Termina la era Petro y uno de los grandes problemas del país sigue lejos de resolverse: más de 250 mil hectáreas sembradas en coca para usos ilícitos y alrededor de 400 mil familias que dependen de ellos.
Pese a que Colombia lleva más de 30 años combatiendo los cultivos de uso ilícito, las propuestas de los tres candidatos presidenciales punteros en las encuestas no pasan la prueba en el terreno. Con diferentes estrategias implementadas en ese tiempo, que van desde la erradicación forzosa de la mano de la Fuerza Pública, hasta la sustitución voluntaria con mesas de negociación, la realidad solo muestra que los cultivos se han mantenido.
Abelardo De La Espriella plantea una meta de erradicación que a todas luces es imposible de cumplir. Paloma Valencia habla de “sustitución forzosa, pero generosa”, lo que parece contradictorio, mientras que Iván Cepeda plantea que el Estado compre la hoja de coca, sin tener en cuenta los problemas legales y logísticos de hacerlo.
En el balance, los tres candidatos punteros se rajan. Algunas propuestas pueden generar incentivos perversos o ser inviables jurídica, económica o logísticamente. Otras podrían aumentar la conflictividad y la violencia, pues se siguen centrando en la cantidad de hectáreas sembradas y no en la transformación de las condiciones que las propician.
La coca crece como nunca y las alternativas siguen crudas
De acuerdo con el último informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nunca antes se había cultivado y producido tanta coca en Colombia como ahora. Entre 2018 y 2024 aumentó alrededor del 54 por ciento, un crecimiento directamente proporcional al poder de los grupos armados que controlan el narcotráfico.
La mitad de los cultivos se concentra en solo 13 municipios, como Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo). Además, el 90% de estas plantaciones han permanecido en los mismos lugares por más de una década.
Dentro de los factores que influyeron en la cifra están el vacío que no pudo copar el Estado tras la salida de las Farc, la suspensión de la fumigación aérea debido a los efectos nocivos del glifosato, el fortalecimiento de la gobernanza criminal en el marco de la paz total y el aumento en la demanda global de cocaína.
Según cifras del Ministerio de Defensa, citadas por la experta María Alejandra Santos, durante el primer trimestre de 2026 erradicaron manualmente alrededor de 1.800 hectáreas. Es el doble de lo que se erradicó en el mismo periodo del año pasado, pero un porcentaje mínimo frente a las 130 mil que arrancó el gobierno Duque en 2020, que, en todo caso, no logró frenar la expansión de los cultivos en su mandato.
Petro avanzó, aunque no lo suficiente, en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (Pnis), que se acordó en el Acuerdo de Paz de 2016. En la última etapa de su periodo echó a rodar “RenHacemos”, un nuevo programa de sustitución de cultivos que comenzó el año pasado y cuenta con 42 mil familias inscritas.
Abarca alrededor de 25 mil hectáreas.
Cepeda: una oportunidad con el cannabis, pero un tiro en el pie con la coca
Cepeda ha sido reiterativo en el fracaso de la guerra contra las drogas y, en cambio, propone un modelo basado en la “transformación productiva” y la regulación de las mismas. Se compromete a promover en el Congreso la “legalización regulada” del cannabis y la hoja de coca. Incluso, como lo hizo Petro en su momento, propone que el Estado compre la coca mientras se llega a ese punto.
“La reforma agraria no es solo una política rural, es una estrategia integral para transformar las economías ilegales en economías productivas, legales y sostenibles”, dice Cepeda en su plan de gobierno. “La política de drogas debe reorientarse hacia la vida: sustitución voluntaria de cultivos acompañada de inversión social, fortalecimiento de economías campesinas y populares, protección de la naturaleza, atención en salud pública para las personas consumidoras, cooperación internacional que persiga el lavado de activos y las redes financieras globales”.
Rechaza el uso de glifosato y mantiene el foco en los grandes capos, en lugar de perseguir a cultivadores y consumidores. Habla de una ruptura frente a lo que considera una “subordinación” con Estados Unidos en materia de política de drogas y de darles continuidad a los programas de sustitución ligados a las mesas de diálogo con grupos armados, como la que hay con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de la que hacen parte los Comandos de la Frontera, el grupo casi hegemónico en Putumayo.
Para María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, experta en lpolítica de drogas, es un acierto apostarle a la regulación del cannabis.
