Ni “Chiquito Malo” ni “Araña”: Petro cerró la puerta a los extraditables en primeras zonas de paz

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El Gobierno de Gustavo Petro confirmó que los integrantes de grupos armados con órdenes de extradición vigentes no podrán ingresar, por ahora, a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas dentro de la estrategia de “paz total”. La decisión deja por fuera a varios cabecillas señalados por Estados Unidos de narcotráfico y otros delitos, entre ellos alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo.

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En el listado también aparecen Giovanni Rojas, alias “Araña”, jefe de Comandos de Frontera; Andrés Allende, de la disidencia de Walter Mendoza; alias “John Mechas”, del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF); Oliverio Pai, conocido como “Chuky”, de Comuneros del Sur; y Jorge Wilfredo Rosero Marín, alias “Fercho”, integrante de esa misma estructura armada.

La medida fue tomada luego de una reunión entre el presidente Petro, el comisionado de paz Otty Patiño y los jefes negociadores de los distintos procesos con grupos armados ilegales. Según el Gobierno, las primeras cinco ZUT funcionarán entre junio y diciembre de 2026 en zonas de Norte de Santander, Nariño, Córdoba y Putumayo, donde se concentrarán integrantes del Clan del Golfo, Comuneros del Sur y disidencias de las FARC que mantienen diálogos con el Ejecutivo.

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Uno de los casos más visibles es el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quien asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura y extradición de alias “Otoniel” en 2022. Estados Unidos lo pidió en extradición desde 2018 por cargos relacionados con narcotráfico, y en enero de este año la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega. Sin embargo, la decisión final sigue en manos del presidente Petro.

La exclusión de los extraditables se conoce en medio de diferencias entre la Oficina del Comisionado de Paz y la Fiscalía General. La fiscal Luz Adriana Camargo se negó recientemente a suspender órdenes de captura contra varios integrantes del Clan del Golfo, argumentando que todavía no existen suficientes garantías jurídicas ni claridad sobre el alcance de los acuerdos que busca el Gobierno con esas estructuras armadas.


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