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Por : Germán Ortiz Ch.
A dos meses de la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna como gobernador del Putumayo por doble militancia, el Ministerio del Interior finalmente ha tomado cartas en el asunto. El decreto 1427 del 27 de noviembre de 2024 designa a José Alfonso Granados Santos como gobernador encargado, una medida provisional que resuelve la vacante en la administración del departamento, aunque no sin generar incertidumbre sobre el futuro político de la región.
Granados, quien ocupa el cargo de asesor del Ministerio del Interior, se encuentra ahora ante el reto de gestionar un departamento que ha estado en pausa debido a la controversia y la falta de una dirección clara. Su nombramiento como encargado tiene la misión de asegurar la gobernabilidad mientras se resuelve el proceso de selección del nuevo gobernador encargado. Sin embargo, este nombramiento temporal no oculta la tensión política que persiste en la región, marcada por el desencanto de una ciudadanía que, a lo largo de los últimos meses, ha visto cómo el futuro de su gobernación se ve empañado por situaciones legales y políticas complejas.
El camino hacia la designación definitiva del nuevo gobernador del Putumayo se presenta como un proceso largo y cargado de incertidumbres. La terna presentada por la coalición “Fuerza por la Gente”, que incluye a los partidos de la U y Fuerza de la Paz, ahora debe ser verificada por el Gobierno Nacional antes de proceder con la elección de un nuevo encargado que estará al frente del proceso electoral atípico. En este contexto, la pregunta es si el gobierno central actuará con la debida celeridad y transparencia para evitar que esta situación prolongada genere aún más desconfianza en la ciudadanía.
La anulación de la elección de Marroquín por doble militancia no es un caso aislado. A lo largo del país, los procesos electorales y sus consecuencias continúan siendo temas delicados que ponen a prueba la estabilidad institucional. El caso del Putumayo evidencia, una vez más, la importancia de contar con procesos electorales transparentes y mecanismos claros para resolver las controversias que puedan surgir, garantizando que los intereses de la ciudadanía sean los que prevalezcan por encima de los intereses partidistas.
Es imperativo que la clase política del Putumayo y el Gobierno Nacional trabajen de la mano para restablecer la confianza de la población en las instituciones. Esto requiere más que una designación política; exige un compromiso serio con la transparencia, la legalidad y el bienestar colectivo. El proceso que se avecina es crucial para el futuro del departamento y, si se maneja con responsabilidad, puede sentar un precedente importante en la gestión pública de Colombia.