Por Carlos Mauro Rosero (Periodista Independiente)
La reciente «𝐃𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐨𝐦𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐨́𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬» es, sin duda, un hito para la protección ambiental global. Esta medida, impulsada y formalizada por el 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 (𝐌𝐀𝐃𝐒), convierte a Colombia en el primer país de la cuenca en «𝐛𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚𝐫» la totalidad de su Amazonía. Sin embargo, (¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚?) la otra cara de la moneda revela una serie de desafíos socioeconómicos en los seis departamentos directamente afectados: 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐚𝐬, 𝐂𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚́, 𝐆𝐮𝐚𝐯𝐢𝐚𝐫𝐞, 𝐆𝐮𝐚𝐢𝐧𝐢́𝐚, 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨 𝐲 𝐕𝐚𝐮𝐩𝐞́𝐬.
𝟏. 𝐄𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐣𝐞𝐫𝐨 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥: Impacto en las Regiones Más Vulnerables
La decisión de restringir nuevas actividades de gran minería e hidrocarburos elimina la principal fuente potencial de financiación para la región, planteando un dilema de desarrollo. (¿𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐦𝐚́𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨?)
𝐏𝐞́𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧: 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 con altos índices de pobreza y escasa infraestructura han dependido históricamente de las regalías para financiar proyectos vitales de educación, salud e infraestructura. Al «𝐛𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚𝐫» la Amazonía, se anulan las futuras fuentes de estos recursos, limitando severamente la capacidad de inversión autónoma de las administraciones locales.
𝐃𝐞𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 (El Efecto Vacio): (¿Cómo afecta a la economía local?) La medida, emanada del 𝐌𝐀𝐃𝐒, podría interpretarse por los inversionistas como una señal de inestabilidad regulatoria o restricción total. Este desincentivo a la exploración y desarrollo formal podría, irónicamente, dejar un vacío que solo las economías ilícitas y la minería ilegal estarían dispuestas a llenar, operando sin control ambiental ni social, y sin dejar beneficios fiscales.
𝐈𝐥. 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐚: El Riesgo del Vacío Laboral
Para las comunidades, la restricción cierra la puerta a una de las pocas fuentes de empleo formal y bien remunerado en estas zonas remotas.
Oportunidades 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬: Los proyectos de gran escala, especialmente en hidrocarburos y minería formal, son a menudo la única vía para que miles de habitantes locales accedan a un empleo formal con beneficios y salarios competitivos. La declaratoria elimina esta posibilidad.
𝐋𝐚 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐕𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬: El Gobierno y el MADS promueven una «𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚». El desafío real es (¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚?) crear y consolidar alternativas económicas (como el ecoturismo, la bioeconomía o la agricultura sostenible) a gran escala y de manera inmediata que logren reemplazar los millonarios ingresos y el tejido laboral de la actividad extractiva. Sin financiamiento e infraestructura adecuados, las comunidades quedan en un vacío económico y laboral.
𝐥𝐥𝐥. 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬.
La restricción a la actividad formal no elimina la demanda global de recursos, sino que la desplaza, intensificando los conflictos ya existentes.
𝐀𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐞𝐥 𝐃𝐚𝐧̃𝐨 𝐄𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨: La presión extractiva se podría desplazar hacia zonas no protegidas o, peor aún, intensificar la minería ilegal. Esta ópera sin las mínimas salvaguardas ambientales, causando mayor daño a los ecosistemas y exacerbando los conflictos con comunidades indígenas y campesinas por el control del territorio.
Conflicto con 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨: Si bien la medida busca proteger los territorios ancestrales, puede generar descontento en sectores campesinos y mestizos que veían en la explotación formal una vía legítima para la superación de la pobreza. Esta tensión social incrementa el debate sobre las prioridades de desarrollo y el uso del suelo en la región.
𝐥𝐕. 𝐄𝐥 𝐀𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐂𝐫𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨: 𝐄𝐥 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚(¿𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 y 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥?) Todo proyecto o medida que afecte la Amazonía y sus comunidades debe pasar por el filtro de la 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚, 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐮𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞. 𝐒𝐮 𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐀𝐃𝐒.
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥: Si el Gobierno se define como la «𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐚», ¿por qué parece ignorar el 𝐀𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚, que es la vida jurídica y social de los pueblos amazónicos?
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐩𝐚𝐬𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 no 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚? La omisión de este proceso no solo vulnera el «𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐭𝐨» de las comunidades (que les permite oponerse a proyectos que causen afectaciones sensibles, como el agotamiento de recursos o la desorganización social), 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚.
La falta de acuerdo significa la suspensión o no ejecución del proyecto.
𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 (𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐉𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨): El derecho a la 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚 se basa en el carácter «𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐲 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚» del Estado (C.P. 𝐀𝐫𝐭𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 1, 7, 8, 9, 330) y es un mandato que la 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 ha ampliado, exigiendo su aplicación ante cualquier medida que afecte derechos colectivos, el territorio, la salud, o la estructura social de los pueblos.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧: 𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧
𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐢́𝐚 es una necesidad inaplazable, pero su éxito real depende de la implementación paralela de una estrategia económica y social justa. 𝐋𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐣𝐚 de esta 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 es que, al 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚 la 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐧 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬, 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐫𝐞𝐳𝐚, 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲, 𝐞𝐧 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫.
𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐡𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 «𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐚» debe medirse no solo en el blindaje de la selva, sino en el respeto a los derechos fundamentales de quienes la habitan.