Por : Mauricio Fajardo – Pixel Estudio
La actualización catastral en Colombia, impulsada como parte de la política de ordenamiento territorial y modernización del Estado, se ha convertido en el centro de una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y las administraciones municipales, debido a su impacto directo en el cobro del impuesto predial.
¿Qué es la actualización catastral y por qué se está haciendo?
La actualización catastral forma parte de la política de catastro multipropósito, impulsada desde el Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo.
Objetivos principales:
Actualizar el valor de los predios (avalúo catastral).
Reducir el rezago histórico (más del 90% del territorio estaba desactualizado).
Mejorar la planificación territorial.
Fortalecer el recaudo de los municipios.
En términos simples: el Estado busca que el valor de las tierras se acerque a su valor real de mercado.
¿Cómo se relaciona con el impuesto predial?
El impuesto predial se calcula así:
Base: avalúo catastral
Tarifa: definida por cada municipio
Si sube el avalúo, sube la base del impuesto, y en muchos casos también el valor a pagar.
Sin embargo:
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) fija avalúos.
Los concejos municipales definen tarifas y alivios.
El IGAC insiste en que:
el avalúo “no implica automáticamente un aumento del predial”
¿Qué pasó en 2025–2026? El detonante de la crisis
El conflicto actual surge por una medida específica:
Resolución 2057 de 2025 del IGAC
Ajustó avalúos en más de 520 municipios
En algunos casos, aumentos extremos (hasta 300%–500% o más)
Esto generó:
Incrementos bruscos en el impuesto predial
Protestas campesinas en varias regiones
Bloqueos y paro nacional rural
La polémica: Gobierno vs municipios
Posición del Gobierno nacional (presidente Gustavo Petro)
Defiende la actualización catastral:
Busca que “los ricos paguen más impuestos”
Afirma que:
El problema no es el avalúo, sino las decisiones locales
Señala a alcaldes y gobernadores de:
No aplicar alivios
No ajustar tarifas para proteger a campesinos
Incluso ha advertido:
Posibles sanciones a mandatarios locales si no actúan
Posición de municipios y autoridades locales
Alegan que:
El aumento fue impuesto desde el nivel nacional
No hubo tiempo para prepararse (resolución salió a final de 2025)
Dicen que:
El alza del predial es consecuencia directa del nuevo avalúo
Reclaman:
Falta de coordinación
Responsabilidad compartida del Gobierno nacional
La reacción social
Los más afectados han sido:
Campesinos
Propietarios rurales
Pequeños productores
Principales reclamos:
Aumentos desproporcionados del impuesto
Avalúos que no reflejan capacidad de pago
Riesgo de perder sus tierras
Ejemplo extremo:
Predios que pasaron de 200 a 2.200 millones en avalúo
El fondo del conflicto (clave para entenderlo)
Este problema tiene tres tensiones estructurales:
1. Técnica vs realidad social
El avalúo se acerca al mercado
Pero no considera ingresos del propietario
2. Nación vs autonomía territorial
Nación fija avalúos (IGAC)
Municipios fijan impuestos
Resultado: responsabilidades cruzadas
3. Reforma agraria vs presión fiscal
El catastro busca redistribuir y formalizar la tierra
Pero en el corto plazo puede aumentar la carga tributaria
¿Qué soluciones se están discutiendo?
Revisión de avalúos (caso Santander)
Congelamiento o reducción del predial
Subsidios o alivios tributarios
Mesas de diálogo entre Gobierno y comunidades
Conclusión clara
La polémica no es solo por impuestos:
Es un choque entre:
Una política estructural de ordenamiento territorial
Y su impacto inmediato en poblaciones vulnerables
Y también un conflicto político:
El Gobierno dice: “los municipios cobran mal”
Los municipios dicen: “la Nación subió el problema”