John Elvis Vera Suarez
Es curioso que hojeando el documento de la ordenanza por la cual se autoriza el nuevo crédito, en él se resalta en primer lugar que “al cierre de 2021 los ingresos diferentes del SGR (supongo que se refiere al Sistema General de Regalías) crecieron como consecuencia del mayor recaudo principalmente de impuesto al consumo de cigarrillos…”, así de pobre es nuestra economía regional.
Por igual se habla que el departamento al cierre de 2021 aún adeudaba $26.740 millones de créditos anteriores. “Quedando con 5 créditos, 4 contratados con la banca comercial y 1 con Infivalle”. Así mismo se menciona que del recaudo estimado para 2022, en junio 30 ya se alcanzaba un 58.69 %. Muy felices al parecer porque el porcentaje recaudado era superior a lo esperado para la fecha.
En él se afirma que “la población con discapacidad…”, mientras conocedores del tema me aseveran que se debe decir “en condición de discapacidad”, “…registrada en el departamento alcanza una cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 84.2 %”, mientras líderes de este sector poblacional niegan esta afirmación. Según los datos que ellos conocen, existen alrededor de 48.000 personas en el Quindío con esta condición, que en algunos es múltiple. De las mismas, solo la mitad están registrados y trabajan en el momento para contar con unas cifras más cercanas de la realidad. Lo anterior nos indica que los datos gubernamentales al parecer están errados. Ahora bien, según los datos nacionales las personas en condición de discapacidad son el 10 % de la población colombiana. Si el Quindío lo habitamos alrededor de 600.000 personas. ¿Cuántas harán parte de este sector poblacional?
Teníamos entendido que habían asignado recursos por $15.612 millones para el Laboratorio de Salud Pública del departamento del Quindío, así lo afirmó el ministro de Salud antes de finalizar el gobierno anterior. En el préstamo que se proponen realizar figura una destinación de otros $6.000.000.000 para el mismo laboratorio. Pareciera que nunca alcanzara la plata. Según la ordenanza en mención, el costo total del proyecto es de $35.612.242.362. La pregunta sigue siendo ¿Por qué no fortalecieron el laboratorio con que ya contaba la Universidad del Quindío?
Llama la atención informarnos que después de 8 años del cierre total por hundimiento de un trayecto de la vía que desde el norte de Armenia conduce al sector de Boquía del municipio de Salento (vía alterna), han pasado con el actual, tres gobiernos departamentales y aún no se le da solución. ¿Será que las obras serán terminadas antes de finalizar el presente gobierno? Lo otro es que, en el mamotreto de ordenanza, se refieren a Boquía como Corregimiento de Salento. Definitivamente están algo despistados sobre la división político-administrativa del departamento. ¿En dónde consiguen información tan errada? Se les puede recomendar que se informen mejor y sean más cuidadosos en lo que afirman.
De seguro que esta lectura seguirá encontrando más datos curiosos. Hasta la próxima…