Semana– La entidad pidió al Gobierno nacional acciones urgentes para frenar la ola de violencia que tiene en riesgo a la población.
La masacre de 11 personas en el departamento de Putumayo, sumado a otros hechos de violencia, entre organizaciones criminales que, supuestamente, están en un proceso de paz o en camino, motivó un llamado de urgencia de la Defensoría del Pueblo, acompañado de una denuncia por el riesgo que padece la población civil.
La alerta de la entidad advierte hechos violentos ocurridos en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare. La propia defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su profunda preocupación por las graves situaciones de violencia organizada que continúan afectando tanto a las comunidades de esos departamentos como de otras regiones de Colombia.
Es un hecho la consolidación militar de las disidencias de las Farc en departamentos del sur del país. (Imagen de referencia). | Foto: Policía Nacional
“En las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio putumayense de Puerto Guzmán, hubo enfrentamientos entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera, con un saldo preliminar de 11 personas fallecidas, presuntamente integrantes de esas estructuras armadas”, dijo la Defensoría del Pueblo.
Explicó la entidad que en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caquetá, se presentaron dos graves privaciones de la libertad de mujeres, secuestros, entre octubre y noviembre del año en curso. La Defensoría aseguró que una mujer se encuentra en estado de embarazo.
“En Cesar, en la Serranía del Perijá, el pasado 24 de octubre el ELN privó de la libertad a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad; luego de desarmarlos, se los llevó con rumbo desconocido, hoy no se tiene conocimiento de su situación actual”, señaló la defensora Iris Marín.
Aseguran desde la Defensoría que en el mismo departamento de Cesar, pero en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, acusados de robo a ganaderos y campesinos. Implantaron una justicia propia en las regiones.
“En Guaviare, el 2 de diciembre tuvo lugar una masacre de cuatro personas en la vereda Puerto Cumare, donde además una mujer resultó herida. Una de las víctimas sería un psicólogo que prestaba servicios a un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, advirtió la entidad.
Para la defensora del pueblo es urgente que los grupos armados ilegales respeten el derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades.
Enfrentamientos entre disidencias de las Farc habrían dejado un alto número de muertos entre Putumayo y Caquetá. | Foto: Archivo Particular
“Aun en aquellos casos en los que ha habido confrontación entre miembros de los grupos ilegales, el DIH recuerda también el deber de manejo y disposición digna de los cuerpos de las personas fallecidas en conexión con el conflicto armado, a fin de prevenir posibles actos de desaparición forzada”, señaló la defensora Iris Marín Ortiz.
Al mismo tiempo, la defensora del Pueblo le pide al Gobierno nacional garantizar que, en el marco de los procesos o diálogos que se adelanten con las organizaciones criminales, se les exija respetar el Derecho Internacional Humanitario, en las regiones donde tienen injerencia y que, justamente, ahora son víctimas de la violencia.
