El ataque contra un campamento de los Comandos de Frontera en territorio ecuatoriano marca un giro en la seguridad regional. La cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos abre nuevos escenarios para Colombia.
La operación conjunta con Estados Unidos
Hace un par de semanas, Quito anunció la destrucción de un campamento de los Comandos de Frontera en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. Este grupo, que hoy hace parte de la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano, una de las facciones de las disidencias de las extintas FARC, se ha convertido en los últimos cuatro años en una organización transnacional con vocación amazónica.
Su presencia se extiende por buena parte de la cuenca del Putumayo y afecta la seguridad de Colombia, Ecuador y Perú.
La acción del gobierno del presidente Daniel Noboa podría interpretarse como una retaliación al ataque de mayo de 2025, en el que once militares ecuatorianos murieron durante una operación contra la minería ilegal.
Sin embargo, al tratarse de una acción realizada con apoyo de los Estados Unidos, el episodio también marca un punto de inflexión: el uso directo de la fuerza por parte de Washington contra organizaciones del crimen organizado en territorio continental de la región andina.
Este hecho plantea interrogantes para Colombia tanto en el plano de la seguridad como en el de la política exterior. El país se aproxima a una elección presidencial en la que los candidatos punteros representan posiciones muy distintas sobre las relaciones con Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y el uso de la fuerza.
A esto se suma que las relaciones con Ecuador atraviesan su peor momento desde la crisis del bombardeo contra Raúl Reyes en 2008, mientras persisten tensiones comerciales que incluso han llevado a hablar de una posible guerra arancelaria.
Este artículo examina dos hechos y dos escenarios que la renovada inestabilidad regional plantea para Colombia.
Un conflicto cada vez más regional
La expansión de los Comandos de Frontera hacia Ecuador y Perú, así como sus formas de operación —con salarios, vacaciones y un funcionamiento casi corporativo alrededor del oro, la extorsión y la cocaína— muestran algo que Colombia ha tardado en reconocer en su estrategia de seguridad.
El anclaje de los grupos armados y del crimen organizado hace parte de una economía transnacional que trasciende las disputas territoriales. Este sistema está integrado por nodos logísticos, intermediarios y redes que conectan las economías ilícitas con mercados globales.
Un ejemplo es lo que ocurre en el Putumayo. Mientras el gobierno intenta acelerar procesos de sustitución voluntaria de cultivos y transición hacia economías lícitas, los Comandos de Frontera fortalecen su aparato armado apoyados en los precios internacionales del oro.
Por eso, muchas personas cercanas al proceso de Paz Total con la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano en la frontera con Ecuador —incluidos los propios Comandos de Frontera y organizaciones como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico— observan con preocupación el poco tiempo que queda a este gobierno. También perciben una limitada capacidad tanto militar como de negociación para contener la expansión de este grupo.
En otras palabras: si el interés central de cualquier organización armada es la supervivencia, ¿por qué un grupo que está entrando en una guerra en Ecuador habría de dejar las armas en Colombia?
¿Son realmente más atractivos los incentivos económicos de la paz que los de la criminalidad en la Amazonía?
Por ahora esa incertidumbre también alcanza a los niveles más altos de decisión del Estado colombiano. Todavía no está claro si el jefe de los Comandos de Frontera, alias “Araña”, actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos, terminará concentrándose con sus hombres en las zonas de ubicación temporal previstas dentro de la Paz Total.
Extraditarlo podría poner en riesgo una eventual desmovilización colectiva del grupo y aumentar la probabilidad de nuevas disidencias o sabotajes contra el proceso de paz. Pero no hacerlo enviaría una señal ambigua a Washington sobre el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Las dimensiones regionales que ha adquirido la lucha contra el crimen organizado están acompañadas de un proceso de contracción territorial del Estado que afecta la soberanía y la integridad de Colombia.
En casi todas las fronteras terrestres del país —con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador— amplias zonas están hoy bajo el control de actores armados que operan al margen de la ley.
Ante una amenaza que evoluciona con rapidez, resulta paradójico que aún no exista una estrategia regional coherente, en gran parte debido a la persistente desconfianza entre los países.
¿Un nuevo “Plan Ecuador”?
En Ecuador es común atribuir la crisis de seguridad que comenzó en 2021 a la influencia colombiana. Algunos hablan incluso de la “colombianización” de Ecuador.
El propio presidente Noboa justificó los aranceles impuestos a productos colombianos a comienzos de año señalando la falta de acción de Colombia frente al narcotráfico en la frontera.
Existe, por supuesto, una corresponsabilidad de Colombia en la difícil situación de la zona binacional. Ecuador ha sufrido durante décadas los efectos del conflicto armado colombiano: desplazamientos masivos, expansión de cultivos de coca y episodios trágicos como el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte de alias “Guacho”.
Sin embargo, también resulta paradójico que un país que no logra controlar sus cárceles atribuya a su vecino la responsabilidad principal de una crisis de seguridad que lleva casi cinco años.
Hoy Ecuador es, por mucho, el país más violento de América Latina, con tasas de homicidio que duplican las de Colombia o México.
Las masacres carcelarias han dejado más de 500 muertos en los últimos años. Pandillas que antes parecían grupos juveniles —como los Lobos, los Tiguerones o las Águilas— evolucionaron rápidamente hacia organizaciones capaces de usar carros bomba o tomar por asalto canales de televisión.
Ecuador se ha convertido además en una ruta central del narcotráfico global, por donde circula cerca del 70 % de la cocaína que llega a los mercados del norte.
Frente a esta situación, el presidente Noboa ha optado por una estrategia que recuerda —aunque con diferencias— la experiencia colombiana de militarización de la seguridad.
Desde 2024 Ecuador declaró un conflicto armado interno contra el crimen organizado. Esta decisión ha venido acompañada de denuncias de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de organizaciones internacionales.
Al mismo tiempo, el país ha intensificado su cooperación con Estados Unidos. La apertura de una oficina permanente del FBI en Quito, la entrega de helicópteros Bell 505 y programas de entrenamiento para pilotos ecuatorianos hacen parte del plan de seguridad denominado Plan Fénix.
En este contexto, el uso de “fuerza cinética” contra grupos criminales sugiere un acuerdo de cooperación que recuerda, en cierta medida, al modelo de asistencia militar del Plan Colombia.
Implicaciones para Colombia
Para Bogotá, el bombardeo tiene lecturas ambiguas.
Por un lado, la intervención coordinada entre Ecuador y Estados Unidos refleja un nuevo momento en la vigencia de la Doctrina Monroe, adaptada a los desafíos contemporáneos de seguridad.
Las herramientas empleadas combinan sanciones financieras, cooperación militar y presión diplomática, en una lógica que recuerda tanto la Diplomacia del Dólar de comienzos del siglo XX como las estrategias de la Guerra contra el Terror.
En el corto plazo, la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos podría incluso aliviar la presión sobre el sur de Colombia, al golpear bases logísticas de grupos que utilizan la frontera como santuario.
Sin embargo, a mediano plazo estas operaciones también podrían generar efectos de desplazamiento del conflicto, trasladando la actividad criminal hacia departamentos como Caquetá o Nariño, o incluso hacia la Amazonía peruana.
El mensaje regional es claro: Estados Unidos está dispuesto a emplear fuerza militar cuando considere que sus intereses están en riesgo.
Para Colombia esto implica que la cooperación militar seguirá siendo la vía preferida de Washington, lo que inevitablemente condiciona el margen de autonomía de Bogotá en su política de seguridad.
Ante este escenario, la reacción colombiana puede oscilar entre la adhesión pragmática y la resistencia soberanista.