ElHeraldo – Son expertos en echar carreta barata, reciclar estudios trasnochados y muy creativos para inventar convenios de cooperación para tumbarse los recursos de las regalías que le asignan a los municipios más afectados por la violencia, pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional en zonas rurales apartadas del país.
En el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Departamento de Planeación Nacional (DNP) y entidades adscritas al Ministerio de Agricultura es donde más abunda este club de mantenidos del Estado. Son los creadores de la puerta giratoria por donde pasan fácilmente de un cargo público a uno gremial o de cooperación internacional. En algunos casos, terminan en los organismos de control fiscal o disciplinario, tapándole a sus socios los torcidos del pasado.
Son expertos en echar carreta barata, reciclar estudios trasnochados y muy creativos para inventar convenios de cooperación para tumbarse los recursos de las regalías que le asignan a los municipios más afectados por la violencia, pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional en zonas rurales apartadas del país. La Guajira, Chocó, Cauca, Putumayo y Catatumbo son sus departamentos favoritos para inventarse cualquier proyecto de inversión social y productivo para tumbarse una plata.
En cada gobierno crean un programa de inversión social, le ponen un nombre sexy y le asignan un presupuesto importante para después repartírselo con los políticos regionales. Por esos esquemas perversos han pasado los programas de inversión social y económica, como los municipios PDET del gobierno de Juan Manuel Santos, los municipios OCAD PAZ del gobierno de Iván Duque y ahora, los municipios de la Reforma Agraria, emergencias ambientales y conmoción interior, del gobierno de Gustavo Petro. La Contraloría General de la República, como buen notario, puede dar fe o testimonio de los miles y miles de millones de pesos que se han robado descaradamente en esos programas sin que ninguno pez gordo haya sido condenado y sus bienes hayan sido embargados o extinguidos.
En el sector agropecuario se hacen llamar expertos, participan como panelistas en cuanto foro o congreso se inventan los medios de comunicación, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Se reparten y rotan los puestos en las juntas directivas del ICA, Finagro, Banco Agrario, Vecol y Bolsa Mercantil de Colombia, entre otras entidades, donde, además de recibir honorarios por mantener el caos y la ineficiencia productiva en el campo, reciben coimas por influir en decisiones a favor de terceros, contratos y nombramientos. La mayoría de los burócratas tienen un padrino político. En el anterior gobierno, los apadrinó el partido Conservador y se hacían llamar “Técnicos”, pero en realidad eran unos expertos negociantes. En el actual gobierno, se denuncian entre ellos mismos, lo fácil lo vuelven complicado, destruyen lo poco que funciona y están apadrinados por el Pacto Histórico y el partido Verde, del cuestionado gobernador de Boyacá.
Claramente, este club de bibliotecarios del agro son los principales responsables del estancamiento del sector, la ineficiencia productiva y el subdesarrollo rural en el país. Esa debe ser la primera cirugía de liposucción que debe practicarse en el 2026 para eliminar la grasa de la burocracia del sector. Hacen más daño que una sequía, plaga o enfermedad.