Por: Carlos Enrique Corredor Saavedra
Esta frase que proviene de una fábula atribuida a ESOPO, bien encuadra al manejo que se da en el nombramiento de algunos intocables y poderosos funcionarios del estado. Yo te nombro, tú me nombras, yo no te investigo, tu no me investigas. Además, es necesario conocer la forma de cómo se designa a los miembros de la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que son elegidos por el sistema de cociente electoral; la instancia más importante del Congreso en cuanto a investigaciones y acusaciones se refiere, pues dentro de sus facultades está la de investigar y acusar al presidente de la República, magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la nación. De hecho, podemos colegir que la comisión de acusaciones de la cámara de representantes no estará conformada por abogados experimentados, sino, por políticos que lograron los votos suficientes para ser miembro de la Comisión de acusaciones. Históricamente la comisión en referencia ha sido cuestionada por su ineficiencia y falta de decisiones contundentes en casos de alta relevancia política. Además, sus decisiones pueden verse influenciadas por intereses partidistas, ya que los representantes que la conforman pertenecen a diferentes bancadas políticas.
Para entender un poco este enmarañado sistema, es necesario conocer cuáles son los mecanismos preceptuados por la Constitución y las Leyes para el nombramiento del fiscal general de la Nación, del Procurador General de la Nación y del Contralor General de la República, tres de los cargos de control más importantes del país.
La elección del Procurador General de la Nación la hace el Senado por terna del presidente de la república, la corte suprema de justicia y el consejo de estado; la designación del fiscal general de la Nación lo hace la Corte Suprema de Justicia, a partir de una terna enviada por el presidente de la República, y al Contralor General de la República lo elige el Congreso de la República en pleno. En otro artículo veremos las instancias que actúan como investigadores disciplinarios y penales en contra de estos poderosos funcionarios. Es bastante particular y hasta risible. De hecho, este sistema plantea serios interrogantes sobre la ética, independencia, transparencia y garantía de justicia.
Desde una perspectiva teórica, el diseño de estos mecanismos busca equilibrar el poder entre las distintas ramas del poder público, evitando la concentración de poder en un solo órgano. Sin embargo, en la práctica, este sistema presenta desafíos y riesgos, donde se puede colegir que en estos mecanismos está entre dicho la falta de independencia real, el Procurador General, por ejemplo, al ser elegido por el Senado puede verse influenciado por intereses políticos y partidistas, lo que compromete su imparcialidad en la vigilancia de los funcionarios públicos.
De otra parte, el fiscal general, al ser elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna del presidente de la república, podría responder a los intereses del Ejecutivo, lo que podría afectar la independencia de la Fiscalía en investigaciones contra el gobierno.
Ambos cargos pueden terminar favoreciendo intereses políticos en lugar de garantizar la justicia. El Senado y el presidente suelen representar partidos o coaliciones, lo que puede derivar en la elección de personas afines a los gobiernos de turno. Un Procurador o un Fiscal que deba su cargo a movimientos políticos puede actuar en favor de quienes facilitaron su nombramiento, debilitando su rol como garantes de la legalidad y la lucha contra la corrupción.
Recomendable y saludable sería que algún valeroso congresista con los cojones bien puestos, presente un proyecto de ley que busque modificar los mecanismos de elección, para que los nombrados o elegidos sean más independientes y transparentes, donde se incluya la participación ciudadana o académica en la selección de los candidatos. Crear mecanismos de control más fuertes para evitar el uso de estos cargos como herramientas de persecución política y garantizar que los seleccionados tengan una trayectoria intachable y que tampoco tengan vínculos con grupos políticos.
En conclusión, aunque en teoría el sistema busca equilibrios de poder, en la práctica no garantiza plenamente la independencia ni la aplicación de justicia sin sesgos políticos. Pero, la pregunta del millón, “¿QUIEN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?”