Por : Alvaro Chaves – Economista
Llevo semanas trabajando en un análisis que combina datos territoriales, institucionales y resultados electorales de los últimos cuatro años en el departamento de Putumayo. A partir de la construcción de un Índice de Vulnerabilidad Electoral (IVE), usando información de organismos oficiales: el Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Fundación Paz y Reconciliación, es posible cuantificar las condiciones estructurales bajo las cuales se ejerce el voto en cada uno de los trece municipios del departamento.
Los resultados son preliminares y deben leerse con esa precaución, sin embargo, son lo suficientemente contundentes como para compartirlos, porque lo que muestran no es nuevo para quien vive en el territorio: Putumayo es un departamento golpeado históricamente por el aislamiento, la falta de oportunidades económicas reales y ciclos recurrentes de violencia e inseguridad. Lo que sí es relativamente nuevo, y lo que los datos evidencian, es que esas condiciones parecen haberse agravado en los últimos cuatro años.
A continuación, socializo algunos resultados con ustedes queridos coterráneos:
Putumayo tiene trece municipios y una paradoja que los datos revelan con incomodidad. Es un departamento donde el Estado lleva décadas sin consolidar presencia real y sostenida en buena parte del territorio, donde la economía ilegal de la coca distorsiona mercados y relaciones sociales desde hace generaciones, y donde los grupos armados ilegales han aprendido a coexistir con las instituciones formales una simbiosis que perpetua la economía ilegal y al mismo tiempo fortalece la toma de estos territorios. Este vínculo legal e ilegal tiene un costo enorme para la población del territorio que se puede manifestar y medir en homicidios, en gobernanza e instituciones débiles, en jóvenes sin opciones legales y en votos que no siempre son libres, a propósito de la actual coyuntura política de cara a la primera vuelta presidencial.
El Índice de Vulnerabilidad Electoral (IVE) que presento en este análisis no explica por qué vota la gente como vota, sino describir las condiciones estructurales bajo las cuales los ciudadanos del departamento ejercen el derecho al voto.
No obstante, existe una diferencia importante entre los dos temas: Un potencial de votantes que vive en un municipio donde el Frente Carolina Ramírez (FCR), disidencia de las FARC-EP y los Comandos de la Frontera (CDF) controlan el territorio, donde la coca es el principal sustento económico según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y donde la gobernanza municipal no supera 35 puntos sobre 100 según el Índice de Ciudades Modernas (ICM) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), no está votando en las mismas condiciones que un elector de Sibundoy o de Colón. Eso no dice nada sobre la inteligencia ni la voluntad de ese electorado, sino que dice algo muy específico sobre el entorno en que ejerce su ciudadanía.
El índice combina cuatro componentes con pesos diferenciados: la debilidad institucional medida por el indicador de Gobernanza, Participación e Instituciones (GPI) del ICM-DNP, con un peso del 30%; la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes del mismo índice, con 25%; la presencia verificada de grupos armados ilegales según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) «Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en Putumayo 2016-2022», con 25%; y la concentración de cultivos de coca por municipio según el SIMCI-UNODC, con 20%.
El índice no incluye el comportamiento electoral como variable. El voto es el fenómeno que queremos observar, no un insumo del índice.
Se encuentra que siete de los trece municipios tienen un IVE crítico por encima de 70% sobre 100%, que coinciden con los mismos municipios donde el FCR y los CDF operan simultáneamente, donde la coca concentra su mayor extensión según la UNODC, donde la gobernanza municipal no supera 35 puntos sobre 100 según el DNP, y donde el voto por Petro superó el 87% de los votos válidos en 2022. Puerto Leguízamo es la única excepción parcial: tiene IVE crítico, pero voto petrista más bajo (53%) lo que sugiere que en ese municipio las condiciones de vulnerabilidad no se traducen de igual manera en el comportamiento electoral, probablemente por su composición demográfica indígena y su mayor dispersión territorial.
El índice permite intuir que la vulnerabilidad no es exclusiva del bajo Putumayo, sino que al parecer ha permeado la parte centro (Mocoa) y alta del departamento, en donde la georreferenciación del índice muestra que en Mocoa el GPI (Gobernanza, Participación e Instituciones) de 30.9% sobre 100%, ubica a la capital del departamento en el percentil 2.7 nacional en instituciones. Esto significa que el 97.3% de los municipios colombianos tienen mejor gobernanza que la capital del departamento. Cuando las instituciones son débiles, el vacío lo llenan otros, y los eventos de violencia recientes en la capital tienen una explicación estructural.
La pregunta que este análisis deja planteada no es ideológica, sino que es institucional: un proyecto político que en 2022 construyó su base electoral más sólida sobre los municipios con mayor vulnerabilidad estructural del departamento, ¿tiene incentivos para transformar esas condiciones si vuelve al poder? La historia reciente de Putumayo, con ochenta años de rezago acumulado, gobernanza en colapso, coca sin sustitución real, capital departamental con masacres en 2026, sugiere que el continuismo no cambia la trayectoria, sino que la consolida.