$1.519 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘰𝘯𝘦𝘴, 11 𝘱𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰𝘴, 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘪́𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘤𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪́𝘢 𝘺 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘶𝘯𝘵𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘣𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦𝘳
Por: *JAAM
La vigilancia privada en la UniPutumayo es necesaria. Nadie puede negar que una institución pública de educación superior debe proteger sus sedes, estudiantes, docentes, funcionarios, visitantes, laboratorios, equipos e infraestructura. 𝙇𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙞́ 𝙙𝙚𝙗𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙜𝙪𝙣𝙩𝙖𝙧𝙨𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞́𝙖 𝙚𝙨 𝙨𝙞 𝙚𝙨𝙖 𝙫𝙞𝙜𝙞𝙡𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙨𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙗𝙞𝙚𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙚𝙖𝙙𝙖, 𝙗𝙞𝙚𝙣 𝙨𝙪𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙖𝙙𝙖 𝙮 𝙨𝙞 𝙡𝙤𝙨 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙧𝙨𝙤𝙨 𝙥𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤𝙨 𝙨𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙖́𝙣 𝙪𝙨𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙚𝙧𝙖 𝙢𝙖́𝙨 𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚.
En SECOP aparece el proceso UNIPUTUMAYO-LP-001-2026, una licitación pública para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las diferentes sedes de la Institución Universitaria del Putumayo. 𝙀𝙡 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧 𝙚𝙨𝙩𝙞𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙚𝙨 𝙙𝙚 $𝟭.𝟱𝟭𝟵.𝟵𝟮𝟬.𝟮𝟭𝟰, 𝙘𝙤𝙣 𝙪𝙣𝙖 𝙙𝙪𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝟳 𝙢𝙚𝙨𝙚𝙨 𝙮 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙙𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝟯𝟭 𝙙𝙚 𝙙𝙞𝙘𝙞𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟲.
La solicitud de cotización muestra que el servicio proyectado contempla 𝟭𝟭 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗳𝗶́𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼, 𝟮𝟰 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀. La distribución sería: 8 puestos en la sede central de Mocoa, incluyendo la nueva Facultad de Ingenierías; 1 puesto en el Jardín Botánico Tropical Amazónico de Caliyaco; 1 puesto en la Granja Versalles de Sibundoy; y 1 puesto en la subsede de Colón.
Aquí hay una primera pregunta que debe responderse con claridad: ¿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝟭𝟭 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲?
Un puesto de vigilancia 24 horas no lo cubre una sola persona. Requiere turnos, descansos, relevos, recargos nocturnos, dominicales, festivos, vacaciones e incapacidades. Por eso, si se habla de 11 puestos 24/7, lo razonable sería que existan aproximadamente 44 vigilantes como mínimo operativo, y posiblemente entre 49 y 50 personas si se incluyen relevos y novedades del servicio.
El valor también merece explicación. Si se dividen los $1.519.920.214 entre 7 meses, el costo mensual promedio sería cercano a $217 millones. Si ese valor se divide entre los 11 puestos, 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢́𝐚 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 $𝟏𝟗,𝟕 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬. Técnicamente esto puede explicarse por salarios, prestaciones, seguridad social, recargos, pólizas, dotación, supervisión, administración y reemplazos. 𝗣𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘀𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗻𝗼 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗿: 𝘀𝗶 𝘀𝗲 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝟭𝟭 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝟮𝟰 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀, 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗶𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀, 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼.
Ahora bien, según la imagen conocida del SECOP, aparece también una mínima cuantía UNIPUTUMAYO-MC-016-2026, igualmente 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝗱𝗮, 𝗽𝗼𝗿 𝘂𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 $𝟰𝟴.𝟳𝟭𝟬.𝟵𝟭𝟰, 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝟭𝟭 𝗱𝗶́𝗮𝘀. Esa información prende una alerta ciudadana: 𝘀𝗶 𝗵𝗮𝗯𝗶́𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 $𝟭.𝟱𝟭𝟵 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀, ¿𝗽𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲́ 𝗳𝘂𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗰𝘂𝗱𝗶𝗿 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟭 𝗱𝗶́𝗮𝘀?
La pregunta no busca señalar sin pruebas. Busca prevenir. Puede tratarse de una medida transitoria para garantizar continuidad del servicio. 𝗣𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹. 𝗦𝗶 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿𝘀𝗲, 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗯𝗶́𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼, 𝘀𝘂 𝗮𝗱𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮, 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶́𝗮𝘀 𝘆 𝗮𝗰𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼.
Por eso la comunidad universitaria debe preguntar: 𝗣𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹. ¿𝗰𝘂𝗮́𝗻𝗱𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼́ 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿?, ¿𝗰𝘂𝗮́𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲?, ¿𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝗶́𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶́𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗰𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶́𝗮?, ¿𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼?, ¿𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗱𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗰𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼?, ¿𝗵𝘂𝗯𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮?
También debe revisarse si los puestos aumentaron frente a vigencias anteriores. Si el aumento se justifica por la nueva Facultad de Ingenierías, laboratorios, equipos, flujo de estudiantes o nuevas sedes, que se explique con estudio técnico. Si son necesarios, que se sustenten. Si cuestan más, que se demuestre. La seguridad no puede manejarse por intuición ni por costumbre: debe responder a análisis de riesgo, cobertura real, infraestructura y tecnología.
Y aquí aparece otra pregunta de fondo: ¿𝗾𝘂𝗲́ 𝗽𝗮𝘀𝗼́ 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗣𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼?
Una sede universitaria con cerramiento débil, incompleto o vulnerable siempre requerirá más vigilancia humana. Si los accesos no están bien controlados, si los perímetros son frágiles, si hay puntos ciegos, si las porterías no tienen condiciones adecuadas y si no existe una estrategia integral de control físico, entonces cada año la respuesta será la misma: más puestos, más vigilantes, más gasto y más contratos.
La vigilancia humana es importante, pero no puede ser la única respuesta. La seguridad institucional debe combinar presencia física, cerramiento, iluminación, cámaras, alarmas, sensores, control de accesos, rondas verificables, botones de pánico, radios, monitoreo y protocolos de reacción.
Además, hay una pregunta que incomoda, pero debe hacerse: ¿𝗽𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲́ 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗮́𝗿𝗲𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘀, 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗻𝗼 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗮?
La UniPutumayo podría convertir su necesidad de seguridad en un proyecto académico, tecnológico e institucional. Podría diseñar, con docentes y estudiantes, un sistema de monitoreo inteligente, control de ingreso, registro digital de novedades, análisis de puntos críticos, cámaras conectadas, tableros de alertas, inventario de bienes sensibles y rondas con trazabilidad. Eso permitiría reducir riesgos, fortalecer capacidades internas y, con el tiempo, evitar que toda la carga recaiga únicamente sobre contratos costosos de vigilancia humana.
No se trata de reemplazar a los vigilantes. Se trata de hacer más eficiente y transparente el servicio. Un vigilante con tecnología trabaja mejor. Una universidad con monitoreo reduce puntos ciegos. Una administración con datos toma mejores decisiones. Y una comunidad con información puede hacer veeduría real.
Por eso, la discusión no debe reducirse a si la vigilancia es necesaria. Claro que lo es. La discusión verdadera es si la UniPutumayo está combinando bien seguridad física, seguridad tecnológica, cerramiento, supervisión contractual y buen trato laboral.
También hay que escuchar a los vigilantes. Si el contrato es alto, los trabajadores deben tener condiciones dignas: pagos oportunos, recargos completos, dotación adecuada, descansos reales, seguridad social, buen trato y estabilidad durante la ejecución. Que hablen los vigilantes, pero con garantías, sin exponerlos ni poner en riesgo su trabajo.
En este proceso hay preguntas que deben tener respuesta pública:
¿𝐄𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝟏𝟏 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬?
¿𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐲 𝐩𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́?
¿𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐜𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐚𝐫𝐦𝐚?
¿𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨?
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐩𝐚𝐬𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥?
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐲 𝐜𝐮𝐚́𝐥 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚?
¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨?
¿𝐋𝐚 𝐦𝐢́𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝟏𝟏 𝐝𝐢́𝐚𝐬 𝐟𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧?
La respuesta no debe quedar en rumores. Debe estar en estudios previos, actas de inicio, informes de supervisión, planillas, matriz de turnos, análisis de riesgos y rendición de cuentas.
𝗕𝗼𝗻𝘂𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸: el contrato de aseo, mantenimiento y servicios generales también merece atención. Si allí ocurre algo parecido —vencimientos, mínimas cuantías o contratos puente— ya no estaríamos frente a un caso aislado, sino ante una alerta más amplia sobre la planeación administrativa de servicios esenciales.
𝗟𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗣𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼. 𝗦𝗲 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮. Se defiende con orgullo, pero también con preguntas. Se protege con vigilancia, pero también con tecnología, cerramiento, control ciudadano y buen manejo de los recursos.
𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗮𝘁𝗮𝗰𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱. 𝗘𝘀 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗲 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝘂𝗺𝗯𝗿𝗲.
*Consejero de Paz – Egresado Uniputumayo