Por : Jorge L. Fuerbringer B.
Lo que estamos viviendo hoy en el Putumayo no es una situación aislada ni coyuntural. Es una crisis estructural que ha dejado en evidencia algo mucho más grave: la falta de gobernabilidad y de gobernanza del departamento. Y a eso se suma algo que no se puede seguir ignorando: la ausencia de un acompañamiento real del Gobierno Nacional para enfrentar esta situación.
Porque aquí hay que decirlo como es.
Putumayo, aunque es un departamento con una población relativamente pequeña, también hace parte de este país, también aporta, también produce y también sostiene dinámicas económicas que hoy están siendo completamente desatendidas. No se puede seguir actuando como si lo que pasa en la periferia no tuviera impacto en el conjunto de la Nación.
Según reportes difundidos por Radio Nacional de Colombia, las pérdidas derivadas del cierre fronterizo superan los $170.000 millones de pesos. Eso no es un dato menor. Eso es el reflejo de una economía prácticamente paralizada.
Y frente a eso, lo que hay es una respuesta fragmentada.
Por un lado, una administración departamental que intenta contener la crisis con medidas que no alcanzan. Y por el otro, un Gobierno Nacional que no aparece con la fuerza ni con la urgencia que la situación exige.
Pero aquí hay un punto de fondo que no se puede pasar por alto.
Este tipo de escenarios no deberían tomarnos por sorpresa.
La gestión pública seria no se limita a reaccionar cuando el problema ya estalló. Se trata de prever, de anticipar riesgos y de estructurar planes de contingencia que permitan sostener la economía en momentos de choque. Cuando un departamento depende en gran medida de su dinámica fronteriza, es apenas lógico que existan rutas alternativas, mecanismos de mitigación y estrategias económicas sostenibles y sustentables previamente diseñadas.
Y eso hoy no se ve.
Lo que estamos viendo es que, ante el cierre de la frontera, no había una estructura preparada para responder con rapidez ni con contundencia. No había un plan económico alternativo listo para activarse. No había herramientas claras para proteger al comerciante ni para amortiguar el impacto inmediato.
Eso no es solo un problema de coyuntura.
Es un problema de planeación.
Porque gobernar también es prepararse para lo que puede salir mal. Y cuando eso no ocurre, las consecuencias las termina pagando la gente.
Aquí no se trata de discursos ni de anuncios.
Se trata de entender que cuando un territorio como Putumayo entra en crisis, el Estado no puede ser un espectador. Tiene la obligación de intervenir, de acompañar y de garantizar condiciones mínimas para que la economía no colapse.
Porque lo que hoy se está viendo no es solo una caída económica. Es el inicio de un deterioro social que puede escalar rápidamente si no se toman decisiones de fondo.
Putumayo no está pidiendo favores.
Está exigiendo lo que le corresponde como parte del país.
Y mientras no haya una respuesta seria, articulada y con verdadero liderazgo, esta crisis va a seguir profundizándose.
Recordemos que para apoyar los medianos y grandes empresarios del departamento se necesita fortalecer los pequeños comerciantes los emprendedores los vendedores informales y los vendedores formales porque ellos ayudan a minimizar la economía del departamento.