John Elvis Vera Suarez – Consejero Sector Ambiental
La constituyente del 91, representó una apertura política en nuestro país. Y esta de alguna manera entre otras, quedó plasmada en la creación de los Consejos Territoriales de Planeación, en la cual se brinda la oportunidad para que la llamada sociedad civil participe precisamente en la planificación de su territorio.
Mucho se habría podido avanzar en este sentido, pero por igual se ha aceptado de alguna manera sus limitaciones, y las organizaciones sociales con sus más visibles y activos representantes hacen cotidiana intervención en este espacio en el cual no solo se encuentran los diferentes sectores, sino que es la oportunidad para dialogar sobre los más sentidos asuntos de su entorno.
Tenemos la oportunidad de hacer parte del Consejo Territorial que más se destaca por su denodada labor con resultados que en otras regiones del país han reconocido son dignos de ser asimilados y multiplicados por los demás Consejos. Sus contribuciones a través de sus conceptos y seguimientos a las labores gubernamentales, son cada día más una referencia ante la institucionalidad y expresiones políticas y sociales.
Sus críticas persistentemente pensadas como aportes, aunque no siempre sean reconocidas por las Administraciones, han ido ganando audiencia en los diferentes sectores que componen la Sociedad Quindiana. Si bien tenemos aún mucho por recorrer, este es el resultado de un ejercicio continuo, responsable y concienzudo. Es la suma de un trabajo incesante y comprometido. Sin olvidar que en él está presente la diversidad del pensamiento y el accionar social de nuestra región.
Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en nuestra labor más allá de lo que explícitamente indica la ley y siempre en procura de fortalecer la presencia activa de los diferentes sectores en el devenir del Departamento, hemos venido solicitando los recursos, asistencia técnica y logística necesaria para fortalecer la tan requerida Participación Ciudadana.
Ante lo anterior los recursos financieros requeridos deben ser lo suficiente y su diligenciamiento oportuno, para que las tareas asumidas a través de los Planes de Acción que se elaboran cada año, puedan ejecutarse a su cabalidad. Esto como lo hemos expuesto en diferentes ocasiones y espacios es un insumo muy valioso que redunda en la legitimación del accionar del mismo Estado y sus entes territoriales.
No se puede seguir menoscabando desde el gobierno, el derecho a la participación amplia y plena de la sociedad en las determinaciones que se tomen sobre las localidades y regiones. Esto se viene realizando desde la merma del presupuesto requerido como en la tramitología lenta y que solo ha logrado obstaculizar la labor Ad honorem y con qué mucho esfuerzo personal y colectivo, se ha venido realizando.
Por último, no podemos olvidar que nuestra labor tiene razón de ser y se fortalece en la medida que, como actores sociales, seamos dignos representantes de nuestros sectores y obremos en la defensa del bienestar de la población y el territorio. De nuestra Autonomía frente a las políticas y acciones gubernamentales, depende que la responsabilidad asumida vaya en concordancia con los intereses de la ciudadanía y la construcción de una sociedad justa, democrática, diversa y en armonía con la naturaleza.