Corpoamazonía, la Corporación Autónoma con jurisdicción en Putumayo, dejó en firme a finales de la semana pasada la Resolución No. 0631 del 10 de junio de 2025. Esta resolución confirma la orden de suspender nuevas actividades mineras en más de 93 mil hectáreas, argumentando la fragilidad ecológica, la amenaza de daños irreversibles y la defensa de los derechos territoriales de las comunidades.
La suspensión se mantendrá hasta que la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente se pronuncien definitivamente y se acredite, con información técnica y científica, que la incertidumbre sobre los daños graves o irreversibles ha sido superada
La resolución es un compendio de argumentos técnicos y jurídicos que hacen “inviable” la minería en esa región. Se menciona que la actividad minera es una amenaza significativa para la integridad de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas que abastecen el consumo de la población. Además, se trata de un área sensible que alberga una alta biodiversidad que podría verse comprometida.
Argumenta que la configuración geológica es inestable, por lo que la minería puede aumentar el riesgo y agrega otros factores como la compatibilidad con el ordenamiento territorial y efectos negativos a nivel social.