“Esa es la apuesta más concreta en la que el próximo gobierno podría avanzar en política de drogas. Ya sea vía piloto o a partir de una reforma del artículo 49 de la Constitución, lograr hacer un mercado regulado de uso adulto del cannabis que pilotee lo que podría ser una regulación de otras cosas en el futuro”, dice la académica. Agrega que, a diferencia de la coca, el cannabis tiene la ventaja de que no generaría una tensión internacional. Actualmente, solo está permitido para uso medicinal.
Por el contrario, la idea de que el Estado compre la coca puede tener un efecto adverso: incentivar el cultivo para acceder a los recursos estatales. “Uno no puede lanzar una propuesta de ese calibre en un mercado que responde a incentivos, lo que no queremos es generar incentivos perversos: que ahora la gente siembre para que se la compren”, dice Vélez.
Ana María Rueda, Coordinadora de Análisis sobre la Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz —FIP—, agrega que la propuesta tiene limitantes logísticos y legales.
“Normativamente el gobierno no lo puede hacer. Para que el gobierno compre la hoja de coca tiene que hacer todo un proyecto de ley”, dice. “Si superáramos la parte normativa, operativamente no es tan fácil. ¿Qué vas a hacer con esa coca que recoges? Si no tienes destrabado el tema de usos lícitos, te toca quemarla”, agrega.
Considera que eso sería desperdiciar los recursos, pues sería más lógico erradicarla e invertir la plata en proyectos de desarrollo territorial: “Es un tema discursivo, dificilísimo de hacer y van a durar todo el gobierno planeándolo”.
En el Putumayo, tres de los cuatro líderes consultados celebran el enfoque de Cepeda y la continuidad de los programas del gobierno Petro.
“Yo creo que de cada 10 personas, ocho creen que el gobierno la está haciendo bien”, dice Wilson Isaza, empresario de Putumayo y líder del partido Dignidad y Compromiso. “Les han llegado ayudas, a algunos los han reparado, el campesino se siente más escuchado y las comunidades indígenas tienen más garantías. La gente ve bien que haya inversión y resultados”, agrega.
Las quimeras de Abelardo De La Espriella y los efectos negativos de perseguirla
En el otro extremo, el candidato de Salvación Nacional le apuesta todo a la erradicación masiva y a la fumigación. Promete “fumigación aérea” de 330 mil hectáreas, lo que significaría dejar al país sin cultivos ilícitos. Usa el concepto de “Pax Romana” para hablar de su estrategia, con la que promete retomar el control de zonas dominadas por grupos armados en 90 días. A diferencia de Cepeda, habla de alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel para gestionar la seguridad.
“No podemos hablar de lucha contra el narcotráfico si no hay aspersión y fumigación”, dijo Abelardo De La Espriella. Frente a las restricciones que le puso la Corte Constitucional al uso de glifosato, dice que hay otros “bioherbicidas” que se podrían usar, aunque cuesten más. “Eso hay que acabarlo porque la cocaína es la fuente de todas las fuentes de violencia”, agregó.
De la Espriella también habla de una estrategia de sustitución de cultivos: “donde sale la coca tiene que entrar el cacao o la palma”. Propone “precomprar” las cosechas de esos productos para garantizar su sostenibilidad. En conclusión, una herramienta que combine erradicación forzosa con sustitución.
De acuerdo con las dos expertas consultadas por La Silla, erradicar 300 mil hectáreas es prácticamente imposible desde el punto de vista logístico y económico. Además, puede llevar a conflictos sociales y con la fuerza pública. Incluso en el año en el que más se erradicó, 2020, con 130 mil hectáreas, el alza se mantuvo. En 2019 el país tenía 154.476 hectáreas de coca; para el final de su mandato en 2022, la cifra había subido a 230.028 hectáreas.
“Tendría que hiperfortalecer las fuerzas para cumplir con todo lo que está prometiendo, operativamente hablando parece irreal”, dice Ana Rueda, de la FIP. Advierte que los costos son altos por las condiciones de seguridad, ya que no solo hay que llevar a los erradicadores, sino también a militares que garanticen su seguridad, en detrimento de otras funciones que podrían realizar.
Agrega que, incluso si pudiera darse operativamente, la erradicación forzosa tiene como consecuencia un aumento en la violencia. “Es una pelea con la población y las consecuencias van desde una pelea hasta muertes”. También advierte que la propuesta de De La Espriella ya la intentó Iván Duque, con un efecto inesperado: acuerdos irregulares entre la fuerza pública y los campesinos para mostrar resultados falsos.
