Por : Carlos E. Corredor
En Colombia, aspirar a una curul en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República es, desde el punto de vista legal, un trámite sorprendentemente sencillo. Basta cumplir con una edad mínima establecida 30 años para senado y 25 para cámara de representantes, ostentar la nacionalidad colombiana, tener aval o aceptación de partido político, no estar inhabilitado y no tener condenas penales vigentes. Nada más. No se exige formación académica, experiencia legislativa, conocimiento constitucional ni dominio mínimo de los procedimientos parlamentarios. Este vacío normativo ha permitido que muchos aspirantes lleguen al Congreso más por azar político, popularidad momentánea o estructuras clientelares que por verdadera preparación para el ejercicio del poder legislativo.
El problema no es menor. El Congreso de la República es el órgano encargado de crear, modificar y derogar las leyes que rigen la vida de más de cincuenta millones de colombianos. Allí se define el rumbo económico, social, ambiental y político del país. Sin embargo, no son pocos los congresistas que, una vez elegidos, descubren —ya sentados en su curul— que desconocen cómo se presenta un proyecto de ley, cuál es la diferencia entre una proposición y una ponencia, o cómo funciona el reglamento interno de la corporación a la que ahora pertenecen.
Un candidato serio al Congreso debería comprender, antes de solicitar el voto ciudadano, que su función principal no es gestionar favores ni “bajar recursos”, sino legislar y ejercer control político. Esto implica conocer la Constitución Política, en especial los artículos que definen la estructura del Estado, la separación de poderes y las competencias del Congreso. También debería dominar la Ley 5ª de 1992, verdadero manual de funcionamiento del Congreso, que regula debates, comisiones, votaciones, mociones y procedimientos legislativos.
Preparar y presentar un proyecto de ley no es un acto improvisado. Requiere técnica jurídica, claridad conceptual, coherencia normativa y, sobre todo, comprensión del impacto social y fiscal de la iniciativa. Un congresista responsable debe saber identificar un problema público, analizarlo con rigor, consultar expertos, escuchar a las comunidades afectadas y traducir todo ello en una propuesta legislativa viable. De lo contrario, el Congreso se llena de proyectos repetitivos, inconstitucionales o simbólicos, destinados al archivo, pero útiles para alimentar discursos de campaña.
Otro aspecto esencial que muchos aspirantes ignoran es el control político. Interpelar a ministros, citar funcionarios, analizar políticas públicas y exigir rendición de cuentas no es un espectáculo mediático, sino una función sustancial del sistema democrático. Para ejercerla con eficacia se necesita preparación técnica, estudio previo y capacidad argumentativa. Sin estos elementos, el control político degenera en confrontaciones vacías, frases efectistas o silencios cómplices.
También es indispensable que un candidato comprenda el alcance ético de su investidura. Ser congresista no es un privilegio personal ni un escalón para negocios privados; es una responsabilidad pública. Conocer el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés no debería ser una obligación impuesta por la ley, sino un compromiso moral con los electores. La ignorancia en este campo ha costado al país innumerables escándalos, sanciones y pérdidas de legitimidad institucional.
Resulta paradójico que para ejercer oficios de menor impacto social se exijan títulos, certificaciones y experiencia, mientras que, para legislar sobre la salud, la educación, la justicia o los impuestos no se requiera ninguna preparación previa. Esta realidad invita a una reflexión profunda: ¿no debería la democracia exigir algo más que popularidad o maquinaria electoral? ¿No merecen los ciudadanos representantes que sepan, al menos, qué hacer con el poder que se les otorga?
No se trata de restringir la participación política ni de imponer barreras elitistas, sino de promover una cultura de responsabilidad pública. Los partidos políticos deberían asumir un papel más serio en la formación de sus candidatos, y la sociedad civil tendría que exigir programas claros, conocimiento básico del Estado y coherencia entre discurso y capacidad real.
Elegir a alguien “de chiripa” puede parecer un triunfo momentáneo, pero termina siendo una derrota colectiva. Un Congreso mal preparado legisla mal, controla poco y le falla al país. Por eso, antes de postular un nombre en un tarjetón, y antes de marcar una casilla en las urnas, vale la pena hacerse una pregunta sencilla pero decisiva: ¿sabe esta persona qué va a hacer con el poder que le estamos entregando?
Si deseas, en un siguiente paso puedo:
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- Adaptarlo para columna de opinión, editorial o ponencia pública
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DE ACUERDO, DESEO UN TONO MAS CRITICO ADAPTADO A UNA COLUMNA DE OPINION. GRACIAS
Perfecto. A continuación te presento el texto reelaborado con un tono más crítico, directo y reflexivo, adaptado a una columna de opinión, manteniendo rigor y fuerza argumentativa:
EL CONGRESO NO ES UNA RIFA: LA IMPROVISACIÓN COMO NORMA POLÍTICA
En Colombia, llegar al Congreso de la República no exige preparación, conocimiento ni vocación legislativa. Basta con cumplir una edad mínima, haber nacido colombiano y no tener condenas judiciales. Con ese precario umbral de requisitos, se decide nada menos que el futuro normativo del país. El resultado está a la vista: un Congreso donde abundan la improvisación, el desconocimiento y, en no pocos casos, la absoluta ignorancia de las funciones que se juró cumplir.
Cada periodo electoral se repite el mismo espectáculo. Aspirantes que confunden el Congreso con una oficina de auxilios, que creen que legislar es “bajar recursos” o que piensan que una curul es un micrófono permanente para la indignación sin sustancia. Muchos llegan por arrastre político, por fama pasajera o por estructuras clientelares, y no porque sepan cómo se construye una ley, cómo se ejerce el control político o cómo se defiende el interés general desde el debate parlamentario.
El problema no es anecdótico; es estructural. El Congreso es el órgano encargado de producir las normas que rigen la economía, la justicia, la salud, la educación y los derechos ciudadanos. Sin embargo, una parte significativa de sus miembros desconoce la Constitución más allá de consignas, ignora la Ley Quinta de 1992 —el reglamento interno del Congreso— y aprende sobre la marcha lo que debió saber antes de pedir el voto.
Presentar un proyecto de ley no es redactar un panfleto ni improvisar una buena intención. Exige técnica jurídica, coherencia normativa y comprensión del impacto social y fiscal de cada iniciativa. Cuando estos conocimientos no existen, el Congreso se llena de proyectos mal formulados, repetitivos o abiertamente inconstitucionales, destinados al archivo, pero útiles para engrosar el currículo político de quien los presenta. Se legisla para la foto, no para el país.
Algo similar ocurre con el control político. En teoría, es una de las herramientas más poderosas de la democracia. En la práctica, suele convertirse en un escenario de frases vacías, escándalos momentáneos o silencios cómplices. Sin preparación técnica, sin estudio serio de las políticas públicas, el control político degenera en espectáculo o en farsa. Y mientras tanto, la gestión del Estado sigue sin un contrapeso real.
La falta de conocimiento no solo afecta la calidad de las leyes; erosiona la ética pública. Muchos congresistas descubren tarde —o fingen descubrir— que existen inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Otros los conocen, pero los desprecian. El daño institucional es profundo: pérdida de confianza ciudadana, descrédito del Congreso y normalización del cinismo político.
Lo más paradójico es que la sociedad parece haber aceptado esta realidad como algo inevitable. Para ejercer cualquier oficio se exige formación y experiencia, pero para legislar sobre la vida de millones de personas no se exige nada. La democracia se ha confundido con una tómbola donde cualquiera puede salir elegido, aunque no tenga idea de qué hacer con el poder recibido.
No se trata de imponer filtros elitistas ni de cerrar la participación política. Se trata de asumir que la representación popular implica responsabilidad, conocimiento y preparación mínima. Los partidos políticos han renunciado a formar cuadros serios y se han convertido, en muchos casos, en simples plataformas electorales. Y los votantes, cansados o resignados, terminan premiando el discurso fácil sobre la competencia real.
Elegir congresistas sin preparación no es un acto de rebeldía democrática; es una forma de autoboicot colectivo. Un Congreso improvisado legisla mal, controla poco y le falla al país. Tal vez ha llegado el momento de dejar de preguntar quién gana las elecciones y empezar a preguntar algo más incómodo pero necesario: ¿sabe esta persona para qué sirve el Congreso y está preparada para ejercer ese poder?
Mientras esa pregunta no sea central en la decisión electoral, el Congreso seguirá pareciéndose más a una rifa política que a una institución al servicio de la nación.