Por : Alexander Africano
El Putumayo merece respeto. Y respetar al Putumayo empieza por hablarle con claridad, no con frases tranquilizadoras que terminan chocando contra los documentos.
En los últimos días, desde la Dirección Territorial del INVÍAS en Putumayo en cabeza del ingeniero José Ricardo Burbano se ha querido enviar un parte de tranquilidad sobre la Variante San Francisco–Mocoa. Se ha dicho que la obra no está suspendida, que los recursos están garantizados, que los retrasos obedecen a trámites normales de inicio de vigencia y que no hay razón para generar pánico, esta afirmación la hizo el director en el medio noticioso de Maguaré el pasado 13 de mayo de 2026.
Hasta ahí, bien. Nadie quiere sembrar alarma. Nadie responsable desea que una obra estratégica para el departamento se convierta en combustible para la desinformación. Pero una cosa es evitar el pánico y otra muy distinta es minimizar alertas serias que ya reposan en documentos oficiales.
Los documentos conocidos y publicados en nuestro portal muestran otra cara del asunto. El Consorcio San Francisco no envió una simple carta de cortesía. En el Registro 125305 notificó al INVÍAS una posible suspensión de actividades por insuficiencia de recursos operativos a partir del 15 de mayo de 2026. Eso no es un rumor de redes sociales. Eso es una comunicación formal.
Entonces la pregunta no es si la obra ya está parada. La pregunta correcta es: ¿por qué una obra de esta magnitud llegó al punto de advertir una posible suspensión por falta de flujo de caja?
𝗔𝗵𝗶́ 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲.
El director territorial sostiene en la entrevista que ningún contratista ha manifestado que se vayan a suspender las obras. Pero el documento dice otra cosa: habla expresamente de una suspensión prevista si no se dispone de los recursos requeridos. Puede que la obra no se haya detenido todavía, pero sí existe una advertencia formal, escrita y radicada. Y eso obliga a responder con precisión, no con generalidades.
También se ha dicho que no hay deuda vigente de 2025. Sin embargo, el propio balance del contratista registra una mora correspondiente a la vigencia 2025, asociada al Acta 49 por más de 26 millones de pesos. Alguien podrá decir que es un valor menor frente al tamaño del contrato, pero en temas públicos la verdad no se mide solo por el monto. Se mide por la exactitud.
Más grave aún: otro documento advierte riesgo de pérdida de cobertura de la póliza de cumplimiento del contrato 1111 de 2021. Eso ya no es un simple retraso administrativo. Estamos hablando de una posible afectación a las garantías contractuales de una obra pública estratégica, con implicaciones jurídicas, financieras y operativas.
El Consorcio habla de una mora acumulada superior a los 2.100 millones de pesos con la aseguradora, de cuentas por pagar cercanas a los 28.000 millones y de afectaciones a proveedores de acero, cemento, combustibles, materiales para estabilización de taludes, sistemas de encofrado y mano de obra. Eso no suena a un trámite normal. Eso suena a una cadena de riesgo.
Y cuando una cadena de riesgo se rompe, no se afecta solamente el contratista. Se afecta el empleo, la economía local, los proveedores, las familias de San Francisco, la confianza ciudadana y la estabilidad de un proyecto que Putumayo lleva esperando durante años.
Por eso esta discusión no puede reducirse a decir que “todo está garantizado”. Si todo está garantizado, que se publiquen los soportes. Si el PAC está por llegar, que se informe la fecha exacta. Si las actas están en trámite, que se diga cuáles, por qué valores y en qué etapa están. Si la póliza no está en riesgo, que se demuestre documentalmente. Y si el contratista exageró, que el INVÍAS lo controvierta con documentos, no con discursos.
La ciudadanía no necesita videos bonitos de maquinaria trabajando. Necesita información pública, técnica, verificable y oportuna.
Aquí no se trata de atacar al INVÍAS ni de defender al contratista. Se trata de defender el interés del Putumayo. La Variante San Francisco–Mocoa no puede seguir moviéndose entre comunicados, demoras, trámites internos y explicaciones tardías. Esta obra necesita una mesa pública de seguimiento, con INVÍAS nacional, territorial Putumayo, interventoría, contratista, Gobernación, alcaldías, incluso la voz de las veedurías y de la misma comunidad.
𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮. 𝗦𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮.
Si la obra está bien, que lo prueben.
Si los pagos están en camino, que lo certifiquen.
Si no hay riesgo contractual, que lo documenten.
Y si sí existe una alerta financiera, que no la maquillen.
Putumayo no puede seguir siendo tratado como territorio de espera. Una obra estratégica no se sostiene con partes de tranquilidad; se sostiene con pagos oportunos, garantías vigentes, interventoría seria, cronogramas públicos y responsabilidad institucional.
𝗟𝗮 𝗩𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼–𝗠𝗼𝗰𝗼𝗮 𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀. 𝗡𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀.