Mocoa, Putumayo – A solicitud del Representante a la Cámara por el Departamento de Putumayo Andrés Cancimance, se ha presentado formalmente un rechazo contundente por parte de la comunidad putumayense a la proyectada instalación de nuevas estaciones de peaje dentro del proyecto vial Santana – Mocoa – Neiva (Ruta 45). La comunicación, dirigida a la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla, se fundamenta en el Contrato de Concesión No. 012 de 2015.
La Concesionaria Ruta al Sur S.A.S. ha iniciado un proceso de socialización sobre el inicio de esta fase del proyecto, que contempla la construcción de dos peajes: uno entre Mocoa y Villagarzón, y otro en el tramo entre San Juan de Villalobos y Mocoa. Sin embargo, esta propuesta ha generado una fuerte oposición por parte de la comunidad de Putumayo, quienes han manifestado su inconformidad de manera formal a través de su representante ante la Cámara.
En respuesta a esta problemática, la comunidad de Putumayo se movilizó y realizó un primer encuentro ciudadano en Mocoa el pasado 21 de abril, convocado por Asinjotas Mocoa. En esta reunión se acordó la necesidad de unificar criterios y conformar una mesa de trabajo para establecer un diálogo directo con el Gobierno Nacional en relación con la instalación de los peajes en el departamento.
La carta enviada a la Ministra de Transporte reconoce la difícil situación histórica de Putumayo, un departamento fronterizo afectado por la guerra y la exclusión institucional, con significativas deudas acumuladas. Se advierte que la imposición de peajes podría profundizar las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en esta región amazónica que busca caminos de paz y justicia social.
El documento subraya el compromiso del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, de transformar las condiciones de vida en los territorios históricamente marginados, como Putumayo. En este sentido, se solicita al Gobierno Nacional revisar de manera integral este componente del contrato de concesión, heredado de administraciones anteriores, que se considera contrario al principio de equidad territorial.
La solicitud formal enfatiza la necesidad de analizar una alternativa que elimine la instalación de los peajes proyectados en Putumayo. Se argumenta que la justicia social y la paz total no serán posibles si se mantienen esquemas de financiación de infraestructura que recaen económicamente sobre las poblaciones más empobrecidas y excluidas del país.