacá
Yo había oído hablar de «obras inconclusas», pero jamás de «obras interminables». Según uno de los investigadores, «son aquellas que se contrataron, se pagaron, se inauguraron, pero no sirven para nada. Obras inútiles».
Boyacá recibe regalías por varios frentes: petróleo, esmeraldas, oro, acero. En un solo año, el 2010, le ingresaron 82.400 millones, de los cuales se refundieron (es un decir: alguien se quedó con ellos) 24.600 millones, que corresponden al 30 por ciento. Y hay casi 2.000 millones más cuyo paradero final se está investigando. En tierras boyacenses se encontraron trabajos que llevan hasta tres y cuatro años suspendidos mientras las obras se destruyen. Los ejemplos abundan. Uno es la carretera Maripí-Muzo, por la cual se le pagaron al contratista 33.000 millones de pesos. El contrato se liquidó hace cinco años, la vía nunca se ha terminado y no presta servicio alguno a la comunidad. Es la misma situación en que se encuentran las inversiones hechas en la planta de tratamiento de agua de Santa Rosa de Viterbo (la tierra del expresidente Rafael Reyes), el centro de salud de Buenavista y las aulas escolares para los estudiantes más pobres.
En la contabilidad departamental del 2008, los contralores descubrieron unos supuestos pagos de anticipos a contratistas que ya habían sido pagados en el 2005. No hay proyectos serios para la ejecución de trabajos ni diseños previos, y se conceden permisos para obras en zonas de riesgo. Las autoridades ni siquiera vigilan el avance de los contratos ni su terminación.
Pero si en Boyacá llueve, en Casanare está cayendo el diluvio universal. Los gobernantes no pudieron recuperar un montón de dinero ocioso que, para ganar intereses, habían invertido en fiducias y en entidades financieras. En vez de hacer hospitales y escuelas, metieron la plata en unos títulos llamados Bonos Yankees. Al final, los vendieron, con pérdida de 23.000 millones de pesos.
El departamento invirtió 8.000 millones de pesos en las bibliotecas públicas de Yopal y Paz de Ariporo. Nunca se concluyeron. A la construcción del nuevo Centro Administrativo Departamental se destinaron otros 17.000 millones. «La obra no cumple con la finalidad para la que fue construida», concluye el informe de la Contraloría General. Como si no fuera suficiente, se descubrieron también dobles pagos y gastos injustificados, todo lo cual ocasionó un menoscabo de 45.000 millones en las finanzas departamentales.
‘Sin ánimo de lucro’
Fundado por los indígenas, que inicialmente lo llamaron Calabacito, Albania, un pueblo que tiene 24.000 habitantes, se levanta en el corazón carbonífero de La Guajira, al pie de la serranía de Perijá, cercana a la frontera con Venezuela.
En el 2010, Albania recibió 75.000 millones de pesos por regalías. De inmediato se firmaron 163 contratos por un costo cercano a los 67.000 millones. De esa plata, 21.000 millones les fueron adjudicados a entidades supuestamente sin ánimo de lucro. Según la Contraloría General, «eso les permitió eludir las licitaciones y pudieron hacer contrataciones directas», de manera que los contratistas elegidos fueron unos pocos. «Más que convenios de cooperación, eran auténticos contratos de obras que tenían hasta interventorías propias». Los contratistas recibieron como anticipo el 50 por ciento del valor de cada obra.
Los auditores encontraron en Albania 41 casos dignos de la intervención de autoridades penales y disciplinarias.
En tierras del Huila
En el otro extremo de Colombia, en las arcas departamentales del Huila, se encontró que, en el manejo de las regalías del 2010 hubo un detrimento de 2.500 millones de pesos. En el 2011, se descubrió otro por 7.800 millones.
En Neiva, se invirtieron 14.500 millones en títulos de ahorro, pero existen dudas de que esa operación se haya realizado, porque no aparecieron los documentos correspondientes. «Es probable que haya habido una desviación de los recursos de regalías», dicen los contralores.
Allí mismo, del 2006 al 2011 se invirtieron más de 40.000 millones de pesos en la adecuación del acueducto municipal, pero las obras no están en funcionamiento, no operan las plantas de tratamiento ni los tanques para almacenar el agua, la construcción de las bocatomas está suspendida y los trabajos, abandonados. Esa plata no aparece registrada entre los activos del municipio, que la giró, ni en los activos de las Empresas Públicas, que la recibieron.
Los funcionarios que ordenan el gasto de las regalías en Aipe, a 36 kilómetros de Neiva, son los mismos que lo auditan. Se vigilan a sí mismos. Repican y andan en la procesión. En las cuentas del 2010 fue descubierto un probable faltante por 5.200 millones de pesos en contra del patrimonio público.
Escribí esta nota con una sola mano: con la otra me tapaba la nariz. Con los años nos hemos convertido en lo que algún griego antiguo habría bautizado como una ‘cleptocracia’: el reino los ladrones. Nuestros muchachos crecen convencidos de que, como en el tango de Discépolo, da lo mismo ser honrado que no serlo. Ojalá, cuando reaccionemos, no sea demasiado tarde.
JUAN GOSSAÍNEspecial para EL TIEMPO