Por: John Elvis Vera Suarez
Para comenzar, estos deberían de llamarse planes de Vida, como los denominan las comunidades indígenas organizadas en sus respectivos resguardos, que elaboran colectivamente para ordenar y proyectar sus territorios autónomamente, con base en su propia espiritualidad y sus conocimientos ancestrales. Todos los planes que inciden en las poblaciones deberían en primer término celebrar la vida en toda su diversidad y extensión.
Al igual que los pueblos originarios, la elaboración de los planes en mención deberían realizarse de manera colectiva, respetando el contexto de las propuestas y decisiones consensuadas. Los planes que en ejercicios amplios y participativos se logren, deberían convertirse en la guía para que los gobiernos respectivos ejecuten los programas y proyectos requeridos para la búsqueda de territorios con inclusión social en el camino continuo hacia el bienestar de la ciudadanía en general.
Los planes de desarrollo (cuyo significado a muchos no nos convence o no nos gusta por aquello de nuestro planeta finito), fueron creados por la Ley 152 de julio 15 de 1994. Y esta expuso claramente que la participación ciudadana y la sustentabilidad ambiental son asuntos de importancia en la elaboración y aprobación de los mismos. Y estos planes precisamente son violados o por lo menos desconocidos de manera reiterada por los gobiernos que hasta el momento han regido los destinos de los territorios y la propia nación.
Ante lo anterior la pregunta de quiénes se adentran en el asunto, sería ¿Y entonces para que los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), las asambleas y concejos municipales? Y respecto a los planes nacionales de desarrollo ¿Cuál es el papel del Congreso?, ¿Por qué se ha permitido que los sucesivos gobiernos desconozcan tan olímpicamente la ley? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Son legítimos estos planes, cuando se desconocen los conceptos emitidos por las diferentes expresiones o sectores poblacionales?
Y la respuesta puede ser tan compleja como el mismo asunto que hoy trato. En primer lugar, debemos resaltar que la composición o representatividad tanto de los Consejos Territoriales de Planeación, como del Congreso, asambleas y concejos municipales, respectivamente, son la expresión de la ciudadanía que, a través de diferentes mecanismos, ha escogido a quienes la representen en tan importantes espacios. Somos tan buenos, regulares o malos como los votantes o determinadores hayan escogido. Somos la voz viva de las contradicciones, avances o retrocesos en que se encuentran las organizaciones sociales y el querer de las comunidades.
La otra parte importante es que la ley siempre ha sido moldeada para que la misma pueda ser negada sin mayor problema por quien la desconoce o viola flagrantemente. Este periodo presidencial debe servir para que la participación ciudadana tenga toda la importancia que es debida. Que de verdad se escuche y respete la voz de quienes, en el caso de los CTP, laboran ad honorem en defensa de los sectores, poblaciones y la ciudadanía en general.
En otra ocasión trataré de seguir ahondando en este relevante tema tan crucial para nuestra vida colectiva.