María Alejandra Vélez, por otro lado, agrega que si bien la erradicación da resultados en el corto plazo, lo que ocurre posteriormente es que los cultivos se desplazan a nuevas zonas, con un impacto en la economía de las regiones: “En el mejor de los casos, la erradicación puede tener sentido de manera focalizada y en lugares donde no es parte de la economía campesina sino donde se cultiva a gran escala, habría que diferenciar cuáles son. Pero, eso sería enfocarse en en el primer eslabón de la cadena, cuando hay que enfocarse en eslabones más avanzados de la cadena”.
Lo dicho por Rueda y Vélez, lo confirman los líderes sociales en el terreno. Según el representante a la Cámara, Jhon Fredi Valencia, por la circunscripción especial de Paz de Putumayo y Osvaldo Solarte, líder comunal y departamental del Movimiento Campesino Cocalero, Agrario y Ambiental en Putumayo, la erradicación forzosa hace que se trasladen los cultivos a otros lados. Además, se perdería el terreno que ha ganado el Estado, que poco a poco se ha acercado a los campesinos tras la desconfianza que ha generado el incumplimiento del Pnis.
Si hay erradicación forzosa, Solarte advierte que puede haber resistencia: “Primero se agota el diálogo también en territorio y con los entes del gobierno. Si no se llega a acuerdos, pues ahí es donde se endurece el tema y toca que ir a la resistencia”.
En términos de deforestación y cuidado del medio ambiente, está demostrado que las erradicaciones forzosas y la fumigación en el pasado hicieron que la coca se moviera a áreas protegidas con baja presencia del Estado.
El panorama, además, en lugares como Putumayo es hoy más complejo, pues tras la caída en la compra de la coca a finales de 2022, la gente empezó a considerar sembrar de forma concurrente otros cultivos lícitos que les sirvan de plan B
“Volver a erradicar sería catastrófico, aquí no solamente hay coca, ya hay cultivos lícitos, como el cacao”, dice Osvaldo Solarte, líder comunal y departamental del Movimiento Campesino Cocalero, Agrario y Ambiental en Putumayo. “Eso sería volver al pasado. En las condiciones que esto está, la gente voluntariamente está saliendo de los cultivos, solamente necesita un pequeño apoyo para que digan: ‘listo, retiro mis matas, pero voy a sembrar esto’”.
El oxímoron de Paloma: forzosa, pero generosa
Paloma Valencia, del Centro Democrático, rima las palabras “forzosa” y “generosa” a la hora de hablar de la sustitución. Su estrategia consiste en obligar al campesino a dejar de cultivar coca, pero dándole a cambio apoyo para desarrollar proyectos productivos. Por otro lado, reactivará la fumigación aérea, pero sustituyendo el glifosato por otros químicos y únicamente en zonas con “cultivos industriales” o de grandes extensiones.
“Haremos que la legalidad sea más rentable que el crimen. El campesino deberá acabar los cultivos ilícitos y lo apoyaremos con cultivos lícitos; además, será socio de empresas que los transformen”, dice en su programa de gobierno.
Para las expertos la expresión “forzosa pero generosa” corresponde a lo que ya se viene implementado (aunque a baja escala en el gobierno Petro) o es una forma más llamativa de referirse a la erradicación tradicional. “Ella quiere hacer sentir que va a erradicar, para plantear una diferencia con Petro”, dice Ana Rueda, de la FIP.
María Alejandra Vélez, del Cesed, recomienda que primero se lleven los bienes públicos e inversión social antes de intentar sustituir, ya sea de manera forzosa o voluntaria: “Lo forzoso-generoso va a caer en el mismo problema y es la lógica de erradicar primero, en lugar de invertir a nivel regional dando respuesta a las necesidades estructurales”.
Sin embargo, destaca que Valencia haga una diferenciación entre los campesinos y los narcotraficantes: “es interesante que ya no esté hablando de glifosato. En la narrativa de los candidatos ya hay una diferencia entre el campesino cultivador frente a otros actores de la cadena. Eso es un avance”.
José Ricardo Castro, zootecnista y experto en Desarrollo Rural, también cree que la fumigación masiva sería catastrófica, pero considera que sí es necesario más “fuerza”. Propone que haya extinción de dominio para las personas que tienen predios con cultivos ilícitos.
A nivel general, las expertas piden a los candidatos que en caso de llegar a la Casa de Nariño, mantengan los programas y compromisos que ya se firmaron con las comunidades, evitar anuncios que generen expectativa e incentiven a sembrar más coca, y atacar el problema de raíz, pensando en soluciones estructurales para las regiones, más que en el conteo de hectáreas.