*Por Edinso Culma Vargas
El pasado mes de abril la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia dijo en el Congreso que las disidencias de las Farc estaban ordenando votar por el candidato y senador Iván Cepeda en los territorios donde hacen presencia. Esta afirmación cobijaría a Putumayo, departamento donde tienen injerencia los Comandos de la Frontera, Frente Carolina Ramírez y Frente Raúl Reyes, estructuras armadas que tienen alianzas o han hecho parte de las disidencias comandadas por Iván Márquez, Iván Mordisco y Calarcá Córdoba.
Si nos atenemos a los hallazgos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y a las apreciaciones de algunos habitantes de Putumayo muy activos en el proceso electoral que consulté, no habría material suficiente para concluir que al día de hoy los grupos armados ilegales en Putumayo estén presionando a la población civil para que vote a favor de algún candidato presidencial, pese a la grave situación de violencia armada que vive el departamento.
Según la MOE, al 30 de abril de este año, 386 municipios en 31 departamentos registran algún nivel de riesgo electoral por factores de violencia. Putumayo cuenta con 8 de estos municipios; 3 de ellos con riesgo extremo (Leguízamo, Puerto Guzmán y Puerto Asís), 4 con riesgo alto (San Miguel, Valle del Guamuez, Orito y Mocoa); y 1 con riesgo medio (Villagarzón). Aunque estos riesgos no están asociados exclusivamente a la presencia y al accionar de los grupos armados ilegales, los tres municipios putumayenses con riesgo extremo son aquellos donde actualmente las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá Córdoba se están confrontando para imponer su dominio social y militar.
En enero de 2025, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre “el riesgo inminente y extremo” en el que estaban las comunidades rurales indígenas y campesinas de Putumayo, que se encuentran asentadas a lo largo de la cuenca del río Caquetá, en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Guzmán y Leguízamo. Comunidades que durante el segundo semestre del año 2024 habían sido obligadas a confinarse y desplazarse colectivamente en varias ocasiones en medio de incursiones y combates en sus territorios.
Para las comunidades indígenas de Umancia y Guaquirá de Leguízamo esta situación se ha agravado. En la última semana de abril de este año, las organizaciones indígenas ACILAPP y OPIAC les notificaron a varias instituciones colombianas “el riesgo inminente de confinamiento” de estas comunidades debido a la presencia y la confrontación permanente de los frentes Carolina Ramírez y Raúl Reyes en sus territorios.
Los avances de las mesas de negociación de la política de la paz total del actual gobierno con mucha dificultad van a cambiar el panorama arriba presentado. Primero, porque las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco (Frente Carolina Ramírez) se apartaron de las negociaciones de paz total desde abril del 2024 y desde entonces no tienen suscrito ningún compromiso o acuerdo que ayude a salvaguardar o proteger a la población civil y que desescale la violencia armada en el departamento.
Segundo, porque los avances de las actuales mesas de negociación en Putumayo, según la Defensoría del Pueblo, engendran nuevos riesgos para la seguridad y la paz en este territorio: el establecimiento de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio Valle del Guamuez en el presente mes de mayo no contempla de qué manera los combatientes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Comandos de la Frontera) van a garantizar los derechos de las víctimas; de qué manera el Estado colombiano va a garantizar la seguridad de las comunidades aledañas a las ZUT y la seguridad de los combatientes concentrados y en proceso de desmovilización; y, tampoco contempla una ruta clara de consulta previa con los pueblos y las comunidades étnicas titulares de los territorios donde se van a establecer las ZUT.
En este escenario, los riesgos electorales por factores de violencia en Putumayo están ligados a la imposibilidad de participación en las jornadas electorales de la población rural que vive en las zonas de injerencia de las disidencias en los municipios del medio y del bajo Putumayo calificados con riesgo medio, alto y extremo. Es decir, que las comunidades confinadas no puedan trasladarse hasta los puestos de votación y no puedan ejercer de manera tranquila su papel de jurados de votación en las jornadas del próximo 31 de mayo.
O peor aún, que haya traslado de puestos de votación de esas zonas rurales a las cabeceras municipales a donde las comunidades confinadas no tendrían cómo llegar sin afrontar duras sanciones y castigos por parte de los grupos armados con los que están obligadas a convivir. Al parecer esta posibilidad ya se barajó para las comunidades de Umancia y Guaquirá en un consejo de seguridad de la Gobernación de Putumayo que se habría llevado a cabo el pasado 19 de mayo.
En resumen, en las próximas elecciones en Putumayo no hay indicios de que vaya haber “proselitismo armado” de parte de las disidencias de las Farc para favorecer a ningún candidato presidencial. Aunque hay altas probabilidades de que muchas personas vean vulnerado su derecho al voto por encontrarse confinadas y, en ese sentido, su situación pueda o deba ser leída como “constreñimiento al sufragante”.
Ahora bien, si en Putumayo el voto por Iván Cepeda no está presionado por los grupos armados ilegales, ¿a qué se debe que en este departamento se tenga por vencedor a Cepeda desde ya?
En su análisis de los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo, la MOE concluyó que “el comportamiento electoral en la ruralidad colombiana” no obedece al constreñimiento directo de los actores armados, sino a “dinámicas locales, identidades políticas históricas y la resiliencia de las estructuras partidistas tradicionales”.
Liliana Casanova, militante del Pacto Histórico en Mocoa y Puerto Guzmán, está de acuerdo con la anterior afirmación. Ella está convencida de que “si fuera por Putumayo, no habría segunda vuelta” y sostiene que esto no se debe a que existan presiones de los grupos armados ilegales para que la población civil vote por el candidato del Pacto Histórico. De hecho, ella cree que estos grupos no tienen ningún interés claro sobre los próximos resultados electorales, pues sus únicos objetivos son los de mantener y ampliar su dominio territorial para maximizar en el corto plazo sus ganancias producto del narcotráfico.
Así, el esperado triunfo de Iván Cepeda en Putumayo se explicaría por la cultura y la historia política del departamento. Un territorio que se ha consolidado como un bastión de la izquierda, petrista y antiuribista, que por segundo periodo consecutivo ha asegurado una curul del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes y que cuenta con el respaldo de los representantes del Partido Liberal del departamento (Guillermo Rivera y Carlos Ardila), quienes aún tienen un caudal electoral importante, gracias a que el Partido Liberal ha moldeado la política de Putumayo antes de que este territorio fuera reconocido como departamento en 1991.
*Sociólogo putumayense, estudioso de la región amazónica y el conflicto armado colombiano.